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Samba Martine Arranca el juicio por la muerte de Samba Martine más de siete años después y con varios imputados huidos de la Justicia

La mujer congoleña falleció tras una larga agonía en el CIE de Aluche, donde estuvo 38 día recluida. A pesar de su debilidad y la grave infección que sufría, no se la trasladó al hospital hasta seis horas antes de su muerte. Dos de los tres profesionales que la atendieron están fuera de España y se les ha perdido la pista.

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Protestas en el CIE de Aluche. EFE/Archivo

Cuando el juez ya jubilado Ramiro Gracía de Dios asegura que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) son "espacios de impunidad policial y de sufrimiento para las personas internadas" es difícil imaginarse hasta qué punto es así. El lo sabe bien, fue juez de control del CIE de Aluche desde 2009 hasta el año pasado. Estos espacios, considerados cárceles racistas por gran parte de la sociedad civil, son tan opacos que es prácticamente imposible saber lo que ocurre allí dentro hasta que ya es demasiado tarde. 

Eso le ocurrió a Samba Martine, una mujer congoleña que murió de una forma cruel, agonizando tirada en el suelo del comedor del centro, después de pasar 38 días encerrada en el CIE madrileño. La vida de Martine se apagó un 19 de diciembre de 2011, pero no se conoció inmediatamente. Se la llevó una criptococosis, una infección pulmonar que ningún médico del CIE detectó, a pesar de sus insistentes 11 visitas al servicio sanitario del centro. Nadie detectó esa infección, tampoco averiguaron que la mujer era seropositiva. Un simple análisis de sangre hubiera revelado este dato clave. También habría valido pedir su informe médico al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, por donde pasó antes de que se que la trasladara a la capital. Samba Martine no había cometido ningún delito, simplemente el CETI —donde hay cierto mayor grado de libertad, si es que se le puede llamar así— estaba abarrotado.

La fallecida en el CIE de Aluche Samba Martine.

La mujer quería llegar a Francia, pero murió en el Hospital 12 de Octubre, al que fue trasladada sólo seis horas antes, cuando poco ya podía hacerse por salvarla. Casi ocho años después, el juicio penal por su muerte comienza este lunes, aunque poca justicia puede esperarse. Dos de los tres profesionales sanitarios del CIE que la atendieron —o desatendieron, según la acusación particular y la acusación popular— están prófugos de la justicia.

Uno se llama Jaime Evaristo Ojeda Rojas, y era uno de los médicos del CIE. Otra se llama Yordanka García Casanova, era la "enfermera que la desatendió en sus últimas 48 horas de vida", explican en el manifiesto "Justicia para Samba" las organizaciones Plataforma CIEs NO Madrid, Proyecto iusmigrante, Pueblos Unidos – Servicio Jesuita a Migrantes, Red Interlavapies y Red Solidaria de Acogida; que han convocado una protesta a las puertas del juzgado este lunes a las 11.30 horas. "Están huidos de la justicia y previsiblemente sólo comparecerá uno de los procesados, Fernando Hernández Valencia [otro de los médicos del CIE] . En estas condiciones difícilmente la familia de Samba pueda obtener la Justicia que merece, y que el Estado español le debe", lamentan. Tampoco se sentará en el banquillo la directora del servicio de Sermedes S.L, la empresa privada de salud que, entonces, se ocupaba del servicio médico de todos los CIE del país

"Los responsables están huidos de la justicia y previsiblemente sólo comparecerá uno de los procesados"

Las organizaciones que durante casi ocho años han peleado para que este caso no caiga en el olvido consideran que el proceso judicial ha sido "lento y tardío" y ha permitido, no sólo que los presuntos responsables se hayan esfumado, sino que se les haya perdido la pista a varios testigos, algunas compañeras de celda de la víctima que dieron testimonio del calvario que atravesó Martine.

El informe de Cruz Roja

"El domingo 18 de diciembre, sobre las 9:30 horas, una de las mediadoras observó cómo dos internas ayudaban a Samba a subir las escaleras para acceder al servicio médico. Apenas podía tenerse en pie. El doctor aún no había llegado a la consulta, la enfermera le suministró un ansiolítico… Nuevamente, fue ayudada por sus compañeras para bajar hasta la sala, donde se tumbó en el suelo. No vio al médico", quedó registrado en un informe de la mediadora de Cruz Roja, la única organización que, en aquel momento, tenía permitida la entrada al CIE. "Por la tarde, la mediadora notó que su estado había empeorado. Estaba tumbada en el suelo, tapada con mantas y quejándose del humo de la sala que le impedía respirar [...] La mediadora subió al servicio médico para informar a la enfermera del empeoramiento de Samba. La sanitaria refirió que no podía hacer nada más [...] Tiempo después, la mediadora insistió nuevamente, sin éxito", prosigue el informe

Al día siguiente, Marine amaneció "desorientada, sin apenas poder hablar y descalza", según este mismo informe. Fue cuando, por primera vez, alguien pensó que debía ser llevada a un hospital, pero antes tenía que bajar una escaleras. "En varias ocasiones estuvo a punto de caer, puesto que le faltaban las fuerzas y se quedaba sentada en los escalones. En el segundo tramo de escaleras, un agente que pasaba por allí y vio la escena ayudó a coger a la mujer para poder sacarla del centro y montarla en el coche policial. Varios agentes manifestaron que no comprendían cómo no se había llamado a una ambulancia, viendo el mal estado en que se encontraba Samba", refiere el informe de Cruz Roja.

"Era mujer, migrante, negra y pobre. Y seguramente eso fue determinante para que se olvidaran de ella"

Su caso puso por primera vez el foco mediático en los CIE, aunque poco ha cambiado desde entonces. "Era mujer, migrante, negra y pobre. Y seguramente eso fue determinante para que se olvidaran de ella", explican lar organizaciones en el manifiesto. "A la luz de los hechos nada funcionó en la obligación de custodia que tiene el Estado para con las personas que encierra. Ni la medicaron en Melilla, ni informaron de su estado al pasar al CIE de Aluche y, una vez aquí, ni siquiera se tomaron la molestia de trasladarla a un hospital sino hasta que su muerte fue inevitable", sentencian.

Meses después de su muerte, el Juzgado de Instrucción número 38 de Madrid decretó el sobreseimiento y archivo del caso tras la denuncia de la madre de la fallecida y las asociaciones SOS Racismo y Ferrocarril Clandestino. El juez no vio delito penal en que se le diagnosticara adecuadamente. No apreció negligencia. Sin embargo, en 2014, las acusaciones lograron que el caso se reabriera. La Audiencia Provincial entendió que el archivo fue prematuro, que no se había investigado lo suficiente. Admitió los recursos.

"La instrucción ha sido muy costosa y muy lenta. No hemos visto interés real ni por parte del juez instructor ni por la Fiscalía, que no ha pedido ninguna diligencia", explican fuentes jurídicas cercanas a las acusaciones. Lamentan que la ausencia de varios de los presuntos responsables vaya a impedir que se arroje luz sobre los "tratos degradantes" que sufrió Martine el fin de semana previo a su muerte.

"Las reiteradas violaciones de derechos humanos y la impunidad que las ampara son el caldo de cultivo propicio para que un día cualquiera tengamos que lamentar la muerte de una nueva Samba, o Aramis, Idrissa, Mohammed o Jonathan, todas personas fallecidas mientras sufrían reclusión en uno de estos centros", denuncia el manifiesto. Mientras Martine espera justicia, ya enterrada en el cementerio Sur de Madrid, las denuncias de posibles torturas siguen planeando en el CIE que la vio morir.

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