Cuando Mario Esparza (nombre ficticio a petición del entrevistado) aterrizó en Madrid el pasado noviembre pensó que todo iría bien. Este líder social colombiano, amenazado de muerte y superviviente de un intento de asesinato, pidió asilo en el aeropuerto de Barajas y los policías le dijeron que su caso "era de manual" y "bien documentado". Le dieron un papel que acreditaba que era solicitante de protección internacional, una tarjeta transporte con diez viajes y un consejo: "Que fuera al Samur Social si no tenía dónde dormir" mientras el Ministerio de Interior estudiaba su solicitud, recuerda.

Eso hizo, pero cuando vio la cantidad de gente en su misma situación y que no había hueco para todos en los albergues de Madrid empezó a sospechar que Europa, en cuanto a protección internacional, no era como se había imaginado en su Tolima natal. "Esa noche me quedé en un hostal. A la mañana siguiente, cuando salí de la ducha, me habían robado mi documentación y todo mi dinero", lamenta.

Esparza relata su historia a Público mientras toma café en la parroquia San Carlos Borromeo de Entrevías. Es el único lugar de Madrid que considera un hogar, dice. "Aquí venimos muchos a pasar el día, a comer algo sin que nos cueste dinero, a buscar compañía", describe, porque no tiene aún permiso de trabajo ni nada que hacer además de esperar. El alojamiento que le ofrece el Ministerio de Migraciones, Inclusión y Seguridad Social sólo está abierto por las noches.

Más de tres meses después, sigue en la fase de acogida temporal para solicitantes de asilo sin recursos económicos, es decir, un albergue "en malísimas condiciones" que comparte con otros 120 demandantes de asilo en Vallecas. Este jueves, por fin, le darán la una plaza que ha quedado libre en Málaga. Pasará a la primera fase del programa de acogida estatal, aunque no sabe si esa plaza es una habitación en un piso compartido o en un centro. "Será mejor que esto, eso seguro, pero tiene que mejorar el sistema porque van a seguir viniendo", afirma.

Los colombianos triplican sus peticiones de asilo

Por paradójico que resulte, desde que se firmaron los acuerdos de paz entre el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC en 2016, la violencia ha repuntado en casi todo el país. En la diana están personas de como Esparza, los líderes comunitarios y defensores de derechos humanos, personas de referencia en las comunidades rurales, gente que denuncia la corrupción con fondos destinados a cumplir con la parte social de los acuerdos de paz, por ejemplo.

En 2019, más de 29.000 colombianos solicitaron protección internacional en España. En 2018 fueron tres veces menos, 8.800. En 2016, año de la firma de los acuerdos de paz, apenas superaron las 650. Solo en enero de este año ya han superado a los venezolanos, con 4.860, y son la nacionalidad que más protección pide en España, según el avance de datos del Ministerio del Interior, aunque también de las que menos la recibe.

"Es muy posible que este año superen a los venezolanos, la tendencia es muy clara, aunque el nivel de resoluciones favorables de sus solicitudes es muy bajo. Sólo se le ha dado el estatuto de refugiado a 48 personas de las 5.000 que se han estudiado. El resto han sido rechazadas", explica Paloma Favieres, directora de políticas y campañas de CEAR.

Reconoce que los casos que llegan son muy variados, aunque apuntala el problema de la persecución de los líderes sociales. "Son un grupo social bien definido y claramente amenazado y perseguido, deberían recibir más protección, a juzgar por las cifras", apunta. "Recibimos muchos casos de personas de Colombia que huyen de amenazas o la extorsión de bandas criminales, pero el Gobierno las rechaza alegando que no hay conflicto armado o que esa persecución o amenazas no están promovidas por autoridades o el Gobierno del país, que hay medidas judiciales y legislativas para perseguir este tipo de crimen", explica Favieres, que apunta que hay una gran discusión sobre esta circunstancia en los tribunales.

Esparza, en cambio, apunta a la connivencia del Gobierno de Iván Duque con estos grupos armados. "Yo empecé a recibir amenazas cuando mi organización comenzó a denunciar el desvío de fondos para las víctimas del conflicto y para el desarrollo de infraestructuras", sostiene. "Tenía escoltas asignados pero decidí marcharme cuando sufrí un atentado por parte de sicarios del que salí con vida", recuerda mostrando los papeles que lo acreditan.

