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Sáhara Occidental Así camufla Marruecos con un falso etiquetado productos agrícolas del Sáhara

La ocupación del Sáhara Occidental por parte de Marruecos tiene consecuencias en el etiquetado de los productos agrarios que llegan a Europa. El régimen alauita produce con colonos grandes cantidades de frutas y hortalizas que llegan a Europa con el etiquetado de origen marroquí, lo que vulnera normativas europeas de derecho a la información del consumidor.

Imagen de archivo de un racimo de tomates.
Imagen de archivo de un racimo de tomates. Fred Tanneau / AFP

Es difícil saber de dónde vienen esos tomates. Lo mismo ocurre con los melones o los calabacines. Todos baratos y con un buen aspecto. En la etiqueta del supermercado dice "Origen: Marruecos"; sin embargo, cada vez hay más datos que llevan a desconfiar, sobre todo si se trata de productos agrícolas exportados desde el país magrebí. El problema, como prácticamente todo lo que rodea al reino alauita y sus relaciones con Europa, tiene que ver con el Sáhara Occidental.

Marruecos y Mohamed VI han convertido algunas regiones saharauis ocupadas en su despensa; invernaderos y plantaciones intensivas que no sólo se destinan a satisfacer la demanda interna de hortalizas, frutas y verduras; también son centros de producción dedicados a la exportación hacia Europa. Llegan pepinos, melones, calabacines o tomates. Ninguno de estos alimentos es vendido en las cadenas de alimentación del viejo continente con el etiquetado de origen saharaui. A ojos del ciudadano europeo esos productos son marroquíes, lo que supone una vulneración flagrante de las normativas sobre trazabilidad aprobadas por Bruselas. 

"El etiquetado es una evidencia más de la ilegalidad de los acuerdos económicos entre Europa y Marruecos"

"El tema del etiquetado es una fase más del conflicto, una evidencia más de la ilegalidad de los acuerdos económicos entre Europa y Marruecos para saquear todos nuestros recursos", dice a Público Abdulah Arabi, delegado del Frente Polisario en España, que considera que la UE "no está protegiendo a sus ciudadanos y a sus consumidores", ya que está ocultando el origen real de parte de los alimentos que llegan desde el país alauita. 

Apenas hay datos para entender la magnitud del expolio de productos agrarios. El caso del tomate es, quizá, el más representativo de todos y del que más estadísticas y estimaciones se han podido recopilar en los últimos meses. Una reciente investigación de la Fundación Mundubat afirmaba que el 14% de los tomates que Marruecos envía a Europa proceden realmente de plantaciones asentadas en territorio ocupado, la mayoría en la región de Dakhla, donde se asientan algunas empresas vinculadas a la monarquía de Mohamed VI y al actual jefe del Gobierno, Aziz Akhannouch. Lo mismo ocurre con el melón, producto del que no hay datos ni estimaciones, pero del que se han constatado vía satélite plantaciones extensas en esa zona ocupada. El género se cultiva en el territorio saharaui, con mano de obra de colonos marroquíes, y después se envía en camiones hacia Agadir, donde se mezcla con el resto de producción cultivada de manera legal en suelo de Marruecos. 

Si el puerto de la región de El Aaiún es el centro de expolio pesquero, Dakhla lo es a nivel agrícola. Allí, la producción tomatera y de pepinos creció mas de un 2.800%, y la de fruta, un 500%, entre 2002 y 2009, según datos del Observatorio de los Recursos del Sáhara Occidental (WSRW, por sus siglas en inglés). Un incremento que se ha mantenido estable en la siguiente década y que ha ido destinado a satisfacer la demanda de productos que llega desde Europa. Pese a ello, encontrar un producto con la etiqueta de origen del Sáhara Occidental en los mercados europeos es tarea imposible.

Mónica Alonso, coordinadora de Derechos Humanos de Mundubat, fundación con investigaciones en la materia saharaui o palestina, señala la importancia de que los alimentos lleguen a los países del norte con un distintivo adecuado. "Es esencial para los derechos del consumidor. La trazabilidad sirve para que los ciudadanos puedan conocer realmente de dónde vienen los alimentos; esto implica poder cuestionarse qué está ocurriendo en el lugar en el que se han producido, en este caso una ocupación, y poder decidir si va a contribuir con su compra a dicha ocupación y a la vulneración del derecho internacional, o si va a realizar una compra más responsable", indica la experta.

Por ley, el ciudadano europeo tiene derecho a saber la procedencia de los alimentos por cuestiones éticas y morales

El reglamento 543/2011 de la UE hace hincapié en la obligación de que las frutas y hortalizas importadas por Europa desde otras regiones del mundo deben llevar la indicación "de forma legible y clara" de la información relacionada con el país de origen. Además, la Ley de Información al Consumidor de la UE pone de manifiesto que cualquier ciudadano debe tener el derecho a saber la procedencia real de cualquier alimento por razones éticas o morales relacionadas con la forma en la que se ha podido cultivar. Las dos normativas estarían siendo vulneradas por Europa, pero también por la mayor parte de los Estados miembros, que no han diseñado leyes para prohibir el comercio con zonas marcadas por conflictos de ocupación.

