Gregorio González Navarro (Albacete, 1964) se quedó de piedra cuando en la farmacia del Hospital General Universitario de Albacete se encontró a muchos pacientes esperando su turno para recoger los medicamentos de quimioterapia oral. Ocurrió en las pasadas navidades, tras recibir el diagnóstico de melanoma con metástasis en los pulmones. 

Este empresario albaceteño, que se ha dedicado a la hostelería, entre otros negocios, sitúa aquella primera vez en la farmacia hospitalaria como el comienzo no solo de su lucha contra el cáncer sino también de otra lucha social para evitar que "la gente se enganche al tabaco". 

Él también lo hizo cuando era una chaval y ahora, consciente de los riesgos que para la salud entraña el tabaco, pone su "granito de arena" para que aumente la conciencia social en torno al hábito de fumar, con una campaña de recogida de firmas en Change.org para exigir a las autoridades que las cajetillas lleven la fecha de caducidad o de consumo preferente. "Hay muchísima gente con cáncer y todo lo que se haga por poner el foco en las causas que lo provocan me parece imprescindible", dice Gregorio González.

"¿Por qué en las cajetillas de tabaco no se incluye la fecha de caducidad pese a que está demostrado que la tiene, es decir, que caduca y que una vez caducado es más tóxico?", se pregunta Gregorio. 

Dice que desde hace tiempo, antes de que le diagnosticaran cáncer, se dio cuenta de que "muchas veces el tabaco que compraba en el estanco estaba seco, me sabía raro. Me he documentado y he descubierto estudios científicos que alertan de que el tabaco caduca, que pasados los seis meses es más tóxico aún. Entonces, por qué los paquetes de tabaco no llevan una fecha de caducidad como todos los productos que consumimos?", se pregunta.

Uno de esos estudios lo desarrolló en España la Universidad CEU-Cardenal Herrera, que concluyó que el tabaco tiene una vida útil de entre tres y seis meses desde su elaboración, periodo tras el cual comienza una fermentación que lo convierte en más tóxico. "Establecer una fecha de consumo preferente para el tabaco podría disminuir su indiscutible efecto dañino sobre el consumidor, derivado fundamentalmente de su fermentación", es una de las conclusiones del estudio.

La petición de Gregorio en Change.org se basa en las evidencias de ese trabajo científico, difundido en 2017. Una década antes, el debate sobre si los paquetes de tabaco debían llevar incorporada la fecha de caducidad llegó incluso a la Audiencia Nacional de la mano de dos abogados valencianos.

Dos abogados frente a las tabacaleras

En 2008 los abogados Antonio Antón Blasco y Juan Fernández Requena, colegiados en València, demandaron al Ministerio de Sanidad por carecer las cajetillas de tabaco de cualquier referencia a su caducidad y/o fecha de consumo preferente, según obligada entonces la vigente Ley de Consumidores y Usuarios.

"No pedíamos indemnización de ningún tipo, solo pretendíamos que se cumpliera la ley —dice el letrado Antonio Antón Blasco a este diario—. Yo comprobaba que a veces los cigarrillos estaban secos y me di cuenta de que pese a que la ley obligaba a todos los productos a incluir una fecha de caducidad, el tabaco no la llevaba".

Estos dos abogados investigaron durante años, contactando con las empresas tabacaleras, el Defensor del Pueblo y el Ministerio de Sanidad. Comprobaron que en otros países sí que aparecía esa caducidad en las cajetillas de tabaco, como en Venezuela, Colombia, Armenia y Turquía, por ejemplo.

"El Defensor del Pueblo elevó queja al Parlamento en su informe del año 2007, mostrando su disconformidad con la actuación del Ministerio de Sanidad", indica Antonio Antón Blasco. 

Ambos letrados acabaron interponiendo una demanda contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional contra Sanidad. "Fue indignante ver que, pese a que en un informe el propio ministerio nos daba la razón, en la demanda se personó en contra de los consumidores, y por medio de la Abogacía del Estado se opuso a nuestras pretensiones", recuerda el abogado Juan Fernández Requena.

