Galicia es una de las Comunidades Autónomas más envejecidas de España; de hecho, el índice de envejecimiento poblacional ofrecido por el Instituto Nacional de Estadística para el presente 2019 la sitúa en segunda posición, tan solo superada por el Principado de Asturias y seguida muy de cerca por Castilla y León. Ante esta situación, el sistema sanitario resulta fundamental para mantener estable el área, necesitando este una gran dotación económica para poder atender la gran demanda que se genera cada día en cada una de las siete zonas sanitarias en las que está dividido el territorio.

La situación actual en los hospitales y centros de salud gallegos, no obstante, dista mucho de ser la ideal. Pese a contar con una gran cantidad de medios y servicios de gran calidad, desde todos los ámbitos profesionales sanitarios se ha denunciado un incremento paulatino y exponencial de la precarización laboral. Esta tesitura, derivada según los sindicatos de las políticas de austeridad de la Xunta tras la crisis económica de 2008 y un presunto ánimo de privatización, termina afectando de manera directa a los propios usuarios, pese a los esfuerzos de estos colectivos profesionales de ofrecer el mejor servicio posible pese a sus circunstancias.

Personal eventual

Uno de los principales problemas al que se enfrentan desde todos los colectivos que componen el sector sanitario es la temporalidad en la contratación y las dificultades que entraña para llevar una vida normal más allá del ámbito laboral. La actual configuración del sistema mantiene a muchos profesionales en una situación de dependencia de personal en sus puestos de trabajo, especialmente en los casos de enfermería y personal de cuidados sanitarios, a los cuales, denuncian, los pueden llamar en cualquier momento para cubrir vacantes sin poderse negar.

A raíz de esta situación, la entidad Enfermeiras eventuais en loita, una plataforma independiente de cualquier sindicato, ha ido ganando fuerza y notoriedad en los últimos meses, lanzando desde comienzos de verano la campaña 12 meses, 12 loitas, con la que todos los días 12 se organizan parones en hospitales y centros de salud para reivindicar unas condiciones laborales justas para el colectivo.

"Desde hace ya años estamos sufriendo un empeoramiento brutal de la calidad asistencial en parte debido por lo que en su día se impuso como una tasa de reposición en la crisis -explica Catuxa Lagarón, una de las representantes del colectivo en el área de Pontevedra-. Fundado en eso, se empezaron a amortizas plazas de gente que se jubilaba y empezó a haber cambios en la gestión de los llamamientos, de los contratos eventuales". Lagarón explica que, a partir de este momento, dichos trabajos eran cada vez de menor duración, llegando al punto de ofrecer únicamente "continuos días sueltos, que por nuestro pacto de contratación nosotros no podemos negarnos a aceptar ningún contrato que nos oferten con más de tres horas de antelación al inicio del turno". Como consecuencia, afirma, los profesionales pasan a depender de una llamada de teléfono cada día y cada hora, destacando además que hay muchos casos detectados "en los que hay gente durante diez años en las listas de contratación, con 300 o 400 contratos y que ha cotizado en todo ese tiempo como cinco años o menos".

El colectivo denunció, además, que en una comunicación de la Xunta del pasado día 12 se afirmaba que el personal fijo suponía el 88% del total de la plantilla, una cifra no correspondida por los informes de fiscalización elaborados por el Consello de Contas para los años 2015 y 2016, destacándose en este último que "los índices de temporalidad continúan siendo altos, 37,6% en atención especializada y 26,3% en primaria, observándose un incremento interanual de ellos. En el año 2015 se situaban, respectivamente, en un 34,5% y en un 23,8%".

En este sentido, el Servicio Galego de Saúde (Sergas) reconoce el gran problema generado, afirmando desde la Consellería de Sanidade que se están tomando medidas para paliarlo. Una de ellas, afirman, es la "extensión del nombramiento estatutario eventual de continuidad" al personal de enfermería mediante un acuerdo firmado el pasado mes de julio con los sindicatos Satse, UGT, CSIF y Cesm. Éste presuntamente "será de carácter voluntario y ofertado a través de las listas de selección temporal", apuntan desde el organismo, y "contempla una duración mínima de un año y máxima de tres".

Conciliación familiar

"La conciliación en esta empresa se llama Suspensión de llamamientos, que quiere decir que estás sin empleo, sin sueldo, sin cotización y sin poder sumar puntuación para las oposiciones", afirma Catuxa Lagarón, recordando que todos los profesionales en las listas de contratación aceptan esta tesitura con la esperanza de optar en un futuro por una plaza fija. Sin embargo, tal y como está la situación actual, crear una familia es extremadamente difícil.

Según una encuesta efectuada por la Asociación de Enfermería Sociosanitaria de A Coruña (Aensac) en la que se preguntó a 808 profesionales de la provincia -dando por válidas 735 del total-, se concluyó que el 89,12% de las enfermeras son mujeres, con una media de edad de 32,2 años, y que el 73,7% no tenían hijos, según Lagarón, "por su precariedad laboral".