Este diario ha preguntado al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca si tiene algún mecanismo para detectar qué productos que llegan de Marruecos han sido cultivados en territorio ocupado. El gabinete dirigido por Luis Planas no se ha querido pronunciar al respecto.

Consecuencias negativas para el campo español

La producción marroquí de tomates en el Sáhara Occidental tiene consecuencias directas en el campo español. Andrés Góngora, responsable de la sección de Frutas y Hortalizas de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), denuncia que la colonización agraria permite bajar aún más los precios de los productos, lo que supone una competencia desleal a la que pocos labradores pueden enfrentarse. "El caso de Andalucía es bastante claro. Allí el tomate llegó a ser hace veinte años el principal cultivo en superficie durante el invierno y ahora se ha relegado a una cuarta o quinta posición".

El portavoz de COAG recalca que es en invierno cuando a los profesionales del campo español les resulta más difícil competir con las importaciones que llegan desde Marruecos. "El problema no tiene que ver con los cultivos destinados a consumo local, sino con los que se producen en España para exportar al resto de Europa. Es imposible competir con una producción que se hace de una forma más barata y con pocos controles, desde muchos ámbitos". 

Aunque intervienen otros factores, como la llegada de una mayor variedad de cultivos a España, la presión de esta "competencia desleal" tiene su reflejo directo en las estadísticas oficiales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El peso del tomate marroquí –con parte de producción saharaui camuflada– en el mercado europeo se puede relacionar con una caída del 19% de las exportaciones españolas al resto del continente en los últimos cinco años. La superficie de cultivo ha pasado de los 6,8 millones de hectáreas a las 4,9 millones de hectáreas en la última década.

El 14% de los tomates que llegan a Europa como origen marroquí son producidos ilegalmente en el Sáhara

La superficie de cultivo destinada al melón en España, por su parte, ha sufrido una caída radical en los últimos diez años, pasando de abarcar 31.900 hectáreas en 2009 a 19.700 en 2019. En cuanto a los datos de exportaciones internacionales, no se disponen de datos concretos sobre este producto, ya que el Ministerio los aglutina junto a las ventas de sandías, una fruta con poco peso en el campo saharaui.

"El tema del etiquetado es algo que indirectamente nos penaliza a nosotros. Es una cuestión importante de acercamiento a los consumidores europeos, el saber el origen exacto. Que no se esté poniendo correctamente y que se permita que Marruecos use la agricultura como estrategia de colonización nos demuestra que puede haber muchas otras cosas que se nos escapan en lo que se refiere a los controles de calidad de los alimentos que puedan llegar", denuncia Góngora. "No tenemos noticias de que el Gobierno vaya a poner en marcha una campaña para verificar la procedencia real de los productos y tampoco de que Europa lo vaya a hacer".

El etiquetado y la ilegalidad del acuerdo UE-Marruecos

El pasado 29 de septiembre, el Tribunal General de la Unión Europea dictaba una sentencia histórica que anulaba el acuerdo comercial entre la UE y Marruecos sobre todos aquellos productos que provengan de recursos originarios del Sáhara Occidental. Se reconocía de esta forma que el Frente Polisario era el representante legítimo del pueblo saharaui y que este debería ser el órgano interlocutor con quien Bruselas debería negociar los asuntos pesqueros y agrícolas.

Pese a ello, el distintivo alimentario de origen saharaui no llega. Arabi, representante del Frente Polisario, declara que tras la sentencia no ha habido ningún acercamiento por parte de las instituciones europeas y españolas para negociar acuerdos comerciales sobre los recursos del Sáhara Occidental. De hecho, Bruselas ya ha presentado un recurso sobre la sentencia del TGUE con el apoyo de España y Francia. "Nuestra postura es la de seguir negociando para llegar a acuerdos, tanto para esto como para que los pescadores puedan faenar en nuestras aguas. Buscamos ofrecer un acercamiento para los países y empresas que deseen actuar con garantías y con la seguridad de cumplir el derecho internacional", explica el diplomático saharaui, que incide en la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática sobre sus recursos naturales.

La idea de un etiquetado para el Sáhara enlaza con la necesidad obligada por esta sentencia histórica de establecer acuerdos directos entre el Polisario y la UE, sin contar con Marruecos. Esto es algo que ya se ha dado con otras zonas en conflictos similares como Palestina, donde la UE aprobó en 2015 incluir un etiquetado específico que hiciera referencia a los territorios ocupados por Israel. Existen otras medidas específicas como el proyecto de ley presentado este mes de noviembre en Finlandia que busca prohibir el comercio de alimentos que hayan sido producidos en asentamientos ilegales ante las Naciones Unidas.

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