La Ley de medicamentos habilita a recetar a enfermeras y fisioterapeutas y aparca la reforma del copago

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el anteproyecto de la nueva ley de los medicamentos y productos sanitarios, una reforma que supone un importante cambio en la política farmacéutica española. Entre las principales novedades destacan la autorización para que personal de enfermería y fisioterapeutas puedan prescribir determinados fármacos, así como la posibilidad de que los farmacéuticos sustituyan medicamentos en caso de desabastecimiento.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha explicado que la nueva norma persigue "modernizar el ecosistema de los medicamentos", adaptarlo a las lecciones aprendidas durante la pandemia —en términos de autonomía y reservas estratégicas— y garantizar la sostenibilidad del sistema sanitario.

Este anteproyecto, que reforma la legislación vigente desde 2015, prevé llegar al Congreso de los Diputados antes del verano y, de aprobarse, cambiará significativamente la manera en que se prescriben y dispensan medicamentos en España. Uno de los cambios clave será la modificación del Real Decreto 954/2015 para incluir a enfermeras y fisioterapeutas entre los profesionales con capacidad de prescripción.

También se contempla una medida largamente demandada por el sector farmacéutico: en caso de que un medicamento recetado no esté disponible, el farmacéutico podrá sustituirlo por otro equivalente sin que el paciente deba volver al médico. Esta sustitución se hará siempre dentro de una lista oficial de medicamentos intercambiables.

La nueva norma refuerza la prescripción por principio activo, es decir, por el componente farmacológico principal, en lugar de por nombre comercial. Así, el farmacéutico deberá dispensar el medicamento más barato de entre los autorizados, aunque el paciente podrá optar por otro dentro de una horquilla de precios, abonando la diferencia si es necesario.

Otra novedad destacada es la creación de la categoría de medicamento de primera prescripción, que permitirá a los pacientes crónicos retirar sus tratamientos directamente en la farmacia sin necesidad de acudir cada vez al médico para renovar la receta.

En el plano económico, la ley introduce un nuevo sistema de precios seleccionados que sustituye al actual sistema de precios de referencia. Este modelo establece una horquilla de precios financiados por el Sistema Nacional de Salud, permitiendo a los laboratorios competir dentro de ese margen y facilitando un suministro más diverso de medicamentos equivalentes.

La ministra García ha defendido este nuevo modelo como una herramienta para fomentar la competencia entre medicamentos innovadores, genéricos y biosimilares, evitando la rigidez del sistema actual. Además, las compañías podrán presentar ofertas de precio cada seis meses, lo que dará más dinamismo al sistema.

La ley también prevé un paquete de medidas para asegurar el abastecimiento de medicamentos estratégicos, con capacidad para que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) actúe en toda la cadena —desde la producción hasta la distribución— e incluso aplique medidas fiscales para garantizar el acceso a estos fármacos.

La reforma del copago, excluida del texto

Sin embargo, uno de los puntos más esperados, la reforma del copago farmacéutico, ha quedado fuera del anteproyecto aprobado. Esta modificación, que pretendía ajustar la aportación del paciente según sus ingresos, ha sido aplazada a fases posteriores de la tramitación por la necesidad de coordinarse con otros ministerios, como Hacienda e Industria.

La propuesta del Ministerio de Sanidad consistía en crear nuevos tramos de renta, con topes mensuales de aportación más bajos para quienes ingresan menos de 18.000 euros, e incrementar progresivamente el porcentaje de copago a partir de los 35.000 euros anuales, alcanzando hasta un 65% para las rentas más altas.

A pesar del aplazamiento, el secretario de Estado de Sanidad, Javier Padilla, ha asegurado que el Gobierno sigue comprometido con esta reforma y confía en que pueda incorporarse "en una segunda vuelta" en el Consejo de Ministros o durante la tramitación parlamentaria.

Desde 2012, el sistema de copago se estructura en tres tramos en función de la renta, tanto para trabajadores activos como para pensionistas, con porcentajes que oscilan entre el 40% y el 60%, y límites mensuales de aportación. El nuevo modelo buscaría hacerlo más justo y proporcional.

El anteproyecto ha sido aprobado por la vía de urgencia y estará durante los próximos 15 días en fase de alegaciones públicas, lo que permitirá que ciudadanos y organizaciones planteen mejoras o sugerencias antes de que llegue al Congreso. La intención del Gobierno es que este nuevo marco legislativo esté aprobado antes de que finalice el año.