El informe de Sanidad al que se refiere este abogado está fechado el 1 de marzo de 2006 y, tal y como ha podido comprobar este diario, el ministerio, entonces dirigido por la socialista Elena Salgado, concluyó que "(...) en el etiquetado de los productos del tabaco que se ofrecen a los consumidores en el mercado minorista, deberá figurar la fecha del consumo preferente del producto". 

Además, el artículo 13.1.e) de la Ley de Consumidores y Usuarios vigente entonces obligaba a que todos los bienes y productos de consumo "deberán incorporar, llevar consigo o permitir de forma cierta y objetiva una información veraz, eficaz y suficiente sobre sus características esenciales, y al menos fecha de producción o suministro, plazo recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad". 

Los abogados explican que aportaron el informe de una catedrática de química que demostraba el deterioro que sufren los componentes de los cigarrillos pasados unos meses desde su envasado. Todo fue en vano. "David contra las tabacaleras", dice con sorna Antonio Antón. La Audiencia Nacional archivó la causa. "No nos quitó la razón, pero no entró en mayores profundidades, dando por bueno lo que el Ministerio de Sanidad decía, y que era que nos fuésemos a preguntar a la Unión Europa, que era cosa de Europa", indica Fernández Requena, que explica que no recurrieron ante el Supremo por las elevadas costas. "Estuvimos solos", subraya.

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Una reforma sospechosa

Poco después se reformó la ley para que "únicamente fuera obligatorio poner la fecha de producción o suministro, plazo  recomendado para el uso o consumo o fecha de caducidad solo en los casos en que el Gobierno aprobara un reglamento específico, cosa que no ocurre con el tabaco", explica Antonio Antón. 

No fue hasta 2017 cuando España reguló las obligaciones para la industria del tabaco en materia de presentación de los productos. El Real Decreto 579/2017, de 9 de junio, por el que se regulan determinados aspectos relativos a la fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, y por el que se transpuso una directiva europea sobre la materia, obliga a que las cajetillas dispongan de un identificador único donde debe constar, entre otros datos, la fecha y el lugar de fabricación. Pero nada dice sobre la fecha de caducidad del producto ni sobre ninguna información dirigida al consumidor respecto a plazos de consumo óptimos.

Ganan los 'lobbies'

"En la Unión Europea se rieron de nosotros—clama el abogado Antonio Antón Blasco —. Incluso nos llegaron a decir que no entendían lo que queríamos". En una de las comunicaciones oficiales que recibieron de la Comisión Europa se les dijo, como ha comprobado Público, que "los asuntos no regulados por la legislación de la UE son competencia nacional y, a falta de legislación nacional, la industria decide qué incluir en los paquetes, incluidas las fechas de caducidad". En 2014 una directiva del Parlamento Europeo reguló por primera vez la trazabilidad de los productos del tabaco para dotar de mayor seguridad a los consumidores, pero no obliga a los fabricantes a incorporar la fecha de caducidad, entendiendo el tabaco como un producto imperecedero.

La lucha de Gregorio

Igual que estos abogados valencianos, el albaceteño Gregorio González Navarro se propone visibilizar una carencia que afecta directamente a los fumadores y que de subsanarse podría tener un impacto directo en la reducción del consumo de los cigarrillos. 

Este hombre ha acudido ante todas las instancias posibles en su ciudad, después de interponer una queja ante el Servicio de Consumo de la Delegación Provincial de la Consejería de Sanidad en Albacete. La queja ha sido archivada porque la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, no establece la obligación de incluir la fecha de caducidad en las cajetillas de tabaco. No obstante, la reclamación de Gregorio ha sido derivada a la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha para que allí "realicen las actuaciones que consideren procedentes en aras de salvaguardar la salud pública", costa en la resolución.

Desde la Asociación contra el Cáncer y el Colegio de Médicos de Albacete, a la Cruz Roja y la Federación de Fútbol. Gregorio ha pedido ayuda a todas las entidades donde ha acudido con hojas para recoger apoyos; pide colaboración para difundir su campaña de recogidas de firmas y para obligar a las Administraciones Públicas a incluir el aviso en las cajetillas sobre la caducidad. 

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"Yo ahora soy consciente de lo que cuesta el tratamiento contra el cáncer, me refiero al dinero público; y veo que hay muchísima gente con esta enfermedad. Creo que, si entre todos hacemos pequeñas cosas, al final serán grandes", concluye este albaceteño.