El Defensor del Pueblo cree que la pandemia ha evidenciado las carencias y fragilidades del Sistema Nacional de Salud y de las residencias y ha puesto de manifiesto "el protagonismo" de lo público, por lo que ha exigido medidas urgentes para evitar que se repita la tragedia de 2020.

En su informe anual, presentado este jueves en las Cortes, el Defensor en funciones, Francisco Fernández Marugán, alerta de que el impacto de la covid-19 puede prolongarse en el tiempo si no se adoptan medidas para atajar efectos como el colapso de los servicios sanitarios y las demoras en la tramitación de prestaciones por desempleo y del ingreso mínimo vital o en la justicia.

La memoria se publica poco antes de que expire el estado de alarma el próximo 9 de mayo y coincide precisamente con el debate abierto por el escenario que ello dibuja ahora en las comunidades y los planes que tienen que diseñar para contener al virus sin este paraguas de excepción que lleva vigente desde finales de octubre.

La institución ve constitucional que las comunidades acuerden, con la legislación vigente y sin necesidad del estado de alarma, medidas de protección de salud pública que "supongan limitaciones temporales de derechos fundamentales de alcance general", y avala que lo hagan "siempre que justifiquen adecuadamente, en cualquier caso, su necesidad, idoneidad y proporcionalidad" de las mismas.

En 2020 el Defensor del Pueblo tramitó 29.335 expedientes (un 41,5% más que el año anterior), la mayoría (28.020) quejas, frente a 909 recursos de inconstitucionalidad y 406 actuaciones de oficio, y principalmente procedían de madrileños (7.362), catalanes (3.138), andaluces (3.117) y valencianos (2.917).

Residencias y Sanidad

Marugán ha exigido revisar el modelo de residencias y reorganizar con mayores inversiones el sistema sanitario después de la "tragedia" del coronavirus, agravada por carencias estructurales y debilidades crónicas que lleva denunciando años, y ha pedido cambios en la atención a enfermos, mayores y dependientes para evitar otro "colapso".

El objetivo: que haya un número suficiente de plazas y una atención de calidad, "centrada en el individuo, su dignidad y sus derechos", para lo que apuesta por centros más pequeños y domésticos y urge a las comunidades a reforzar los servicios de inspección, a elevar las ratios obligatorias de personal de atención directa y a regular la presencia de profesionales sanitarios. Porque falló la atención sanitaria, pero también la propia organización de las residencias, "sin planes eficaces de contingencia, con plantillas muy ajustadas y con infraestructuras y recursos materiales básicos y en muchos casos insuficientes". 

A los poderes públicos, el Defensor les exige no relajar el cuidado de la sanidad, una gestión "eficaz y coordinada" de los recursos humanos y materiales "y creer en el sistema público sanitario". Para ello, incide el informe, hay que "invertir más" y "de forma más inteligente", pero también se debe revisar el modelo organizativo para aumentar la eficiencia del sistema, de cuyas fragilidades eran conscientes todas las administraciones desde "hace mucho tiempo", si bien "ninguna afrontó con la previsión, planificación e inversión suficientes".

Y cree que las comunidades deben seguir incrementando sus recursos propios de salud pública y de vigilancia epidemiológica para amortiguar el impacto de las nuevas olas, además de reclamar que se refuerce también la estructura hospitalaria.

Empleo y Seguridad Social

Las quejas por la tramitación de prestaciones por desempleo y del ingreso mínimo vital (IMV) se triplicaron en 2020, según explica el Defensor, que reclama al Gobierno más recursos y que agilice y simplifique las gestiones "aprovechando la experiencia acumulada durante estos meses".

El informe incide en los problemas de saturación en el sistema de cita previa de la Seguridad Social y en la necesidad de refuerzo de medios personales y materiales, así como en el retraso en la resolución de expedientes administrativos y ausencia de reconocimientos médicos presenciales en casos de incapacidad, bajas, por covid-19 o en el reconocimiento y abono de la prestación por nacimiento y cuidado de hijos.

Migración

Fernández Marugán se ha mostrado preocupado por la atención y acogida que se presta a los menores extranjeros no acompañados que llegan a España, así como por los procesos administrativos que se siguen con ellos, ya que no se tiene en cuenta el interés superior del menor.

En 2020 llegaron 9.030 menores, de los que más de 2.000 arribaron a Canarias, donde los servicios de protección de menores autonómicos tuvieron que asumir en solitario el reto de gestionar su acogida, recuerda el Defensor, que denuncia la "excesiva demora" en algunas comunidades para asumir su tutela.

Prisiones

El Defensor felicita al Ministerio del Interior por las medidas adoptadas para contener el virus en las cárceles. Destaca la eficacia de las precauciones para impedir o limitar los contagios y la información a los internos, en tanto que respalda y defiende un aumento del uso de la videoconferencia para compensar la supresión de visitas presenciales.

Este éxito se lo atribuye también a los propios presos, un total de 55.603 al finalizar el pasado año y después de que desde el inicio del estado de alarma se haya conseguido reducir en unos 3.000 reclusos,

Justicia

El Defensor destaca que los retrasos que padece el sistema "se han visto agravados por la pandemia", con el cierre de oficinas y el teletrabajo de sus funcionarios, que ha acabado con una presencialidad necesaria en los procedimientos orales, y muestra de nuevo su preocupación por la demore de expedientes de nacionalidad por residencia.

Insiste en la necesidad de adoptar medidas para resolver estas demoras y evitar "los enormes perjuicios" que conlleva el que los ciudadanos esperen largos años para obtener la nacionalidad; "esta situación debe finalizar y para ello es imprescindible una financiación económica suficiente", añade.

Seguridad ciudadana

El Defensor revela que en 2020 aumentaron las quejas ciudadanas sobre malos tratos policiales (38 frente a 17 de 2019) y de trato incorrecto de los agentes (206 frente a 89), un incremento que también se ha percibido en las reclamaciones remitidas a esta oficina sobre la libre circulación durante el estado de alarma.

Concluye además que la ley de Seguridad Ciudadana no es la más idónea para afrontar una situación excepcional como el estado de alarma e insta a que en la "aplazada y necesaria" reforma de esta norma se tenga en cuenta.

Educación

La pandemia ha mostrado "un estancamiento de la función de ascensor social, que la educación venía realizando, poniendo al descubierto el carácter limitador con el que actúa", y ha evidenciado la necesidad de reforzar las ayudas a las familias con dificultades.

Entre las mayores preocupaciones expresadas figura el impacto académico por la suspensión de las clases presenciales y no disponer de medios y conocimientos para seguir el curso de forma telemática.