La Fiscalía de Alicante no ha apreciado delito en el acceso indebido de una funcionaria al expediente de violencia de género de Rocío Carrasco, ya que las diligencias de investigación abiertas han determinado que "no hubo prejuicio" por lo que finalmente se ha decretado el archivo del caso.

Según han confirmado a EFE fuentes de la Fiscalía, se trató de "un único caso aislado" en el que una funcionaria consultó el informe de Carrasco, incluido en el sistema de vigilancia de víctimas de violencia de género (Viogen) tras atender la llamada de una mujer "que se había sentido identificada" con el relato presuntos malos tratos vertido por la hija de Rocío Jurado en la docuserie "Rocío Carrasco: Hablar para seguir viva", emitida por Telecinco.

Las mismas fuentes han señalado además que los datos consultados de manera indebida por la trabajadora "eran de público conocimiento", ya que la propia Carrasco los había contado en el programa de televisión.

Tras concluir las pesquisas, la Fiscalía decretó el archivo del caso, aunque la investigación abierta contra otros ocho funcionarios de la Comunidad Valenciana sigue abierta en los juzgados de València y Castellón.

Las consultas del expediente de Carrasco por parte de empleados públicos ajenos al mismo fueron detectados por el área de violencia de género de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, que bloqueó dichos accesos, restringidos a un determinado grupo de funcionarios, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o personal de la Administración de Justicia.

Las consultas de este tipo de datos deja rastro informático, ya que cualquier persona que los abra debe poner su clave personal y dejar constancia del motivo por el que los consulta.

Interior trasladó el asunto a la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana, que siguió el procedimiento habitual, expedientó a los funcionarios y puso el caso en manos de las fiscalías de las tres provincias, que abrieron diligencias de investigación con el fin de esclarecer lo sucedido y determinar las posibles consecuencias penales que pudieran conllevar.

Los accesos indebidos afloraron tras la emisión de los dos primeros episodios de la serie documental en la que la hija de la cantante Rocío Jurado y el boxeador Pedro Carrasco ha relatado los presuntos malos tratos sufridos por parte de su exmarido.

Las fuentes consultadas han señalado que el archivo del caso en Alicante no impide que Carrasco pueda presentar medidas judiciales, si así lo considera oportuno, contra la trabajadora que leyó su expediente.