Sardinas en lata para comer en la residencia del grupo de Florentino Pérez donde agonizó una anciana sin atención

El 10 de diciembre de 2019 una mujer de 85 años interna en la residencia pública autonómica para mayores Concepción Arenal de A Coruña murió por broncoaspiración como consecuencia de un atragantamiento sufrido horas antes. Llevaba horas con fiebre, taquicardia y la respiración alterada, pero pasó sus últimas horas de vida sin atención médica porque la empresa privada que gestionaba la residencia no había destinado esa noche al centro más personal sanitario que tres auxiliares para encargarse de cerca de 150 personas mayores distribuidas en cinco plantas. No había médicas ni enfermeras de guardia. Sólo las tres auxiliares. Cuando llamaron a un médico de la sanidad pública, ya era tarde.

Casi tres años después, y cuando aún no se ha celebrado el juicio por la muerte de la mujer, trabajadoras, residentes y familiares de internos se manifiestan cada jueves a las puertas de la residencia. Aseguran que nada ha cambiado desde entonces, ni siquiera a raíz de la investigación por un supuesto delito de homicidio por imprudencia profesional que instruye un juzgado de A Coruña, y en el que están imputados varios altos cargos y técnicos de la empresa y la Xunta de Galicia como responsable civil subsidiaria.

Cuando la anciana murió, la residencia Concepción Arenal estaba gestionada por DomusVi, propiedad del fondo buitre británico Intermediate Capital Group (ICG) y del multimillonario francés Yves Journel. Desde el pasado junio, el contratista es la firma Clece Vitam, la división multiservicios del conglomerado empresarial de otro millonario, el constructor español Florentino Pérez, dueño de ACS y presidente del Real Madrid.

Clece lleva contratas públicas de jardinería, limpieza y mantenimiento de edificios, alumbrado público, servicios aeroportuarios… También la gestión de residencias como la de A Coruña, cuyos trabajadores apuntan que desde que la Xunta se la adjudicó, la situación ha empeorado, con aún menos personal y recursos para que puedan hacer su trabajo. Es decir alimentar, acompañar y cuidar a los residentes.

"El funcionamiento de la residencia pública Concepción Arenal es la indecencia personificada", asegura Paulino Campos, presidente de REDE, la Federación Galega de Asociacións de Familiares e Usuarias de Residencias. Denuncia que durante los mandatos de Alberto Núñez Feijóo y ahora de Alfonso Rueda, la Xunta ha antepuesto los intereses de negocio del sector privado a la correcta gestión de las residencias. "Es el símbolo perfecto de la escandalosa y espantosa colaboración de las iniciativas pública y privada que domina el actual sistema de las residencias en Galicia", añade.

Campos recuerda que la Xunta paga a las sociedades de Florentino Pérez unos 1.400 euros mensuales por residente, cuando las mismas empresas cobran entre 1.965 y 2.550 euros por persona en sus centros privados de Oleiros, un municipio residencial a diez kilómetros de A Coruña, y de Vigo. "Si en estos dos centros privados se suceden las protestas de las familias por la desastrosa atención dispensada a las personas mayores, ya podemos imaginar lo que sucede en Concepción Arenal. ¿Quiénes pagan estas estrecheces? Los de siempre: las personas mayores y las trabajadoras", concluye.

Con respecto a las primeras, las quejas son continuas. En abril de 2019, seis meses antes de la muerte de la mujer, la inspección de la Consellería de Política Social de la Xunta constató en dos visitas al centro varios incumplimientos legales en los sistemas de seguridad, así como el mal estado de las instalaciones y varias deficiencias en los protocolos de aviso a las familias y de información acerca de las incidencias de salud de los internos. También se hizo eco de las denuncias de las trabajadoras sobre los excesos de jornada a las que las obliga la falta de personal y la vulneración de sus derechos laborales, que hoy, afirman, siguen manteniéndose.

El ejemplo más reciente ocurrió el pasado 16 de agosto, cuando la dirección ordenó un "menú de emergencia" a la hora de comer que consistía en sardinas enlatadas. La emergencia se debió a que no había ningún cocinero en la residencia, tal y como prueban las anotaciones en la hoja de trazabilidad y servicio de la cocina de ese día a la que Público ha tenido acceso gracias a REDE, y que acompaña este artículo.

