Una ola de plataformas ciudadanas se ha ido levantando en Málaga contra un modelo de desarrollo que califican de "depredador", centrado en el impulso de macroproyectos urbanísticos con forma de rascacielos y en una sobreexplotación turística que ha provocado una gentrificación "a gran escala" en buena parte de la ciudad, tal como reconoce un informe del Observatorio de Medio Ambiente Urbano (OMAU) del propio Ayuntamiento.

Málaga es la sexta ciudad de España en población, con más 570.000 habitantes, la capital de la Costa del Sol, uno de los enclaves turístico más importantes del país, que aspira a ser sede de la Exposición Internacional de 2027, tomando el relevo de la Universal de Sevilla de 1992. Es también la ciudad insignia del PP en Andalucía, donde gobierna de forma continuada desde 1995, primero con Celia Villalobos y ahora con Francisco de la Torre, próximo a cumplir los 80 años de edad, y fue la cuna política del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, que empezó su andadura como concejal del Ayuntamiento malagueño.

En esta ciudad del sur se han juntado ahora un proyecto para construir cuatro rascacielos en un barrio masificado, sin apenas zonas verdes, donde los vecinos reclaman un gran parque, el Bosque Urbano; otro para levantar una torre de al menos 27 plantas que podría llegar a los 150 metros de altura en un dique del puerto próximo al faro, la popular Farola que se perfila en la visión del horizonte de la bahía, y, además, una creciente presión turística que provoca ruidos y expulsión de población de los barrios afectados. Los tres casos han dado lugar a movimientos de protesta ciudadana organizados en diferentes plataformas, que exigen al gobierno municipal otro modelo de desarrollo para su ciudad.

Toda esa situación se produce en un contexto como el que se describe en el informe del OMAU sobre el mercado inmobiliario en Málaga, correspondiente al segundo trimestre de este año, en el cual se advierte que desde 2015 se han ido modificando las características del sector hasta haber creado una "ciudad dual": una, en la que con esfuerzos se puede acceder a la compra o alquiler de una vivienda, y otra, que "no está destinada para los residentes de Málaga, sino para inversores extranjeros o, simplemente, compradores de otras zonas de España o Europa que consideran una buena inversión la compra de un inmueble en la capital de la Costa del Sol".

El Observatorio municipal advierte en su informe de que, fruto de esa evolución del mercado, el continuo aumento de precios de la vivienda, tanto en compra como en alquiler, está provocando "una situación de gentrificación a gran escala", un proceso de "sustitución de la población original residente –que se desplaza al área metropolitana- por otra nueva con mayores recursos".

La lucha del BUM por un pulmón verde

Una de las batallas se libra en la zona oeste de la ciudad, sobre la superficie de 177.000 metros cuadrados que ocupaban antiguamente los depósitos de hidrocarburos de Repsol. El Ayuntamiento ha decidido sacarlos a subasta para que empresas privadas construyan cuatro torres de hasta 30 pisos, 400 viviendas, un gran centro comercial y un parking, por lo que prevé obtener en total al menos 53 millones de euros. Y a eso se opone tajantemente una plataforma ciudadana integrada por unas 40 organizaciones vecinales, profesionales y sindicales, que exige que esos terrenos se dediquen íntegramente a zona verde, a hacer lo que ellos han llamado el Bosque Urbano de Málaga (BUM) junto a algunos de los barrios con mayor densidad de población del país y dentro de una ciudad que aún carece de un pulmón como el que existen en otras capitales españolas, el Parque del Alamillo en Sevilla o la Casa de Campo en Madrid, por ejemplo.

Cuando BUM echó a andar hace siete años, en poco más de dos semanas consiguió 20.000 firmas de apoyo, recuerda su portavoz, Pedro F. Sánchez. Lo que hizo esta plataforma ciudadana fue tomar el testigo de las viejas reivindicaciones del vecindario de los barrios limítrofes con los depósitos de Repsol –Cruz de Humilladero, Carretera de Cádiz-, que exigían aliviar su castigado ecosistema urbano: hasta más de 480 habitantes por hectárea y menos de diez metros cuadrados de zona verde por persona. En el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1983, se llegó a pintar de uso verde toda esa parcela, pero desde entonces, según BUM, el Ayuntamiento ha ido reduciendo la previsión de esa superficie hasta dejarla en casi la tercera parte del total.

Y eso ha sido así pese a que Málaga arrastra un gran déficit de zonas verdes. Según un estudio de una empresa comparadora de alquileres vacaciones basado en datos de Open Street Maps, la capital de la Costa del Sol es la cuarta capital de España que disfruta de menos metros cuadrados de zonas verdes, con una media de 2,92 por habitante, muy alejada de los 26,76 de Vitoria, 17,96 de León y 15,78 de Madrid, que encabezan la clasificación. Y los datos de los barrios más próximos a los antiguos terrenos de Repsol son de los peores de la ciudad, según la plataforma, con una densidad de árboles de 0 a 0,25.

