El litoral valenciano vuelve a situarse bajo la lupa. Las obras para un futuro Centro de Interpretación del Mediterráneo (CIMED) en el entorno de la Renegà, en Orpesa (Castellón), han suscitado la movilización de organizaciones ciudadanas y ecologistas. Una petición en la plataforma Change.org, que ha conseguido más de 12.000 firmas en menos de una semana, denuncia la modificación del único espacio virgen y natural que queda en la costa valenciana y alerta de la reactivación urbanística que implica el proyecto. En paralelo, el rechazo social a esta construcción ha desembocado en la creación del movimiento ciudadano Salvem la Renegà.

Para este colectivo, la proyección de este centro de interpretación de flora y fauna, que califican de "zoológico para tortugas", es una operación de greenwashing. Salvem la Renegà sostiene que, detrás de lo que aparentemente es una "iniciativa ecologista", se esconde la construcción de viviendas de lujo y un hotel en una zona de urbanizaciones que quedaron paralizadas en el marco de la anterior crisis económica. "Nos encontramos con la misma disyuntiva que en el caso de Marina d’Or. Lo que nos vendieron como un balneario acabó siendo un macroproyecto de ocio y hormigón que ha devastado gran parte del litoral", expresan en redes sociales.

Con un presupuesto de cuatro millones de euros, los promotores que impulsan el CIMED son la sociedad Costa Bellver (firma con intereses urbanísticos en las cercanías), la empresa de suministro hídrico Global Omnium (vinculada también a la familia de la empresa constructora) y la Fundación Azul Marino. Sobre esta última entidad, a los activistas que se encargan de la recogida de firmas no les ha pasado desapercibido el reciente registro del ente, con una página web en construcción y un historial "sin ningún tipo de proyectos anteriores que avalen su profesionalidad". Su director, próximo responsable del hábitat, es el biólogo marino Juan Antonio Romero que, en unas declaraciones recientes a Radio SER Castellón, informaba que detrás de la fundación se encuentra "una familia local" y que la constructora ha cedido el terreno de forma altruista para la edificación del centro.

"Reactivación del urbanismo salvaje"

Con los primeros movimientos de tierra detectados esta semana, las organizaciones ecologistas han manifestado su disconformidad con estos planes y han empezado a solicitar información sobre los permisos y estudios ambientales llevados a cabo. Se quejan de la opacidad y la falta de información pública por parte de promotores y Administración, a la vez que piden una alternativa a un proyecto que están convencidos de que alterará el ecosistema del paraje.

Ecologistes en Acció, el Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Naturales (GECEN) y otras entidades locales han manifestado que reactivar el Plan Parcial Torre de Bellver supone "más hormigón" a través de planes urbanísticos que se desarrollan "en su segunda fase y diez años después de su aprobación, habiendo variado la realidad física del entorno y quedando los estudios ambientales obsoletos". Los ecologistas cargan contra el Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) aprobado por el Consell en mayo de 2018. "Se ha revelado como un instrumento urbanístico —no medioambiental— absolutamente cobarde e inútil, al excluir automáticamente todas las zonas del litoral que fueran urbanizables", afirma Paco González, portavoz de GECEN y miembro de Salvem la Renegà.

Las entidades en defensa del territorio señalan que las parcelas sobre las que se está actuando son limítrofes con la Vía Verde Orpesa-Benicàssim, zona de dominio público, y que el entorno adyacente suma diferentes figuras de protección. De hecho, el enclave cuenta con una área marina privilegiada que le ha valido su sello como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y su adscripción a la Red Natura 2000 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC). "Si hay una Conselleria que dice ser de Transición Ecológica, que haga esa transición. La ordenación del territorio del litoral de Orpesa no puede estar condenada por un plan de 1982 que se lo repartieron entre especuladores, urbanizadores y promotores. La ciudadanía no queremos que la Vía Verde esté sepultada por hormigón de aquí a unos años", expresa González.

Las preocupaciones de los ecologistas no son en vano. Según el informe A toda costa 2019, elaborado por Greenpeace en colaboración con el Observatorio de la Sostenibilidad, Catalunya, País Valencià y Andalucía encabezan el ránking de comunidades amenazadas por la resurrección de la urbanización masiva. En el caso valenciano, un 23% de los hábitats naturales costeros se encuentra acosado por estas actuaciones. El reporte concluye que la superficie urbanizada en las costas valencianas supone más del doble que la superficie de hábitats naturales carentes de protección.

