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Reabren una investigación por tratos degradantes a un interno del CIE de Barcelona aislado por covid

El caso se archivó porque el demandante fue devuelto a Argelia tras denunciar agresiones policiales y condiciones de aislamiento que le llevaron a autolesionarse. La Audiencia de Barcelona ha aceptado su recurso por el "cuidado con que deben investigarse denuncias de torturas o tratos degradantes por partes de agentes de la autoridad".

Imagen de las cámaras que muestran el momento en el que un interno del CIE de Barcelona es reducido y esposado durante su aislamiento por covid, el 31 de octubre de 2020.
Imagen de las cámaras que muestran el momento en el que un interno del CIE de Barcelona es reducido y esposado durante su aislamiento por covid, el 31 de octubre de 2020.

La Audiencia Provincial de Barcelona ha reabierto una causa por un presunto delito contra la integridad moral y tratos degradantes a una persona migrante internada el pasado año en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona.

El caso fue denunciado ante el juzgado de control del CIE por la organización defensora de derechos humanos Irídia en noviembre de 2020, después de que varios internos de este CIE elevaran quejas por las condiciones de su aislamiento por coronavirus.

Una de las quejas acabó en denuncia ante el juzgado de guardia. En ella, uno de los internos relataba que pasó diez días en una habitación sin muebles, "durmiendo y comiendo en el suelo", tratado "como un perro". Durante este periodo, aseguraba, perdió la noción del tiempo y no tuvo contacto con nadie salvo con los policías. Según explicó, en ocasiones tuvo que hacer sus necesidades por la ventana ya que los agentes se negaban a dejarle ir a baño.

Siete policías para inmovilizarle

La situación de su confinamiento le llevó a autolesionarse al menos en cuatro ocasiones. Uno de estos episodios terminó con la intervención de hasta siete agentes de Policía, que entraron en su celda y lo inmovilizaron. Según la denuncia, los policías lo esposaron con las manos en la espalda, le colocaron un casco del equipo de antidisturbios y permaneció así, en el suelo o sobre una colchoneta, durante tres horas, según prueban las grabaciones aportadas en la denuncia. El interno también denunció agresiones policiales y lesiones.

El Juzgado de Instrucción número 21 de Barcelona no encontró pruebas de tales agresiones ni en los informes médicos de su paso por la enfermería ni en las grabaciones aportadas, y aseguró que las lesiones "se las debió infligir el denunciante debido a su propia situación psicológica". El juez decretó el pasado abril el sobreseimiento y archivo de las actuaciones, ya que el denunciante había sido devuelto a Argelia, "estaba en paradero desconocido" y había "versiones contradictorias" sobre los hechos.

El pasado 9 de octubre, la Audiencia Provincial de Barcelona estimó el recurso interpuesto por el interno a través de los abogados de Irídia, que han mantenido el contacto con él tras su deportación y han solicitado además la declaración como testigo del propio interno mediante una comisión rogatoria.

En su auto, la Audiencia justifica la estimación del recurso por "la especial intensidad y cuidado con que deben investigarse las denuncias de torturas o tratos degradantes por partes de agentes de la autoridad"

En declaraciones a Público, el letrado de Irídia Andrés García Berrio aclara que la decisión de la Audiencia Provincial obliga al juzgado a continuar con las diligencias solicitadas. La Audiencia "no entra a valorar el fondo, si hay agresión policial o lesiones, sino que apunta que el delito puede estar constituido simplemente por las condiciones de su aislamiento", recalca García Berrio.

Este letrado recuerda que la impunidad policial en estos casos es muy elevada debido a la frecuente la deportación de los denunciantes y de los testigos, lo que suele conllevar, como en este caso, el sobreseimiento y archivo de actuaciones.

En concreto, alegan que las condiciones de detención y la sujeción mecánica de una persona durante tres horas puede constituir en sí un posible delito contra la integridad moral. Aunque los reglamentos de los CIE no especifican el protocolo para las sujeciones mecánicas de los internos, Berrio alega que en los reglamentos de prisiones sí, y que no pueden superar la media hora.

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