Pero al Ayuntamiento –asegura Sánchez– no le preocupa la calidad de vida de la población de estos barrios, adecuarla a las ratios de zonas verdes que marca como más saludables la Organización Mundial de la Salud, porque lo que le preocupa de verdad en este caso es –añade– vender los terrenos "para quitarse el problema de encima y convertirlo en un asunto que compete a unas empresas privadas".

Y la batalla entre ambos bandos está siendo cruenta. Al recurso que presentó Bosque Urbano contra la subasta de los terrenos y la impugnación de la ordenación urbanística por cuestiones ambientales, el Ayuntamiento ha respondido pidiendo que la plataforma ciudadana pague 223.000 euros por las costas derivadas del procedimiento judicial tras haber rechazado la jueza la suspensión cautelar del proyecto que pedía BUM. Pedro Sánchez tiene claro que eso forma parte de la estrategia del gobierno municipal para que Bosque Urbano se retire del pleito y puedan seguir adelante con el proyecto de las cuatro torres. "Pero nosotros vamos a seguir adelante", subraya el portavoz de la plataforma, que para presentar el recurso en los juzgados tuvo que hacer un crowfunding entre la ciudadanía, con el que recaudó 21.000 euros.

La respuesta del Ayuntamiento demuestra, a juicio de BUM, el enorme déficit democrático de un equipo de gobierno municipal que no escucha a la ciudadanía. "No escuchan las propuestas alternativas, nada que los saque de su política. Y nosotros no nos oponemos a los rascacielos como tal, lo que pedimos es que en esa zona donde están proyectados hace falta esponjar, dar oxígeno. Hemos aportado multitud de evidencias, de iniciativas que se han hecho en Europa, pero no nos hacen caso, porque están anclados en la política del desarrollismo, como en la época de Jesús Gil en Marbella, según la cual toda parcela es susceptible de ser construida. Y no escuchan a la ciudadanía que pide un modelo de ciudad diferente para luchar contra el cambio climático", recalca Sánchez.

Y mientras la batalla continúa en el frente judicial y administrativo, BUM va cubriendo con árboles los terrenos donde se pretenden levantar cuatro rascacielos. Voluntarios de los barrios colindantes y de otras partes de la ciudad ya han plantado unos 250 árboles de diferentes portes, y se encargan de regarlos y de limpiar el entorno para que no se acumule la basura. "Los terrenos son nuestros, de todos, y tenemos que recuperarlos, porque es la última oportunidad que tiene esta ciudad para contar con una gran zona verde", subraya su portavoz.

Contra el rascacielos que promueve Qatar

Más hacia el centro de la ciudad, en el puerto, muy cerca del faro que es uno de los iconos de Málaga, se libra otra de las grandes batallas urbanísticas de la capital de la Costa del Sol. Allí, sobre el dique de Levante, se proyecta una torre de 27 plantas, según su última redacción, 38 inicialmente, para albergar un hotel de cinco estrellas con 378 habitaciones. La empresa promotora es Al-Alfia Holdings, propiedad de sultan Bin Jassim Al Thani, miembro de la familia real de Qatar, que está a la espera de que se apruebe una modificación del Plan Especial del Puerto en el Ayuntamiento, que a su vez espera el informe ambiental preceptivo de la Junta de Andalucía y el visto bueno del Consejo de Ministros a construir un hotel en zona portuaria.

Contra ese rascacielos se ha alzado otra plataforma ciudadana, Defendamos nuestro horizonte, que con su nombre hace referencia al futuro de la ciudad y a la vista panorámica que puede quedar guillotinada por la construcción de una torre que multiplica por cuatro la altura de la Farola que ha ilustrado tantas postales malagueñas. Más de una treintena de organizaciones de todo tipo integran la plataforma que se creó en 2017 y a cuya causa se ha sumado hasta una entidad asesora de la Unesco como el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos) y decenas de escritores, músicos y cineastas españoles, entre ellos Manuel Rivas, Julio Llamazares, Emilio Lledó, Elvira Lindo, Irene Vallejo, Manuel Vicent y Miguel Ríos.

En su manifiesto de presentación, Defendamos nuestro horizonte explica la razón de su lucha: "El paisaje es un legado de la memoria del territorio en el que se desarrolla la singularidad de una cultura, y ha de ser una exigencia de la ciudadanía con el modelo sostenible de la ciudad y su entorno frente a la mercantilización del entorno natural, severamente explotado en la Costa del Sol (...) La implantación colonizadora de un edificio innecesario en un hábitat icónico del paisaje (...) supone un grave impacto irreversible sobre la imagen de Málaga y su bahía, que afecta a su filiación y personalidad milenarias".