Noches en la calle

"Huí de la muerte pero no esperaba que, después de todo esto, en España me fuera a convertir en un mendigo, en un indigente. Nos ha pasado a muchos", señala este solicitante de asilo. Recuerda que algunas noches le tocó dormir en las calles de Madrid. "No había plazas en el Samur Social, no había plazas del Ministerio de Migraciones. Muchos días, tampoco en los albergues para personas sin hogar para la campaña del frío. Es indigno el trato que recibimos. No quiero pensar que estoy pasando por esto para que luego me denieguen el asilo y tenga que volver al lugar del que huyo", argumenta. Por eso prefiere que su rostro no aparezca en la fotografía. "Denunciar siempre trae problemas, en España o en Colombia", sentencia.

El mismo temor tienen Heber Erazo y su mujer, dos sexagenarios que llevan en Valencia casi un año y medio. Eran periodistas de Bogotá y de la región colombiana del Cauca, una de las más afectadas por la violencia de paramilitares, disidentes de las FARC, narcotraficantes y otros grupos armados. 

"Hemos presenciado y contado casi todo el conflicto. Siempre hemos alzado la voz, hemos sido testigo de masacres, hemos denunciado corrupción e irregularidades y nos ha costado ataques de todos los flancos: alcaldes, concejales, congresistas, gobernadores...", recuerda. Han recibido amenazas, el pasado año sufrieron un allanamiento de su vivienda en Bogotá, de donde desaparecieron "documentos sensibles y confidenciales, denuncias contra quienes les perseguían, miles de fotografías y los archivos originales de su periódico y fundación", entre otros episodios. "No nos ha matado porque hemos sido nómadas. Huimos por varias zonas de Colombia hasta que ya nos tuvimos que venir a España", aclara.

"Pero el acceso al sistema de protección es una carrera de obstáculos", denuncia. Se tarda en obtener citas para cada trámite burocrático, para obtener una respuesta, para recibir una plaza. Todo es siempre cuestión de meses.

Actualmente se encuentran en la fase dos del sistema. Reciben una ayuda para pagar el alquiler del piso en el que viven y una ayuda para manutención. Entre los dos llegan casi a los mil euros mensuales, pero la mitad se lo lleva el alquiler, describe. Antes pasaron medio año en una casa compartida, durante la fase uno del programa de acogida. "Se generaban problemas de convivencia constantes. Es normal, solo teníamos un baño para ocho personas, poco espacio y mucha tensión acumulada", recuerda, pero al menos tenían un baño, puntualiza.

"El sistema no está preparado. El colapso no está solo en Madrid. Nosotros tuvimos que dormir en la calle durante un tiempo", recuerda. Decidieron ir a Valencia porque allí tenían un conocido que les dio alojamiento durante los primeros meses, "pero son tantas las trabas administrativas que ya no pudo acogernos más y acabamos en situación de calle hasta que nos dieron una plaza", afirma.

El temor al rechazo de la solicitud

Ahora ve con miedo la próxima cita para renovar el permiso de residencia. "Cuando vayamos pueden decirnos que no nos conceden ningún tipo de protección y quitarnos el permiso de residencia. A los colombianos se nos está rechazando de forma masiva", advierte. "La diplomacia del Gobierno hace bien su trabajo. Dice que allí hay posconflicto, que hay paz, pero hay muertos cada día, por eso nos vemos obligados a irnos", sentencia.

Viendo las cifras de asilo para colombianos, no tiene mucha fe en que sus solicitudes sean aprobadas. Su mayor esperanza es que, en caso de rechazo, se les conceda el permiso de residencia por razones humanitarias, que no lleva aparejada ninguna ayuda económica, pero permite la estancia regular en el país durante un año con posibilidad de prórroga.

El Gobierno español comenzó a conceder este permiso el pasado año ante el drástico aumento de solicitantes de asilo venezolanos, aunque es difícil que lo obtengan los ciudadanos de otros países. "Aunque esa figura está recogida en la ley de asilo, en el caso de los venezolanos se está implementando de forma masiva para dar respuesta a una recomendación de la ONU por la crisis que atraviesa el país", explica la portavoz de CEAR, que recuerda que este permiso no se puede considerar una medida de protección internacional como tal.

Algunas organizaciones consideran que la situación en la mayoría del territorio colombiano no dista mucho de la que atraviesa Venezuela en cuanto a falta de servicios básicos, pobreza, índices de criminalidad y vulneraciones de los derechos humanos, por lo que piden al Ministerio del Interior español que aplique el mismo rasero. "El problema es que en España no se sabe qué es un líder social y el peligro que corre en Colombia. O quizás es que no quiere saber de forma intencionada", explica Esparza.