El juzgado de Instrucción número 3 de Santiago de Compostela ha retomado la investigación por la muerte de varios pacientes de hepatitis C con la declaración de uno de los médicos que denunciaron que el Servicio Galego de Saúde (Sergas) les había negado el tratamiento que precisaban retrasándolo injustificadamente. La instrucción del caso, por el que el fiscal acusa de seis delitos de homicidio imprudente a dos altos cargos del Sergas, estuvo paralizada durante varios meses por la huelga de funcionarios gallegos de la administración de justicia.

El doctor Evaristo Varo, catedrático de Cirugía de la Universidade de Santiago y jefe de la Unidade de Cirugía Abdominal del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, ratificó ante el juez la denuncia que interpuso en el año 2014 la asociación Batas Blancas, de la que hoy es presidente. En ella, la asociación aseguraban que los obstáculos que puso el Sergas a la administración de los fármacos que esos pacientes precisaban acabaron provocando su muerte.

Los hechos sucedieron en el 2014. A principios de ese año, la Agencia Española del Medicamento había documentado la efectividad de dos nuevos medicamentos que combatían la hepatitis C, el sofosbuvir y el daclatasvir, que lograban notables mejoras en la salud de los enfermos a las pocas semanas de iniciarlo. Poco después, el Ministerio de Sanidad recomendó a las comunidades autónomas que incluyeran los nuevos compuestos en el listado de medicamentos financiados por el sistema público de salud, para suministrárselo a pacientes que cumplieran determinados criterios: que estuvieran en lista de espera para un trasplante de hígado, que hubieran recibido ya un trasplante pero que hubieran sufrido una recidiva de la enfermedad, o que padecieran cirrosis y tuvieran una esperanza de vida inferior a doce meses.

Recortes y tratamientos costosos

El coste de los tratamientos por cada persona afectada rondaba los 60.000 euros, aunque algunos laboratorios aceptaron renegociar el precio y financiar la mitad. Las comunidades autónomas empezaron a adquirir y suministrar los fármacos, aunque en Galicia, donde la Xunta de Feijóo llevaba varios ejercicios aplicando notables recortes al presupuesto del Sergas –en el 2014 contaba con menos de 3.400 millones de euros, frente a los 3.547 del 2011-, no sucedió así.

“El Sergas se saltó el protocolo del Ministerio de Sanidad de forma arbitraria, sin argumentos ni pruebas científicas que avalasen esa decisión”, asegura Varo, que narró ante el juez los obstáculos burocráticos y administrativos con los que se topó para que la Xunta aprobara a tiempo los tratamientos que prescribía. Al menos tres de sus pacientes murieron sin recibirlos y otros tanto en A Coruña y Vigo, aunque él cree que. pueden ser muchos más en toda Galicia.

“Nunca se sabrá cuántos. Porque dadas las dificultades para que los aprobaran, algunos médicos incluso renunciaron a pedirlos a pesar de que sabían que funcionaban”, afirma. También recuerda que el Sergas llegó a notificar la aprobación de un tratamiento cuando el enfermo había fallecido hacía varios meses. Y que otro de sus pacientes estuvo a punto de morir sin recibirlo. El Sergas sólo se avino a proporcionarle la medicina que necesitaba cuando Batas Blancas amenazó con acudir a los tribunales si no la recibía de inmediato.

La Fiscalía denuncia mala praxis

La Fiscalía relaciona al menos seis de las muertes con la mala actuación de la administración sanitaria. Y considera responsables por homicidio imprudente a Félix Rubial, por entonces director de Asistencia Sanitaria del Sergas, y a Carolina González-Criado, subdirectora de Farmacia del organismo. El juez también acusa a ambos de prevaricación administrativa. Pero la Xunta sigue considerando que su actuación fue correcta, y su presidente, Alberto Núñez Feijóo, incluso los ha defendido desde la tribuna del Parlamento autonómico.

Rubial es hoy gerente del área sanitaria de Vigo, la más importante de Galicia. Y González-Criado estuvo a punto de ascender a subdirectora de Farmacia del Ministerio de Sanidad de Dolors Monserrat poco antes de que la moción de censura de Pedro Sánchez tumbara al Gobierno de Mariano Rajoy.

A pesar de la contundencia de la declaración de Evaristo Varo, el Sergas sigue considerando que su actuación fue correcta, y que ha quedado “acreditado” que su subcomisión de Farmacia tomó las decisiones oportunas y adecuadas para “garantizar un acceso homogéneo e igual para toda la ciudadanía a estos nuevos medicamentos”. También niega que los retrasos y dilaciones se basaran “en razones presupuestarias”.

Sin embargo, el portavoz de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, Enrique Costas, considera que la instrucción judicial ha dejado claro que existen indicios suficientes de que se produjeron “retrasos injustificados e injustificables” en el suministro de los medicamentos, y que la investigación no se refiere sólo a las seis muertes en las que la Fiscalía considera que hubo homicidio imprudente, sino a un total de doce casos documentados de los que al menos ocho terminaron con el fallecimiento del paciente.

Costas mostró su confianza en que el caso derive en la apertura de juicio oral “para que esto no vuelva a suceder”. La misma opinión mantiene Evaristo Varo, quien subraya que la denuncia de Batas Blancas no tuvo ni tiene por objeto “atacar” al sistema público de salud, como ha asegurado la Xunta de Feijóo, sino, al contrario, “defenderlo”. “No puede volver a suceder. Ni con el PP, ni con el PSOE, ni con Ciudadanos, ni con Podemos. El sistema de salud no es de los partidos, es nuestro, de quienes lo sostenemos con nuestros impuestos”.