Las luchas de los movimientos ecologistas en este mismo paraje de la Renegà y entornos anexos se han sucedido durante más de dos décadas. Vecinos de este lugar aún tienen presente la acción de las excavadoras durante los mandatos del PP en la localidad, en plena exaltación del ladrillo. Destino vacacional del expresidente José María Aznar durante años, colectivos históricos como "R de Renegà" impulsaron campañas de concienciación contra la construcción de urbanizaciones de lujo, muy especialmente después del incendio registrado en esta sierra en julio del año 2000, que arrasó 500 hectáreas.

"Total transparencia"

En el ámbito político, Compromís ha exigido al Ayuntamiento de Orpesa que actúe "con total transparencia" y facilite los detalles necesarios sobre el proyecto que se impulsa en la zona de la Renegà, "no solo del anunciado CIMED, sino también de las edificaciones residenciales o turísticas planificadas en dicha zona y vinculadas a la actuación" que impulsa la sociedad Costa Bellver. Carles Mulet, senador de la coalición valencianista, ha solicitado al Gobierno copia de los informes sectoriales emitidos por Adif, Confederación Hidrográfica del Júcar, Dirección General de Carreteras u organismo competente y la Dirección General de la Costa y el Mar.

Cabe recordar que detrás de la sociedad Costa Bellver se encuentra el empresario castellonense Eugenio Calabuig. Su nombre se ha visto envuelto recientemente en procesos judiciales en la Audiencia Nacional o en el mismo caso Nóos, en el que tuvo que prestar declaración para explicar sus relaciones con Zarzuela. La familia Calabuig también está vinculada con Global Omnium (Aguas de Valencia), empresa que también impulsa el CIMED, y sobre la que actualmente recae la gestión de L’Oceanogràfic de València.

El Ayuntamiento de Orpesa, encabezado por la alcaldesa y también diputada provincial de Medio Ambiente, la socialista María Jiménez, ha manifestado que el proyecto es de iniciativa privada en suelo exclusivamente urbano, que no se localiza en zona protegida y que todo lo que puede hacer es velar para garantizar la sostenibilidad del centro. Desde el consistorio, se insta a los promotores a que expliquen la iniciativa a la ciudadanía.

Las plataformas ecologistas insisten en la demanda de transparencia y ponen el foco en que un LIC debe tener siempre una atención especial y estudios que avalen que no hay una grave afección, también desde el punto de vista de la presión antrópica. Consultada sobre este extremo, la Conselleria de Transición Ecológica ha comunicado que, desde la Dirección General de Medio Natural, "simplemente se ha informado al Ayuntamiento de Orpesa de la no afección sobre zona LIC de un proyecto de obra menor que consiste en un muro de mampostería, una valla y unas actuaciones de restauración ambiental en el sector sur de Torre Bellver". En relación con el centro marino, la Conselleria expresa que le corresponde al consistorio decidir sobre su ubicación así como regular la actividad del proyecto.

"Recreación" de un ecosistema

En las recientes entrevistas concedidas a medios locales, el biólogo Juan Antonio Romero, director de la Fundación Azul Marino y próximo responsable del CIMED de Orpesa, ha explicado que la idea de su proyecto es la de recrear el hábitat mediterráneo con el propósito de divulgar el entorno natural en el que se encuentra enclavado. Romero concibe el CIMED como un "museo" de dos plantas que contará con senderos, piscina y espacio artificial de laguna marina para alojar tortugas y permitir la recuperación de su musculatura para su posterior reintroducción al mar.

La actividad de la recuperación de las tortugas marinas ya se lleva a cabo en territorio valenciano desde hace tres décadas por parte de la Red de Varamientos de Cetáceos y Tortugas Marinas, en la cual colaboran la Generalitat, la Universitat de València (UV) y, desde 2007, L’Oceanogràfic de la Ciutat de les Arts i les Ciències de València.

Jesús Tomás, profesor del Departamento de Zoología de la UV e investigador del Institut Cavanilles, coordina los estudios de anidación de tortugas marinas dentro de esta red. El profesor subraya que se enteraron por la prensa de la creación de este centro y recuerda que, para llevar a cabo el cautiverio y manipulación de especies protegidas, necesitarán unos permisos y autorizaciones específicas que, hasta ahora, se desconoce que las tengan. 

Tomás recuerda, asimismo, que la manipulación de huevos requiere personal con entrenamiento y experiencia acreditados. De momento, ha trascendido que el CIMED se ha ofrecido como apoyo asistencial para instituciones como la Fundación Oceanogràfic para poder llevar a cabo esta labor.

El proyecto del CIMED prevé centrar sus esfuerzos en la tortuga boba (Caretta caretta), una especie que consta en el libro rojo de figuras protegidas por parte del Ministerio para la Transición Ecológica. Tomás indica que, desde hace un par de años, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) relajó el grado de amenaza de la tortuga boba en el Mediterráneo pero, a escala europea, esta especie continúa siendo clave para la creación de los LIC marinos.