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REGULACIÓN CANNABIS El activista cannábico Albert Tió entra en prisión con más de 15.000 firmas detrás que piden su indulto

El Ministerio de Justicia tiene que tramitar la solicitud del perdón para el que fue uno de los promotores de la ley reguladora de los clubes de usuarios de Catalunya y que deberá cumplir una condena de cinco años de cárcel por una intervención de marihuana en su asociación de Barcelona

Albert Tió | cedida
Albert Tió | Cedida.

Albert Tió, uno de los referentes del movimiento asociativo de cannabis de toda España, va a ingresar este miércoles en la prisión de Lledoners para cumplir los cinco años de cárcel que le impuso la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Barcelona por una intervención de marihuana realizada en 2014 en la asociación de usuarios Airam de la que él era secretario.

Tió, no obstante, sigue pendiente de la tramitación del indulto que han apoyado más de 15.000 personas y cuya petición se encuentra en el Ministerio de Justicia, así como de un recurso contra su condena presentado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo.

Familiares, amigos y miembros de diversas organizaciones de usuarios y por la regulación del cannabis, como Confac, Catfac y Fedcac, de la que el propio Tió es presidente, y de la defensa de los derechos humanos, como Iridia, tienen previsto acompañar esta tarde al activista hasta las puertas de la prisión de Lledoners, en la provincia de Barcelona, donde se llevará a cabo un acto de despedida.

El apoyo a Albert Tió refleja el significado que entraña para el movimiento asociativo el encarcelamiento de uno sus referentes, quien, siendo responsable de la Federación de Asociaciones Cannábicas Autorreguladas de Catalunya (Fedcac), fue uno de los promotores de la iniciativa popular que dio origen a la ley de clubes de cannabis que aprobó el Parlamento catalán en 2017, declarada posteriormente inconstitucional por invasión de competencias estatales tras un recurso del PP.

"Estoy recibiendo muchos mensajes de apoyo de aquí y de otras partes del mundo. Estoy afrontando esto con mucha fuerza, con motivación, aun sabiendo que si la ley catalana que se aprobó estuviera hoy vigente, yo no iría ahora a prisión, porque respaldaría lo que yo hice", dijo este lunes a Público Albert Tió, de 53 años de edad y padre de tres hijos menores de edad.

El activista confía en que su ingreso en la cárcel sirva, al menos, para reforzar y unificar al movimiento asociativo cannábico que lucha por la regulación del uso de la marihuana en España. "Es el momento de empujar todos a una, de transmitir optimismo y fuerza", manifestó a este periódico.

La semana pasada, varias organizaciones convocaron un acto de apoyo a Albert Tió delante de la Audiencia Provincial de Barcelona, en el que abogaron por la unidad de acción en un sector muy fragmentado y disperso en decenas de asociaciones. Así, la Confederación de Federaciones y Asociaciones Cannábicas (Confac), que está manteniendo contactos con los grupos parlamentarios en el Congreso para intentar impulsar una normativa regulatoria de la marihuana, hizo un llamamiento a la unidad para conseguir el indulto del activista catalán y la derogación de las leyes que han permitido su condena a cinco años de prisión.

La Unión de Pacientes por la Regulación también emitió un comunicado en el que reconoce públicamente la labor que realizaba la asociación Airam a favor de las personas que usan el cannabis con fines terapéuticos, con un servicio de asesoramiento pionero, y la tarea de Albert Tió como presidente de Fedac en defensa de ese colectivo. "Consideramos injusta su entrada en prisión y una contradicción teniendo en cuenta criterios de salud y de derechos humanos. Por ello, apoyamos la petición de indulto", señala esa organización en el escrito firmado por su presidenta, Queralt Prat.

La petición de indulto para este activista fue presentada el pasado 23 de enero y actualmente se encuentra pendiente de su tramitación en el Ministerio de Justicia para su posterior deliberación en el Consejo de Ministros, según Héctor Brotons, abogado del despacho Brotsanbert que se encarga de la defensa de Tió. En la solicitud, además de incorporar las miles de firmas de apoyo, se alegan, entre otros motivos, la labor que se lleva a cabo en las asociaciones y clubes de usuarios como Airam para favorecer un consumo responsable y evitar el acceso al mercado clandestino, la desproporción de la pena impuesta y la preponderancia del derecho a la libertad sobre el de la salud pública que se considera dañada.

Entre las personas que han firmado para apoyar la concesión del perdón del Consejo de Ministros a Abert Tió hay, según su abogado, diputados en parlamentos autonómicos y el Congreso y otros cargos electos del PSPV-PSOE, En Comú-Podem, Esquerra Republicana, Compromís, IU, Bildu y Más País.
Este activista también se encuentra a la espera de si el Tribunal Europeo de Derechos Humanos admite a trámite el recurso que ha presentado en Estrasburgo contra su condena en España, recurso en el que denuncia una vulneración de los derechos a la autonomía y dignidad personal recogidos en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la desproporción de las penas impuestas por la Audiencia y ratificadas por el Tribunal Supremo, la ambigüedad de la normativa vigente en torno a la parte de la planta que está fiscalizada y los avances que ha supuesto la regulación de las asociaciones de usuarios de cannabis que ya se ha llevado a cabo en otros países.

Airam era una de las asociaciones más grandes de Barcelona, la ciudad española con más clubes de usuarios de cannabis, capital además de la comunidad autónoma que aglutina a cerca de la mitad de las casi 2.000 entidades de este tipo que hay en todo el estado. La de Albert Tió llegó a tener 4.000 socios y el 4 de febrero de 2014 los Mossos d’Esquadra intervinieron en una nave de L’Hospitalet de Llobregat las plantas con las que se abastecía la entidad.

Como resultado de aquella operación, Tió y otros dos directivos de Airam, que también deberán entrar ahora en prisión, fueron condenados por delitos contra la salud pública y asociación ilícita, primero por la Audiencia Provincial de Barcelona y luego por el Tribunal Supremo. La Sección Séptima de la Audiencia se ha negado ahora, además, a aplazar el ingreso en la cárcel mientras se tramita su petición de indulto y el recurso en Estrasburgo.

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