Esta plataforma ciudadana alega que el proyecto de la torre del puerto no forma parte de un proceso de planificación, al contrario, que "se ha adaptado el urbanismo de la ciudad a la voluntad de los inversores", sin que haya habido un concurso público en su tramitación ni siquiera un concurso de ideas. "Detrás de esta actuación hay únicamente un proyecto inmobiliario de carácter especulativo a partir de un suelo público", recalcan.

Juan Antonio Triviño, portavoz de Defendamos nuestro horizonte, deja claro que, como en el caso de BUM, su lucha no es contra los rascacielos en sí, sino contra su ubicación. "No queremos ese edificio ahí, ese mamotreto en el lugar más emblemático de la ciudad", explica. Según sus estimaciones, el impacto sería tal que el rascacielos del puerto rompería un horizonte ahora limpio y se vería a 90 kilómetros mar adentro, desde el 61% de la capital y desde el 13% del territorio de la provincia. "Es un proyecto que supone un cambio de ciudad, de una ciudad con 3.000 años de historia, un cambio del que además no se va a beneficiar, porque es un hotel de cinco estrellas. Es una auténtica agresión a Málaga", sostiene Triviño.

El equipo de gobierno del PP argumenta, en su defensa, que la idea de este proyecto no es suya, sino de Paulino Plata, exconsejero de varios departamentos de la Junta de Andalucía con el PSOE, cuando era el presidente de la Autoridad Portuaria de Málaga. Sin embargo, es el único grupo municipal que, ya en minoría, sigue defiendo su continuidad. Y la plataforma Defendamos nuestro horizonte sostiene que el cambio de posición respecto a la torre del puerto adoptado por los concejales socialistas y de Ciudadanos se debe, fundamentalmente, a la reacción ciudadana contra esa edificación, una vez que la gente ha comprobado el impacto visual que ha causado en la ciudad la construcción de las dos torres de Martiricos, que alcanzarán las 30 plantas para viviendas y hoteles en la zona del estadio de La Rosaleda.

Un proyecto de tal envergadura y en un lugar tan emblemático de la ciudad, debería de ser objeto, a juicio de esta plataforma ciudadana, de una consulta popular en la que la población malagueña decida si quiere o no que se haga. El tema, según Triviño, se ha planteado ya tres o cuatro veces en el pleno del Ayuntamiento, pero siempre ha sido rechazado con los votos mayoritarios de PP y Ciudadanos, que sostienen a Francisco de la Torre como alcalde. "Lo que más nos preocupa es que aquí acabemos con otro Algarrobico –hotel de 21 plantas pendiente de demolición por orden judicial en una playa de Carboneras (Almería)-, con un rascacielos sin ningún valor arquitectónico que luego se quede ahí parado", dice el portavoz de Defendamos nuestro horizonte.

El urbanismo "a la carta"

Rizoma Fundación, una organización de profesionales de diferentes disciplinas, enfocada hacia la arquitectura y el urbanismo, fundamentalmente en la Costa del Sol, se ha mostrado muy crítica con los proyectos que se están llevando a cabo en la ciudad de Málaga, donde hay, advierte, unos problemas de gentrificación cada vez más acuciantes.

Su vicepresidente, José María Romero, arquitecto y profesor en la Universidad de Granada, sostiene que, tras la crisis económica de 2008, la tendencia ha sido concentrar la oferta inmobiliaria en macro proyectos como los rascacielos en los antiguos terrenos de Repsol y en el puerto, en vez de promover extensas urbanizaciones como se hacía antes. "Se ha impuesto –dice- un urbanismo a la carta, en la que la planificación no tiene mucha importancia, sino que se espera a una inversión de fuera que haga los proyectos. Se hacen modificaciones parciales de los planes, no se aprueban nuevos, para levantar macroproyectos como el de las torres del puerto y la BUM".

A juicio del portavoz de Rizoma Fundación, la política urbanística del PP en la ciudad de Málaga ha ido empeorando con los años hasta el punto de que ahora se plantean cosas que antes eran inimaginables. "Han hecho –afirma- algo que antes ni se pensaba: permitir construir en zonas verdes, algo que antes eran zonas sagradas en los planes urbanísticos".

Y, según este arquitecto, no hay razones que justifiquen la construcción de tantos rascacielos en Málaga, sobre todo, porque no se van a destinar a viviendas para cubrir la gran demanda de pisos a precios asequibles que hay en la ciudad; el uso será más bien, a su entender, financiero y especulativo en manos de fondos inversores de otras comunidades y otros países, que ven en la capital de la Costa del Sol un buen lugar para invertir.

