"Hay que lavarse las manos, la higiene es fundamental para evitar contagios". Hace más de siete meses desde que está frase se hizo cotidiana. Hay quien, por temor o por conciencia, ha tenido a bien adoptar la costumbre de poner las manos a remojo para prevenir la presencia del coronavirus. Sin embargo, la coyuntura económica derivada de la pandemia a propiciado que los índices de pobreza se disparen, poniendo a muchos en la tesitura de tener que decidir qué facturas dejar de pagar para poder vivir con lo mínimo. Ante esta situación, el Gobierno decretó, al poco de extenderse la epidemia, un escudo social con el que se prohibían los cortes del suministro de agua (además del gas y la electricidad). La medida, impulsada desde la Vicepresidencia Cuarta para la Transición Ecológica, se prorrogó hasta el 30 de septiembre.

Un mes después de que ese escudo finalizara, los colectivos sociales reclaman al Gobierno que se vuelva a articular un mecanismo que impida los cortes de suministro de agua. "Se trata de un derecho humano fundamental", comenta Santiago Martín-Barajas, activista de Ecologistas en Acción. "En estos momentos, no tener acceso a agua para beber o para lavarse puede favorecer la propagación del virus. Piensa que una familia que no puede pagar la factura, se irá a casa de algún familiar para poder acceder a este bien básico. Es decir, se moverán de sus hogares a otros en un momento en el que se recomienda que no nos movamos", denuncia.

Julia Martínez, directora técnica de la Fundación Nueva Cultura del Agua, considera que "no es aceptable" que se haya levantado el veto a la prohibición de suministros de agua en momentos tan duros. "Es un error muy grave", lamenta.

Según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), el número de cortes de agua que había antes de la crisis representaban el 0,012% de los cerca de 20 millones de contratos que hay en el Estado. Una cifra que, sin disponer todavía de datos oficiales, podría haber subido si no fuera por el escudo social que ha funcionado durante la mayor parte de la pandemia. Luis Babiano, gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento (Aeopas), señala que "ha habido un importantísimo número de impagos, ya que el espacio de la vulnerabilidad ha aumentado significativamente". No en vano, el experto reconoce que a nivel económico esos impagos que todavía no se han cuantificado no suponen una gran pérdida para las empresas que gestionan el agua del grifo, sean públicas o privadas.

Pero, si el escudo social apenas tiene repercusiones económicas, ¿qué ha llevado al Gobierno a no prorrogar la prohibición de los cortes de suministros? Para Martín Barajas, tras esta decisión hay una razón puramente ideológica que se debe a las presiones de la patronal del agua del grifo que "consideran que se lanza un mensaje negativo y se hace un llamamiento a la sociedad a dejar de pagar las facturas". "No tiene ningún fundamento económico ni de rentabilidad", expone el ecologista, uno de los mayores expertos en recursos hídricos de España.

La propia patronal del agua del grifo, Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA), ya apuntaba en esos términos en el mes de marzo, cuando, en una carta dirigida a la vicepresidenta Teresa Ribera, calificaba el veto a los cortes de suministros como "una invitación indiscriminada al impago del servicio, al margen de la condición económica real del usuario", que supone un "riesgo de insolvencia para los operadores del ciclo urbano del agua".

Este diario ha preguntado a esta organización si, tras los seis meses en los que estuvo funcionando el Real Decreto, mantienen la postura y si consideran que debe de haber alguna medida social para impedir que las personas vulnerables se queden sin acceso al agua, pero en el momento en el que se cierra esta publicación no se ha recibido una respuesta. Por su parte, desde el Gobierno argumentan que las comunidades y Ayuntamientos ya tienen competencias para regular este tipo de ayudas.

Un mínimo vital

Martínez recuerda que, más allá de las consecuencias de la pandemia, "el acceso al agua es un derecho humano reconocido por las Naciones Unidas hace diez años", por lo que resulta imprescindible que los cortes de suministros a personas en riesgo de exclusión queden prohibidos para siempre. "Bajo ningún concepto se pueden permitir los cortes, independientemente de que el servicio sea público, mixto o privado".

En España, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), los ciudadanos consumen una media de 136 litros de agua por persona y día. Una cifra ligeramente superior al mínimo vital establecido por la ONU, 100 litros por persona y día. Babiano considera que este podría ser un buen momento para atender las recomendaciones del organismo internacional y establecer una cobertura básica que permita que todas las personas puedan tener acceso al agua potable. Un ejemplo de protección social es Andalucía. Allí, el anterior Ejecutivo aprobó una disposición en que se reconocía el acceso al agua como un derecho humano y se garantizaba un mínimo vital asegurado para los ciudadanos.

Babiano reconoce que, debido a las necesidades de la pandemia, se ha pasado "del todo a la nada" con una legislación que ha hecho inquietar a la patronal, ya que "ha podido haber casos" de personas que, sin necesitar la ayuda, se han aprovechado del escudo social. En cualquier caso, el experto reconoce que la pandemia "va a seguir ahí" y por eso es necesario comenzar a legislar para establecer ese "mínimo vital" a nivel nacional, de tal forma que "se separe la arena de la paja" consiguiendo que nadie se aproveche de esta ayuda social.