Los internos en las residencias sufren maltrato institucional debido a la falta de personal de atención directa. Este es el mensaje que desde la Marea de Residencias quieren transmitir a la ciudadanía en la manifestación que han convocado este sábado 23 de noviembre en Madrid. Denuncian que el ratio de profesionales al servicio de los residentes se encuentra falseado y que ello se traduce en un trato que no está acorde con el cuidado que necesitan estas personas, cada vez más dependientes. 

Ante el intento fallido de la propuesta de ley que presentó el militante de Anticapitalistas Raúl Camargo, diputado en la Asamblea de Madrid en la anterior legislatura, los profesionales y los familiares de los residentes se han puesto manos a la obra. Reuniéndose todas las semanas desde que en septiembre se presentara la Marea de Residencias, la marcha del día 23 será la primera vez que llevarán a la calle sus exigencias tras ver agotadas todas las herramientas que les brindan desde la Administración, con las que no han conseguido mejorar la situación. 

El principal problema que observan es que faltan técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE), personal que se encarga de tratar con los ancianos, debido a que las cifras que manejan desde la conserjería de Políticas sociales no se corresponden con la realidad. Rosa García trabaja en una residencia pública desde hace 25 años y resume así la situación: "El ratio que manejan desde la Administración no es real porque engloban a todo el personal de la residencia y lo dividen entre los internos. Lo que se debería establecer es un ratio desglosado por necesidades, como atención directa, cocina o mantenimiento, ya que cada uno ejercemos actividades totalmente distintas".

Bajas que no se cubren

Las cifras no dejan lugar a dudas: tan solo en la Comunidad de Madrid hay casi quinientas residencias concertadas y privadas y veinticinco totalmente públicas. Además, la carga de trabajo a la que se ven sometidas las TCAE tiene una consecuencia doble que recae tanto en las propias trabajadoras, ya que cerca del 90% del personal es femenino, como en los residentes. Se trata de un círculo vicioso que parte de la premisa de la reducida cantidad de profesionales que hay para atender a los residentes, lo que hace que sufran lesiones con cierta frecuencia que desembocan en bajas que no se cubren, lo que implica que son los compañeros, ya menguados en número, los que se hacen cargo de los residentes que se dejan de cuidar. Todo ello con un factor común, que no es otro que la pérdida de calidad en el trato y los cuidados que reciben los internos. 

García, dada su experiencia en el terreno, relata cómo con el paso del tiempo el tipo de internos ha ido variando: "Cuando yo empecé la mayor parte de los residentes eran de grado uno (el nivel más bajo de dependencia) y solo necesitaban ayuda puntual. Ahora lo normal es que la mayoría sean dependientes de grado tres (el nivel más alto), así que precisan nuestra ayuda para prácticamente todas las actividades de su vida diaria, desde levantarles y asearles hasta vestirles y darles de comer". 

En la residencia de esta trabajadora pueden llegar a estar dos TCAE en el turno de mañana, que es cuando más trabajo se realiza, para 24 residentes grandes dependientes. "Somos nosotros los que nos tenemos que adecuar a sus tiempos y no ellos a los nuestros", dice García cuando se refiere a la pérdida de calidad en el trato que pueden brindar a los ancianos. "Ni nosotros somos máquinas, ni ellos son productos", agrega.

"Lo ideal sería cinco o seis internos por cada TCAE"

Esta perspectiva laboral la completa Esther Fernández, que milita en el Movimiento Asambleario de Trabajadores/as de Sanidad (MATS), único sindicato que ha participado en la movilización desde el principio. "Nosotros defendemos que el número máximo de personas que pueden ser atendidas con calidad por un TCAE es de cinco o seis, y no lo que sucede en la actualidad, que en ocasiones supera la decena", comenta Fernández, que también trabaja atendiendo directamente a los internos en una residencia cien por cien pública. Esta profesional también se pronuncia sobre el cambio de nivel de dependencia de los internos y propone que las residencias deberían llamarse "hospital geriátrico". 

Fotografía del salón de actos de la librería Traficantes de Sueños el día que se inauguró la Marea de Residencias | Raúl Camargo

Un hecho que denuncian como colectivo está relacionado con la forma que la Administración tiene de tratar las enfermedades laborales que les provoca la situación en la que desempeñan sus labores. "Cuando sufrimos alguna lesión en el trabajo, la Comunidad de Madrid nos asigna un centro para que nos atiendan. Pues bien, ahí nunca llegan a certificar que las posibles enfermedades degenerativas que estamos sufriendo son a consecuencia de nuestras rutinas de trabajo", describe Fernández. De hecho, no es casualidad que la mayor parte de las dolencias se encuentren en el túnel carpiano, la zona lumbar y las muñecas, articulaciones que se ven sometidas a un gran esfuerzo debido a las condiciones laborales de las TCAE, un suceso que evoca a las afecciones denunciadas por las kellys.