"Esta residencia es como el Titanic, llevamos años advirtiendo de que se hunde, pero ni siquiera con un suceso tan grave como el de 2019 nos hacen caso", asegura una delegada sindical, que prefiere guardar su anonimato por miedo a represalias. Acaba de enterarse de que en el registro de jornadas de Clece, que la compañía se ha negado a proporcionar al comité de empresa, hay hasta 20 tipos distintos de jornada laboral. En el caso de una trabajadora de limpieza, se le asigna una jornada de seis minutos a la semana. "0,1 horas", tal y como consta en la información que ofrece la Xunta a través de su Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais.

Hay otros trabajadores y trabajadoras con jornadas de 8 horas a la semana; de 11,64; 14,92 ; 15 horas semanales… Público ha intentado contactar con algún responsable de la empresa para aclarar el por qué de semejantes diferencias y conocer su versión ante las denuncias de la plantilla, pero no lo ha logrado. Tampoco ha respondido la Consellería de Política Social, cuya responsable es Fabiola García.

Sólo tres meses antes del fallecimiento de la mujer que murió sin atención médica, una médico y una enfermera denunciaron la situación laboral del centro ante los juzgados de lo Social, que acabaron archivando el caso. Su abogada, Belén Canosa, es la misma que ejerce de forma altruista la acusación en la querella por homicidio imprudente cuando la residencia la llevaba DomusVi. "A los dueños, los fondos buitre, les dan igual los derechos más esenciales de los residentes. Para ellos es un negocio en el que más dinero ganan cuanto menos gastan", afirma.

La defensa de Clece alega que no había enfermeras aquella noche porque es difícil contratarlas ya que todas se van a la sanidad pública. Canosa responde que ese argumento obvia que los salarios que les ofrecen son mucho más bajos. "Si no tienes personal para garantizar la prestación de un servicio público porque no le pagas lo que debes pagarle, entonces, sencillamente, no puedes prestarlo", señala la abogada. "Economizan en personal sanitario, pero también en jabón, en sábanas, en pañales, en alimentos", concluye.

La investigación del caso, a cargo de la jueza de Instrucción número 6 de A Coruña, recoge cómo el médico que supuestamente estaba de guardia localizada no atendió las llamadas en la madrugada en la que la residente comenzó a encontrarse en estado grave; que no había enfermeras esa noche; que tan solo había tres auxiliares para cinco plantas y 150 residentes, incluso que alguno de los supuestos auxiliares no lo era en realidad porque en su currículo sólo consta un curso municipal de tres meses.

Gran parte de las diligencias de investigación han sido practicadas ya, y fuentes cercanas al caso estiman que la jueza dictará auto de archivo o de apertura de juicio oral en el primer semestre de 2023.

Mientras tanto, las circunstancias actuales empiezan a parecerse mucho a las de los meses previos a la muerte de aquella mujer. Las trabajadoras presentaron en marzo pasado una denuncia en la Fiscalía documentando que  la falta de médicos y enfermeras en el centro durante varios turnos semanales es habitual, y en septiembre pasado se dirigieron otra vez a la consellería de Fabiola García para advertirle de que la empresa estaba incumpliendo la ley y poniendo en riesgo las vidas de los usuarios.

Según un correo electrónico del pasado 26 de septiembre al que ha tenido acceso Público, la inspección de la Xunta reconoce que ha constatado las deficiencias denunciadas con respecto al personal gerocultor y de enfermería, y que ha instado a la empresa de Florentino Pérez a enmendarlas bajo la amenaza de iniciar "las acciones oportunas al respecto".

Un mes después, las trabajadoras afirman que todo sigue igual. Este jueves se manifestarán junto a los usuarios de la residencia y sus familiares, para alertar del peligro de que una persona mayor pueda enfermar de nuevo y agonizar durante horas sin que le atiendan ni un médico ni una enfermera, por culpa del interés lucrativo de una empresa que, a su juicio, incumple la ley, y con la connivencia de la administración que debería protegerles.