La campaña institucional de la Generalitat por el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, irá dirigida específicamente a las violencias sexuales, una lacra que han sufrido, a lo largo de su vida, la mitad de las mujeres residentes en España mayores de 16 años, según la macro encuesta del 2019 realizada por el ministerio del Interior. Es una campaña "directa" y "focalizada en el agresor, que es quien tiene que cambiar si quiere encajar en una sociedad justa e igualitaria", según ha explicado la Vicepresidenta y consellera de Igualtat i Polítiques Inclusives, Mónica Oltra.

Uno de los cuatro supuestos incluidos en la campaña –además del acoso, la agresión y la violación- es la explotación sexual. En este punto, el anuncio de Oltra no se ha limitado a la sensibilización, sino que ha anunciado la creación de un itinerario específico dentro de la Renta Valenciana de Inclusión (RVI) para "mujeres prostituidas, víctimas de explotación sexual o de tráfico de seres humanos".

Esta iniciativa, ya incorporada a la Ley de Acompañamiento en los Presupuestos del 2021 vía una enmienda, supone incrementar la renta en 320 euros hasta equipararla con el Salario Mínimo Interprofesional. El itinerario no se limita a un incremento de la ayuda, sino también una "actuación integral, que vaya desde la información al asesoramiento en materia social, sanitaria, formativa y laboral, hasta la promoción de su autonomía a través de un itinerario con estrategias y redes de apoyo, que les facilite que puedan retomar una vida independiente en la que elles elijan su propio camino", según detalló la misma vicepresidenta.

En el artículo 17.3 de la Ley de Acompañamiento que hace referencia a esta ayuda se especifica que las mujeres que quieran acceder a ella se tienen que "comprometer (...) a salir de la situación de prostitución". La tarea de detección y personalización de los itinerarios iría a cargo de los trabajadores sociales de cada municipio, según fuentes de la consellería.

Medida aplaudida pero insuficiente

Las organizaciones de mujeres preguntadas por Público han dado un claro apoyo la medida. Desde la asociación de apoyo a víctimas de la violencia de género Alanna, Virginia Sanchis, vicepresidenta de la entidad, ha valorado que la medida "incluya la prostitución como violencia sexual" y, en todo caso, pide que se "haga bien, con desarrollo por parte de asociaciones especializadas e itinerarios adaptados a cada situación", como por ejemplo mujeres en situación irregular.

En la misma línea se expresa Maite Gabaldón, del Front Abolicionista del País Valencià, quien no entiende como "hasta ahora no existía un itinerario para mujeres que quisieron abandonar la prostitución" y loa una "medida pionera y un avance importante". "Hace falta una salida sociolaboral y en todos los aspectos por las mujeres prostituidas y unos itinerarios que tenga en cuenta las situaciones complicadas, como las adicciones, familiares, etc.", ha añadido Gabaldón.

Pero tanto ella como Sanchis también coinciden a reclamar que estas medidas se complementen con una legislación integral abolicionista de la prostitución, que incluya la persecución del proxenetismo y de los demandantes de servicios sexuales. "Si solo nos quedamos con la pata asistencial, nos podemos encontrar en que este año conseguimos que mil mujeres dejan la prostitución el próximo año volvemos a tener mil más. Así que hay que ser más valientes y hay que ir más allá".

Andrea Corrales, de la asociación Nómadas, de apoyo a mujeres y personas LGTBI migrantes, tiene un enfoque bastante más crítico. Si bien Corrales aplaude "cualquier medida que mejore la vida de la gente" le preocupa que "no se tenga en cuenta los problemas específicos del 85 o 90% de las trabajadoras sexuales, que son migrantes, y muchas de ellas en situación irregular".

Corrales hace hincapié al hacer comprender como las trabas burocráticas y la desconfianza hacia las instituciones dificulta el acceso real a las medidas, "como la exigencia de una cuenta bancaria o de haber sido rechazado para el Ingreso Mínimo Vital estatal". Si bien la RVI contempla que se pueda solicitar sin tener una situación regularizada, solo con un empadronamiento de 12 meses consecutivos en localidades valencianas, en la práctica, la aplicación informática impide pedirla sin un DNI o un NIE, como hace meses que denuncien entidades como València Acoge.

"Quizás habría que escuchar más los colectivos organizados de trabajadoras sexuales, que hace meses que se manifiestan para poder acceder al Ingreso Mínimo Vital sin que nadie las haga caso". Y explica el caso de una mujer con quien acaba de hablar y que no quiere solicitar ninguna ayuda por miedo a que le quiten los hijos. "Todo está integrado, no se puede hablar de trabajo sexual sin habla de migraciones, y quizás la principal ayuda a estas mujeres, seria derogar la ley de extranjería", concluye.