El secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, ha propuesto a las comunidades que se exija al menos seis meses de presencia efectiva en una región para que un inmigrante irregular pueda acceder a la asistencia sanitaria.

Es una de las principales condiciones que se incluyen en el borrador que el Ministerio ha redactado para modificar el decreto redactado por la anterior titular, Ana Mato, que dejó a los 'sin papeles' sin derecho a la asistencia sanitaria, salvo urgencias, pediatría y maternidad. Ahora el Gobierno busca ampliar la atención médica al colectivo y conseguir que sea homogénea en todo el territorio, aunque el nuevo texto no está exento de condiciones, entre otras que los inmigrantes que soliciten atención médica se encuentren en "situación de vulnerabilidad o exclusión" y figurar en un registro del sistema.

Moreno, que ha presentado a las comunidades autónomas la propuesta del Gobierno en la Comisión de Prestaciones del Consejo Interterritorial del SNS, ha garantizado que la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, del Ministerio del Interior, no tendrá acceso a los datos de los ciudadanos que soliciten esta atención y queden registrados en la base de datos del Sistema Nacional de Salud (SNS). Según Moreno, el principal problema es cómo abordar la redacción de la normativa para evitar el turismo sanitario.

Ahora Sanidad da quince días a las comunidades para que hagan sus alegaciones "constructivas" a la propuesta.

Reacciones

Frente a estas propuestas, algunas comunidades ya se han pronunciado. El consejero de Presidencia y Justicia y portavoz del Gobierno madrileño, Ángel Garrido, ha insistido en que se debe dar atención sanitaria a todas las personas que la necesiten "más allá de otras consideraciones" y ha confiado en una solución conjunta para todas las comunidades en este asunto.

El Gobierno Vasco, por su parte, ha pedido al Ejecutivo central que derogue ya el Real Decreto Ley que dejó sin prestaciones sanitarias a los inmigrantes ilegales y ha rechazado la creación de un registro exclusivamente para este colectivo por considerarlo "discriminatorio, innecesario y falto de ética".