Esta situación, no obstante, no se limita a este colectivo; una doctora de atención especializada que se incorporó al Sergas desde otra comunidad tiempo atrás y que solicitó mantenerse en el anonimato para evitar represalias -la representación sindical del colectivo es muy diferente del resto-, confirmó que la dificultad de conciliación familiar es inherente al sistema actual. "Cuando me quedé embarazada fue bastante horrible, porque seguía con este tipo de contratos -afirma la facultativa-; tuve una baja previa porque tuve problemas y claro, yo no podía trabajar pero no me hacían contratos largos". En este sentido, la profesional asegura que "en las listas del hospital me obligaban a darme de alta y tenía que estar unos días trabajando para que pudieran hacerme el contrato y luego, como seguía teniendo problemas, volver a cogerme la baja por el mismo motivo. Así estuve todo el embarazo". De acuerdo con la doctora, el Sergas establece una baja por maternidad de 22 semanas, pero para poder acogerse a ella son necesarios contratos de larga duración. La solución, afirma, pasa por la firma a posteriori de uno nuevo con carácter retroactivo una vez se ha dado a luz, fingiendo que se rubricó a lo largo del embarazo.

Sanciones

Si hay algo que se ha destacado desde todos los colectivos cuestionados es la existencia de sanciones en caso de no aceptar las cuestiones impuestas desde el Sergas. "Según nuestro pacto de contratacción estamos sometidas a cosas tan injustas como que si estás enferma y te llaman y no te puedes incorporar (...) te penalizan -afirman desde Enfermeiras eventuais-. Te quitan el contrato, no trabajas ni cotizas ese día y además te penalizan con un mínimo de quince días sin que te oferten ningún contrato".

Por parte del sector de médicos, la situación depende mayormente de la rama a la que el facultativo pertenezca, dado que va a determinar la extensión de la sanción. Tal y como explica otro doctor de medicina especializada -que también ha solicitado permanecer en el anonimato-, "si perteneces a especialidades pequeñas a ti te da igual que te penalicen porque sabes que al final te van a tener que volver a llamar, que no va a haber nadie, pero en interna, que son muchos más, pues sí". En el caso de este colectivo la mayor problemática reside a la hora de cambiar de destino y aceptar contratos de corta duración, que en la mayoría de los casos no supera los tres meses. "Intentan que la gente se quede en ciudades más pequeñas y hay veces que aunque necesiten a una persona en un sitio más grande, para proteger al pequeño no te dejan cambiarte. No te van a contratar en otro sitio porque el Sergas, entre comillas, son los mismos en todas partes y si no les interesa no te puedes mover".

Al igual que en el caso de las enfermeras, la bolsa de contratación en la que los facultativos eventuales deben estar obliga a aceptar cualquier contrato sin importar que este implique desplazarse a un área anexa a la que se está apuntado. Además, aseguran ambos médicos consultados, en caso de sufrir una baja que implique un período más largo del contemplado en dicho contrato, este se pierde a mitad de la misma.

Asistencia sociosanitaria y privatización

Otro colectivo que desde hace meses protagoniza protestas semanales a las puertas de los hospitales de toda la comunidad es el de personal de asistencia sociosanitaria. En el caso de este sector, su mayor problemática deriva de la falta de reconocimiento de sus categorías profesionales, tal y como explica Pilar López Mera, secretaria general del sindicato SAE en Galicia. "Llevamos años encuadrados en un grupo que no nos corresponde -apunta-. Desde 1967 estamos encuadrados en el que antes era el grupo D y ahora pasamos con el EBEP (10) al grupo C, pero no en el nivel que nos corresponde, que es el 3. En 2007 se publicó que había un cambio para la nueva cualificación del colectivo, que estaría encuadrado en el C1. Hace ya tiempo que debería haberse puesto en funcionamiento, pero hay una disposición transitoria, la tercera del estatuto básico del empleado público, que está sin derogar". Esto, según explican desde la central, repercute en todos los ámbitos de la profesión, desde la cotización a los salarios, pasando por las condiciones de jubilación.

"Lo que no entiendo es que el personal tiene vocación, pero los gestores parece que les interesa más la privatización -continúa-. Comenzaron por determinados servicios, como lavandería, cocina… que tuvieron que retomarlos otra vez y ponerlos públicos porque se veía claramente en determinados hospitales, como por ejemplo el de Lugo, la calidad era muchísimo menor, el servicio era nefasto… Qué mejor que cuando tienes algo público lo cuides, lo mantengas, y lo lleves a ser próspero? Sin derrochar, no hace falta derrochar. Simplemente con los recursos que se tienen y que se deben de aprovechar".