"Pero uno de los escenarios que estamos analizando –explica José María Romero- es el de qué pasará en la Costa del Sol dentro de diez, quince años, con una crisis energética como la que estamos sufriendo, un escenario en el que vengan menos turistas. ¿Qué se hará con todo lo que se ha construido para ellos? Sobrarán muchas construcciones, infraestructuras, puertos deportivos, autopistas. ¿Qué se hará con ellas? En Detroit, después de la crisis del motor, ya se están planteando la urbanización de otra manera. Y aquí habría que planteárselo todo ya, por razones económicas también, no sólo medioambientales".

El 'pelotazo' de la Expo de 2027

Los profesionales del urbanismo y la arquitectura de Rizoma Fundación también son muy críticos con la candidatura de Málaga a la Exposición Internacional de 2027, cuya designación se decidirá el próximo mes de junio entre cinco ciudades aspirantes. Romero considera que se trata de "una operación inmobiliaria, de un macroproyecto" más, de "otro pelotazo" urbanístico.

El proyecto de la Expo 2027 se ha previsto en una parcela de 800.000 metros cuadrados en el oeste de la ciudad, en el distrito Campanillas, en el que se incluiría también la construcción de viviendas. Según Rizoma, no haría falta construir más ciudad, sino aprovechar lo que ya hay, sobre todo, porque la población no crece. "Es un proyecto que busca únicamente una revalorización de terrenos. Se trata de poner en valor unos suelos para luego especular con ellos", afirma este profesor de arquitectura.

La plataforma Bosque Urbano también ha hecho propuestas en relación a la Expo 2027, partiendo del hecho de que el lema de la candidatura malagueña es "la era urbana: hacia la ciudad sostenible". Las organizaciones que integran BUM consideran que, precisamente, la creación de un bosque urbano en la parcela de los antiguos depósitos de Repsol "aumentaría considerablemente las opciones" de Málaga para que la elijan, al cumplir con muchos de los objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

"Nuestra propuesta va en la línea de la Expo: coger una zona industrial y recuperarla para un uso ciudadano y sostenible cuando Málaga no se está comportando como una ciudad sostenible con un modelo turístico depredador y sólo preocupado por la construcción", se lamenta el portavoz de BUM.

Precisamente, la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Vestrynge, visitó el pasado octubre la parcela donde la plataforma BUM quiere que se haga el Bosque Urbano de Málaga. Tras reunirse con sus representantes, Vestrynge calificó de "maravillosa" la iniciativa, porque promueve –dijo- los objetivos de desarrollo sostenible fomentando las zonas verdes.

El ruido que expulsa a los vecinos

El ruido de la hostelería, de la sobreexplotación turística que en los últimos años se ha adueñado de una buena parte de Málaga, también está causando reacciones ciudadanas organizadas en asociaciones y plataformas que exigen el fin de ese tipo de modelo económico de ocio. La Asociación de Vecinos Centro Antiguo, la zona más castigada de la ciudad por esa saturación humana y acústica, ha descrito el panorama al que se enfrentan de esta manera: "El Ayuntamiento ha entregado zonas completas de la ciudad a especuladores que desarrollan una actividad insolidaria, depredadora e incompatible con la vida de los malagueños".

Esa situación es la que llevó a un juzgado de lo Contencioso Administrativo a condenar al ayuntamiento por los ruidos en la plaza Mitjana, una sentencia en la cual el magistrado detalla una absoluta falta de inspectores municipales y de policías locales para atajar el problema.

Pero el problema del ruido, de la presión turística, de la gentrificación ya no es exclusivo del casco antiguo y se ha ido extendiendo a otros barrios de Málaga. En Huelin llevan ya unos años sufriéndolo y sus vecinos están muy hartos, asegura la presidenta de la Asociación de Vecinos Parque del Mar, Isa Romero.

"Está ocurriendo exactamente igual que en el centro. Los alquileres aquí también han subido mucho, a 900, 1.000, 1.100 euros por una vivienda de tres habitaciones; cada vez hay menos viviendas para largas estancias y cada vez hay más pisos y apartamentos turísticos. Y muchos vecinos de toda la vida se han tenido que ir, por los ruidos, por la suciedad, por los precios de la vivienda. Hay gente que te dice, Isa, yo estoy esperando a jubilarme para irme", dice la dirigente vecinal.

Las asociaciones de vecinos de los barrios se están uniendo para hacer frente a este problema que trastoca seriamente la vida en sus casas y en las calles donde se concentran más locales de ocio. La gota que colmó su vaso de la paciencia fue el pasado verano, cuando el Ayuntamiento, sin avisarles, según Isa Romero, montó en Huelin lo que antes era la feria del centro, con música sin parar de sonar, mañana y tarde, para desesperación del vecindario.