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Seguridad de los periodistas El 80% de las principales amenazas a la libertad de expresión que denuncia la ONU son aplicables a España

La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información desgrana la nueva resolución de la ONU sobre la seguridad de los periodistas y afirma que la mayor parte de esas amenazas son aplicables a España. 

La 'ley mordaza' ha suscitado el rechazo de toda la oposición política y la mayoría de los profesionales de la justicia. REUTERS
Manifestación en contra de la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza / REUTERS

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El 80% de las amenazas a la libertad de expresión son aplicables a España, según establece la nueva resolución del Consejo de Derechos Humanos de Naciones. 

En el texto, que la ONU publica bianualmente, se recogen amenazas como la seguridad o juicios estratégicos contra periodistas, el "uso indebido de leyes excesivamente amplias o vagas para reprimir la expresión legítima" o "el daño que la pandemia está infligiendo al suministro de información vital para el público". 

En concreto, el documento destaca el uso de leyes demasiado "amplias o vagas para reprimir la expresión legítima, incluidas las leyes sobre difamación y calumnia, leyes sobre desinformación y desinformación o legislación contra el terrorismo y el extremismo". En cuanto a las querellas infundadas, la ONU alerta sobre la utilización de "juicios estratégicos para ejercer presión sobre los periodistas y evitar que realicen informes críticos o de investigación".

Además, se pronuncia por primera vez sobre la "denegación arbitraria e injustificada de la acreditación" de periodistas y "restricciones desproporcionadas e indebidas" adoptadas por la pandemia.

En cuanto al derecho a la información, la resolución pide que "los periodistas tengan acceso a la información en poder de las autoridades y el derecho del público en general a recibirlo a través de los medios de comunicación".

También se recoge la importancia de integrar medidas para proteger a las mujeres periodistas para "prevenir el acoso sexual y otras formas de violencia sexual y de género", así como apoyo "reparación e indemnización adecuados a las víctimas". A los políticos, pide "abstenerse de utilizar un lenguaje misógino o discriminatorio hacia las mujeres periodistas".

Esta resolución se suma al informe de la UNESCO publicado el pasado mes de septiembre, que denunció que "en los últimos años se han incrementado los casos de acoso, arresto y violencia física contra periodistas que cubren protestas", y al estudio de la Comisión Europea sobre el Estado de Derecho en la Unión Europea.

En este sentido, la secretaria general de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI), Yolanda Quintana, destaca que "en menos de un mes hemos visto cómo tres declaraciones internacionales señalan ataques a la libertad de expresión y a la libertad de prensa que ocurren casi a diario en España".

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