BARCELONA. Los impulsores de la ley de emergencia social 24/2015, aprobada por unanimidad en el Parlament de Catalunya hace más de un año e impugnada en materia de desahucios por el Tribunal Constitucional (TC), organizan una manifestación este miércoles frente al Palau de la Generalitat para exigir al Govern que cumpla el artículo contra la pobreza energética y sancione a las empresas suministradoras que no se corresponsabilicen en la garantía del servicio a las personas en situación de riesgo social.

Tras el caso de la muerte de una anciana de Reus (Tarragona) a causa de un incendio provocado por una vela derramada y que llevaba dos meses con el suministro eléctrico cortado por impago, la indignación social se ha disparado y las administraciones, tanto Ayuntamiento de la localidad como Generalitat, han reclamado este martes explicaciones a la compañía suministradora -en este caso, Gas Natural- por no informar de los impagos a los servicios sociales municipales y, si se considera, emprender acciones legales.

“La responsabilidad principal la tiene la compañía suministradora por no cumplir lo que establece la ley: comunicarse con los servicios sociales cuando se produce un impago”, explica María Campuzano, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), una de las entidades sociales impulsoras de la ley 24/2015 y organizadora de la manifestación en Barcelona al diario Público. Tal y como establece el artículo 6 en vigor de la ley, dedicado a combatir la pobreza energética, es la empresa suministradora la que debe informar del impago del servicio eléctrico a las administraciones públicas para evitar los cortes a las personas en situación de riesgo social.

Pero, como alerta Campuzano, “la Generalitat tiene la responsabilidad de garantizar que las leyes que se aprueban en el Parlament se cumplan”. “Las empresas suministradoras siguen sin informar de los cortes de los suministros a las administraciones, como establece la ley. Pero la Generalitat sigue sin denunciar ni sancionar a las compañías que incumplen la ley, aún teniendo constancia porque reciben alertas diarias de los ayuntamientos. Reclamamos a la Generalitat responsabilidad para evitar que se produzcan más cortes de suministros básicos”, argumenta. El Govern, como ha anunciado la mañana del martes el conseller de Empresa y Coneixement, Jordi Baiget, ha propuesto 195 denuncias a empresas energéticas por casos de vulnerabilidad, aunque solo se han hecho efectivas 18 sanciones.

La representante de la APE denuncia que, además de evitar los cortes de suministro eléctrico, la Generalitat debería aplicar la normativa que contempla establecer convenios con las compañías suministradoras que concedan ayudas o descuentos a las familias que no pueden costear el pago o la deuda del servicio eléctrico. “Se han de firmar unos acuerdos para que sean las empresas las que asuman las deudas”, explica Campuzano.

Los servicios sociales que deben verificar los casos de vulneración social, tras el aviso del impago por la compañía suministradora, afirman estar desbordados por el aumento de personas en situación de pobreza en Catalunya tras la crisis económica y la falta de ingresos. Además, como denuncian muchos trabajadores sociales, los listados enviados por las empresas de suministros no solo incluyen a personas físicas, sino a establecimientos como hoteles, restaurantes, negocios, etc; cosa que dificulta la identificación de las personas en riesgo de exclusión residencial. “La Generalitat debería contemplar dotar de más presupuesto a los ayuntamientos para ayudarlos con los listados que reciben de impago”, considera Campuzano.

Un caso de vulnerabilidad social

La anciana fallecida en Reus, como ha informado la concejala de Bienestar Social, Montserrat Vilella, estaba bajo vigilancia de los servicios sociales desde el año 2013 y ya recibía una ayuda para el pago del agua. Sin embargo, Vilella ha reiterado que servicios sociales no tenía constancia de que se le hubiese cortado la luz y que, de ser así, habrían “avisado a la compañía que no cortara” y hubiesen abierto “un protocolo de ayuda”. Además, según la agencia ACN, hacía unos 10 meses que la mujer no pagaba el alquiler de su vivienda, por lo que el arrendatario le había interpuesto una denuncia judicial de desalojo.