La séptima jornada de huelga de Ryanair dificulta la circulación prevista en el aeropuerto Barcelona-El Prat

Seis vuelos han sido cancelados y 28 registran retrasos en la séptima jornada de huelga de los tripulantes de cabina de pasajeros convocada en Ryanair por los sindicatos USO y Sitcpla para este miércoles, con el aeropuerto de Barcelona-El Prat como el más afectado.

Según ha informado USO, hasta las 9.00 horas dos de los diez vuelos suspendidos tenían salida en el aeropuerto de Barcelona, otros dos llegaban a la ciudad condal, uno realizaba el trayecto Madrid-Palma de Mallorca y otro Palma de Mallorca-Madrid. Ha habido también suspensiones de salidas en Milán y Bruselas, estas dos con destino Barcelona.

Los sindicatos exigen al Gobierno una intervención inmediata

Los retrasos han afectado en mayor medida a Barcelona (12 vuelos de salida o llegada demorados), Palma de Mallorca (4 retrasados) y Adolfo Suárez Madrid-Barajas (3 retrasos). En Alicante y Santiago de Compostela han salido o llegado con retraso 2 vuelos en cada caso, y en Ibiza, Valencia, Sevilla, Málaga y Girona, 1 en cada aeropuerto.

Los dos sindicatos mantienen los paros los días 21, 25, 26, 27 y 28 de julio en los once aeropuertos españoles donde opera Ryanair (Madrid, Málaga, Sevilla, Santander, Alicante, Valencia, Barcelona, Gerona, Santiago de Compostela, Ibiza y Palma de Mallorca)

Los sindicatos piden renegociar el convenio colectivo

Los sindicatos y tripulantes de Ryanair explican que vuelven a protestar con el objetivo de reclamar a la aerolínea "un cambio de actitud" para que vuelva a retomar la negociación de un convenio colectivo "que recoja unas condiciones laborales dignas y bajo la legislación española para sus trabajadores".

USO y SITCPLA exigen, asimismo, al Gobierno y, concretamente, a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, "que no permita que Ryanair vulnere la legislación laboral y actúe contra una empresa que no acata las sentencias judiciales, no cumple con la ley y utiliza el miedo, la coacción y la amenaza con sus empleados". "No somos trabajadores de tercera y merecemos el mismo derecho que cualquier trabajador del Estado español", reclaman.