Semana tras semana, el Gobierno de la Comunidad de Madrid queda retratado por su gestión de las residencias de mayores. No solo por los 7.291 muertos durante los peores meses de la pandemia, tras la orden política que prohibió derivar a los ancianos enfermos de covid a los hospitales. Sino también por las cuestionables condiciones en las que algunos residentes viven cada día. 

Escasez de comida o alimentos en mal estado, falta de personal, empleados trabajando con sarna sin que se les conceda una baja, e infraestructuras inadaptadas son parte de las deficiencias que las familias de los residentes de los centros han denunciado en más de una ocasión. Incidencias que han repercutido en la salud de los mayores, como han podido constatar informes médicos donde se reflejaba la desnutrición y la deshidratación que sufren muchos de ellos.

Lamentablemente, el calvario y la incomodidad se alargan hasta las últimas horas de vida de los ancianos. Así lo han sufrido en sus propias carnes las hijas de Rosa Pascual, fallecida el pasado mes de marzo en "condiciones deplorables". "¿Acaso no tuvo derecho a morir dignamente?", se pregunta su primogénita Rosa María del Pardo. 

Pascual vivía en la residencia concertada Rafael Alberti, ubicada en Madrid, ocupando una plaza pública. Durante tres meses, permaneció ingresada en la Fundación Jiménez Diaz debido a diversas patologías que sufría. Hasta que, finalmente, le dieron el alta el pasado mes de febrero, con un enfoque paliativo debido a su delicado estado de salud. Pero la residencia no le ofreció nunca esos cuidados. La familia ha denunciado el trato recibido a través de una queja a la Comunidad de Madrid, pero esta no observa ninguna anomalía en la actuación del centro.

Es más, tal y como ha explicado Del Prado, la residente llegó a permanecer en una silla de ruedas hasta 12 horas sin apenas comer ni beber y sin suministrarle la medicación que requería. Hasta que llegó un día en que las hijas se encontraron a su madre en muy mal estado y la encamaron, donde permaneció hasta morir.

"Nuestra madre padecía de un deterioro cognitivo grado tres, el cual no le impedía manifestar su dolor físico. Cuando la visitábamos, veíamos que tenía la boca sucia, estaba sin sus medias de compresión y sin su cojín especial, ambos pautados por el médico", apunta Del Prado. Tanto ella como su hermana critican que dejaran de proporcionársele estos cuidados básicos e insisten en que "no son incompatibles con los paliativos".

"Le imploramos a la dirección de la residencia que la administrara algo que pudiera ahorrarle estos ratos de padecimiento, pero sin éxito. No hay nada más doloroso que ver sufrir a tu ser más querido", afirman con profunda tristeza. 

Durante sus últimos días de vida, Pascual compartió su lecho de muerte con otras cuatro camas más, sin ninguna intimidad. En esa sala, cada día ingresaban residentes procedentes del hospital, se realizaban las curas del resto de enfermos, con su consecuentes gritos, y se les podía oír toser y esputar flemas a su lado.

La dirección del centro, incluso, negó a la familia quedarse por la noche en los últimos días de vida de su madre alegando que las visitas estaban prohibidas a partir de las 20.00 horas hasta las 9.00 horas, sin excepción. Si bien Del Prado, pese a las amenazas de llamar a la Policía, se quedó y pudo comprobar, aparte del bien que le hizo a su madre sentir compañía, el escaso personal que trabaja por la noche en este centro: con solo dos técnicos en cuidados de auxiliar de enfermería y una enfermera para un centro de 100 residentes.

"En teoría la señora estaba en unos cuidados paliativos, pero yo como enfermera vi que se dieron pasos raros. Ni siquiera había una pauta de morfina. Sólo se le suministró cuando se encontraban sus extremidades moradas", asegura Lamia​ Defta, profesional que trabajó en la Rafael Alberti durante el mes de marzo atendiendo a Pascual.

"Esta residencia tiene una política demasiado particular. Me llegaron a pedir que no me comunicara con la familia, que no les informara sobre el estado de su madre. Me dio mucha pena. Trabajar así para mí es incómodo, por eso decidí irme", explica Defta. "Se te rompe el alma cuando ves estas cosas, pero no hay sanciones, parece que a nadie le interesa que las residencias vayan bien", sospecha.