"La carga emocional es brutal"

La atención a personas con un alto grado de dependencia acarrea una alta carga emocional. "Yo tengo que desconectar porque si no me volvería loca", dice García. Aunque intenta dejar los problemas del trabajo en la residencia, su lucha continúa en sus horas libres: "Yo poseo otras formas de luchar como trabajadora, por lo que mi ahínco y perseverancia está dirigido a aquellos residentes que ni siquiera tienen cerca seres queridos que luchen por la calidad de la atención que reciben". 

Estas declaraciones entroncan directamente con el testimonio de Mariví Nieto, cuya madre lleva interna en la residencia pública de Alcorcón 14 años diagnosticada de alzhéimer. En sus propios términos: "La carga emocional es brutal debido a que los cuidados que está recibiendo tu ser querido no dependen de ti, sino que irremediablemente los tienes que delegar en otra persona. Ese peso con el que tenemos que vivir es abismal, primero por la propia enfermedad y, segundo, porque te das cuenta de que no puedes hacer nada al ver que no está siendo tratado dignamente". Una denuncia que, tal y como ella remarca, dirige hacia la Administración, sin culpabilizar a los profesionales que cuidan de su madre. 

Del mismo modo, Nieto incide en que las reclamaciones que tienen la posibilidad de hacer en las mismas residencias no sirven para nada, ya que "las instituciones han abandonado y desprotegido a los residentes", añade la afectada; una máxima que también defienden desde el colectivo de profesionales. 

Tanto García como Fernández, que tienen plaza fija en sus respectivas residencias, se preguntan si el motivo de que sea un trabajo tan invisibilizado tiene relación con el alto porcentaje de trabajadoras frente al de trabajadores, además de que sus quehaceres laborales se encuentren íntimamente ligados con los cuidados. "Yo me pregunto por la campaña que están haciendo desde las instituciones diciendo que hay que humanizar los cuidados… ¡Por favor! Que se apliquen primero ellos el cuento porque todo es muy bonito de palabra pero luego no lo gestionan de la misma forma", expresa García al respecto.

Opinión vinculante de los residentes en las decisiones

En la ya mencionada ley que quieren propulsar a nivel regional pero con expectativas de que se replique en otros territorios del país, también recogen la creación de una especie de órgano en el que estén representados tanto los internos en plenas facultades psíquicas como los familiares de aquellos en los que no sucede lo mismo. Con ello buscan que la opinión de las personas que, al fin y al cabo, van a sufrir o disfrutar de las decisiones tomadas, tengan una voz vinculante al respecto. 

Cartel de la primera movilización que organizan desde la Marea de Residencias

Camargo, el antiguo diputado en la Asamblea de Madrid, es amplio conocedor de la situación al haber redactado la proposición de ley hace un año que finalmente no salió hacia adelante. Él focaliza el problema argumentando que "grandes empresas y fondos buitre están haciendo negocio con las residencias de mayores debido a la falta de regulación adecuada a la realidad que existe ahora mismo en la Comunidad de Madrid", declara mientras afirma que estos centros se siguen rigiendo por decretos de 1990. 

Desde su punto de vista, el conflicto se podría solucionar de raíz con la apertura de nuevos procesos de selección de personal y la apertura de nuevos centros, en el caso de las residencias públicas; y con la exigencia de unos mínimos, que estarían contemplados en esa potencial ley, para las privadas. Esta separación entre públicas y privadas, de la que se benefician las segundas, tiene un claro componente de clase: "Una habitación en una residencia privada puede rondar los 2.000 euros mensuales, algo que una familia obrera no se puede permitir, y si consigue hacerlo es a costa de los ahorros de toda su vida", argumenta Camargo.

Miedo a represalias si se apoya la manifestación

La manifestación programada para el sábado 23 de noviembre en la capital les servirá para exponer esta realidad, junto a las demandas de los familiares y trabajadores. Ante esta convocatoria, Fernández declara que algunos profesionales del sector tienen miedo a significarse públicamente porque la mayoría son interinos con temor a que no les vuelvan a llamar una vez que se terminen sus contratos temporales. "A la Administración le interesa mucho que el personal sea interino y no con plaza fija porque así son más vulnerables porque se callan más", resume la sindicalista de MATS. 

Nieto, la integrante de la Marea de Residencias y afectada por la situación a nivel familiar, llama así a la movilización: "El único arma que nos queda es salir a la calle para que la sociedad se haga eco de un problema que afecta a todos, ya que las dinámicas actuales apuntan a que el número de personas que terminarán en una residencia será mucho mayor que el actual". Ella también se pronuncia en la misma línea que Fernández lo hacía con los trabajadores, ya que "hay mucha gente que tiene cierto temor a apoyar la manifestación de forma abierta porque piensan que si se quejan su familiar va a recibir un peor trato", en sus propias palabras. 

Sea como fuere, el 23 de noviembre será la eclosión del trabajo que la Marea de Residencias viene desarrollando desde hace tres meses y que aúna tanto a trabajadores como a los residentes y sus familiares. Una primera toma de contacto con la calle que continuará en el futuro "hasta que la situación de las residencias alcance unos niveles de calidad", en palabras de Camargo.