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Samba Martine El Gobierno asume la responsabilidad del Estado en la muerte de Samba Martine en el CIE de Aluche

El Ministerio de la Presidencia concluye que hubo "mala praxis" y atención "deficiente" por parte de la empresa adjudicataria de los servicios médicos del CIE madrileño y descoordinación entre los ministerios de Interior y Trabajo antes de trasladar a la mujer al hospital el día antes de su fallecimiento en 2011. La familia, que interpuso una demanda de responsabilidad patrimonial hace ocho años, será indemnizada más de un año después del juicio penal en el que no hubo condenados.

Un retrato de Samba Martine durante la concentración a las puertas del juzgado donde tiene lugar el juicio por su muerte en 2011, tras pasar 38 días encerrada.- MARTA JARA / EUROPA PRESS
Un retrato de Samba Martine durante la concentración a las puertas del juzgado donde tiene lugar el juicio por su muerte en 2011, tras pasar 38 días encerrada.- MARTA JARA / EUROPA PRESS.

jairo vargas

Casi nueve años después de la agónica muerte de Samba Martine tras pasar casi 40 días encerrada en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Aluche, en Madrid, su familia obtiene un poco de justicia. El Ministerio de la Presidencia ha resuelto de forma favorable una demanda de responsabilidad patrimonial formulada hace ocho años por la familia de esta mujer congoleña, que murió después de 39 días privada de libertad en el CIE madrileño y tras diez visitas al servicio médico del centro por fuertes dolores sin que le realizaran pruebas ni la trasladaran al hospital hasta el día en que murió.

La resolución concluye que Martine fue víctima de una mala coordinación de las instituciones responsables, entre las que están el Ministerio del Interior (de quien depende el CIE de Madrid), el entonces Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social (que gestionaba el CETI de Melilla, por donde pasó la fallecida en 2011 y le fue detectado el VIH) y la empresa SERMEDES S.L. (responsable del servicio de atención médica del CIE de Aluche en aquel momento), a la que se le achaca "mala praxis" en la atención a la mujer.

Según este documento, la cadena de errores que llevaron a la muerte de Martine son responsabilidad compartida de las tres partes, que tendrán que indemnizar a la hija y de la madre de la víctima según los baremos previstos en la ley.

Las conclusiones de Presidencia destacan que la "ausencia de coordinación" entre los Ministerios de Interior y Trabajo contribuyó a la deficiente atención médica que Martine recibió en el CIE de Madrid por parte de SERMEDES. Se refiere al historial médico de Martine tras su paso por el CETI de Melilla, una 
"información trascendental", dada la grave enfermedad que padecía.

En Melilla se detectó, tras un análisis clínico, que era portadora del VIH, pero esta información nunca se remitió al CIE de Aluche, a donde fue trasladada meses después para proceder a su expulsión del país. Tampoco fue requerida por este CIE a pesar de las numerosas visitas al servicio médico.

Por otra parte, el Gobierno también reconoce que hubo "mala praxis y desatención" por parte de SERMEDES. "Hubo una deficiente actuación en la prestación del servicio médico, ya que ninguno de los facultativos consideró conveniente realizar un análisis clínico a la interesada a pesar de las numerosas dolencias que padecía", puntualiza la resolución, que también incide en que solo se le facilitó intérprete en una de las diez ocasiones en las que la mujer solicitó asistencia médica.

Martine murió en el hospital como consecuencia de una infección grave que podría haber remitido con un tratamiento adecuado, según su autopsia. Pero en el servicio médico del CIE apenas se le suministraron analgésicos para calmar los fuertes dolores que acabaron en una agonía fatal.

Un juicio sin condena

Es la única justicia y reparación que obtendrá la familia de la mujer, cuyo caso se convirtió en  símbolo de la desprotección y opacidad que envuelve a los criticados CIE. En junio de 2019 tuvo lugar el juicio por responsabilidad penal contra dos médicos y una enfermera que atendieron a Martine en el CIE. Tan solo se sentó en el banquillo uno de doctores acusados, ya que los otros dos imputados nunca fueron localizados en España.

Aunque el juez consideró probado que el trabajo de los acusados contribuyó al fallecimiento y que la descoordinación institucional fue "muy relevante" en la desatención de Martine, el acusado fue absuelto.

Las entidades sociales que han trabajado en esta larga causa judicial y han apoyado a la familia de la víctima se han mostrado "satisfechas" con la resolución de Presidencia  "por cuanto tiene de reparación a la familia de Samba y también a su recuerdo", y piden que "sirva para evitar casos como el de Samba en el futuro". Sin embargo, critican que "nueve años después de su muerte, sigue sin existir un protocolo que garantice la correcta derivación de la información médica entre los CIE y los CETI. "La muerte de Samba no fue un trágico accidente, sino consecuencia de una política migratoria que excluye, expulsa y convierte las fronteras en cementerios", han asegurado en un comunicado.

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