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El Gobierno de Andorra denuncia por difamación a una feminista que expuso la situación de la mujer en el país

Podrían condenarla hasta cuatro años de prisión y 30.000 euros de multa. Amnistía Internacional piden la retirada de los cargos mientras que la acusada denuncia el carácter religioso de la jefatura del Estado y la persecución al movimiento feminista en el país.

Captura de vídeo subido por su asociación.
Captura de vídeo subido por su asociación.

El Gobierno de Andorra litiga contra Vanessa Mendoza Cortés, defensora de los derechos de la mujer. Los hechos por los que la acusan de difamación se remontan a 2019, cuando la activista expuso la situación en la que se encuentran las mujeres del Principado ante expertos de la ONU. Denunció, entre otras cosas, que Andorra prohíbe el aborto libre y seguro, incluso en casos de violación a una menor, pues es uno de los pocos países del mundo donde está prohibido en todos los supuestos. Poco después, el Gobierno la denunció por acusación falsa alegando que su "prestigio y buen nombre" habían quedado en entredicho. Acusada formalmente en 2020, la Fiscalía secundó la acusación del Ejecutivo basándose en el informe que había presentado ante la Convención sobre la Eliminación de toda forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés). 

El 23 de enero de 2014, el Principado de Andorra ratificó el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En este sentido, la CEDAW organizó un foro al que invitó a la Associació Stop Violències, de la cual Mendoza es presidenta, ocasión que fue aprovechada por la interviniente para exponer cómo se vulneran algunos derechos reconocidos internacionalmente en torno a la libertad de las mujeres andorranas. En contra, una alta magistrada del Principado, Canòlic Mingorance: "Esta señora dijo muchas barbaridades, como que Andorra pagaba abortos de los fondos de la sanidad pública a las mujeres que quisieran abortar, ya fuera en Francia o Andorra", en palabras de Mendoza. 

Al mismo tiempo, la feminista se encuentra imbuida en otro proceso judicial por su activismo: "Convocamos una manifestación el 28 de septiembre de 2019 y teníamos todos los permisos. Aquí no es como en España que tan solo hace falta comunicarla, sino que te la tienen que autorizar. Justo antes de comenzar la manifestación, la Policía intentó ilegalizarla. Allí, en el momento", explica la acusada mientras muestra su repulsa a que no hayan tenido noticias del estado del proceso judicial desde que declaró en noviembre de 2019.

Acusada por el Gobierno y la Fiscalía

"A los días siguientes, el Gobierno dijo que iba a poner en conocimiento de la Fiscalía nuestras palabras en la ONU, por si constituyen un delito. Nosotras somos la primera organización civil en la historia de Andorra que va a la ONU a hablar sobre los derechos de la mujer. Tan solo expusimos cómo vivimos y las consecuencias que tiene que el aborto continúe siendo ilegal", explica la propia Mendoza. La feminista también incide en el carácter religioso del Principado, pues oficialmente es católico apostólico romano: "Toda ley que sale de nuestro parlamento tiene que ser aprobada por alguno de los dos copríncipes que tenemos en calidad de jefes de Estado en igualdad de condiciones. Estos son el obispo de la Seo de Urgel (Cataluña, España), [quien actúa de esta forma desde el siglo XI por derecho propio], y el presidente de la República francesa. Tan solo hemos hecho saber al mundo que vivimos en una teocracia, porque la Iglesia es la que decide cómo avanzan nuestros derechos", desarrolla Mendoza. 

No fue hasta el 16 de septiembre del 2020 cuando Stop Violències se enteró que la denuncia contra su presidenta había sido admitida a trámite: "Lo vimos en la prensa, se filtró, así que ahí ya hay una vulneración de nuestros derechos", expresa la feminista. Así pues, el Gobierno, un tripartito de derechas, hizo que la Fiscalía iniciara una investigación sobre lo que Mendoza dijo en la CEDAW. Finalmente, los dos entes vieron indicios de delito, por lo que pidieron procesarla por difamación, cuyo castigo puede llegar a los cuatro años de prisión y una multa de 30.000 euros. 

Un juicio contra el movimiento feminista

La andorrana tuvo que acudir como acusada a los juzgados el 17 de febrero de 2021 durante el procedimiento de diligencias previas. "Me procesan, por ejemplo, por una declaraciones que hice en una radio catalana en las que decía que el copríncipe era la persona más rica de Andorra, y por un documental para TV3 [televisión pública catalana] donde salen algunas mujeres del Principado denunciando la situación, entre las que me encuentro", agrega Mendoza. En estos momentos, la jueza que instruye el caso puede archivarlo o continuar con la causa.

Preguntada la activista por si puede esperar mayor comprensión en los tribunales al ser una jueza y no un juez quien instruya el caso, la andorrana no lo duda: "Cuando la estructura es violenta, patriarcal y anacrónica, da igual lo que eres. No se nace siendo una mujer feminista. Tienes que deconstruirte, así que una mujer sea quien me juzgue no significa nada".  

Ante el proceso judicial, Mendoza se muestra fuerte: "He visto tantas cosas… Esto es la lucha feminista, brutal y social, y no voy a parar por un castigo adoctrinador que me quieren imponer a mí para que nadie luche por sus derechos". La acusada, psicóloga social experta en violencias, siempre ha militado en el entorno feminista. Es ella misma quien afirma que tienen una red desde la que acompañan a las mujeres que así lo desean a abortar a Barcelona. 

De todas formas, Stop Violències mantiene redes con otros colectivos feministas de multitud de países, como Italia, Suiza, Portugal, Luxemburgo, Chile, Argentina y Colombia. Público pregunta a Mendoza cómo enfrenta el caso a nivel personal: "Para mí esto no es personal, aunque me quieran encarcelar. Igual esperas que te diga que estoy rota o triste, pero no. Yo he crecido en Andorra y esta opresión la he sentido siempre. De hecho, hasta que no me fui a estudiar a Barcelona la veía como algo natural. Yo sé a quién le estoy reclamando mis derechos, contra qué tipo de Estado me enfrento". 

Al fin y al cabo, Andorra ni siquiera forma parte de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al mismo tiempo que no ha ratificado el tratado de la ONU contra la desaparición forzosa de personas, "y aprobó el tratado contra la tortura excluyendo los capítulos en los que permiten a un ciudadano denunciar al Gobierno por este motivo", comenta al respecto la activista. 

La situación, desconocida en España 

Así se muestra Mendoza sobre lo que significa Andorra para España: "Me enfada el desconocimiento que hay en España de la situación en la que nos encontramos aquí. Todo el mundo conoce a alguien que ha ido a comprar o esquiar a Andorra, pero vienen aquí solo para eso, ni siquiera abren un periódico. Es un privilegio para Francia y España que todos los comercios abran un domingo en Andorra. Es un lugar de privilegio capitalista y neoliberal. Muchas veces no nos interesa mirar lo que hacemos nosotros mismos porque eso significaría tener que cambiar para ser coherentes entre lo que pensamos y lo que decimos, pero me enfada que la gente se solidarice con las injusticias que ocurren a miles de kilómetros, con lo que estoy de acuerdo, pero luego vengan a Andorra y quieran que todo esté abierto para ellos". 

Desde la Associació ya contaban con algo así: "El Gobierno de Andorra quiere engañar al mundo, pero ven que ya no pueden. Nosotras llevamos a cabo una tarea de desnormalización de la violencia, que es lo más revolucionario que podemos hacer dentro de nuestras fronteras. Sabemos que lo que menos le gusta y conviene a un Estado opresor es que la gente despierte", profundiza la feminista, quien agrega que "el mundo necesita idealizar lugares, y ese es el problema de Andorra. Stop Violènces ha roto con esa idealización, y es lo que le molesta al Gobierno. Esa imagen que daban de Andorra ha vendido mucho, y ahora nos reprochan que hagamos conocedores al mundo de los problemas que hay y la violencia que sufrimos, así que si quieren que no lo digamos, que hagan todo lo necesario para que dejen de existir", concluye Mendoza. 

Organismos internacionales de prestigio se han pronunciado sobre el caso judicial que podría terminar con el encarcelamiento de esta feminista. Amnistía Internacional (AI) pide la retirada de los cargos, pues "procesar a una respetada defensora de los derechos humanos por su legítima labor y participación en una reunión de un organismo especializado de la ONU es un acto de intimidación indignante, y un intento de amordazar la libertad de expresión", en palabras de Mónica Costa, responsable de campañas de AI. "En lugar de ser penalizada por su defensa de los derechos de mujeres y niñas, Vanessa Mendoza Cortés debería recibir ayuda para realizar su trabajo", continúa desde AI, quienes también piden a las autoridades de Andorra que pongan su empeño en cumplir con su obligación de proteger los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, y no en criminalizar a quienes hablan públicamente en su defensa, parafraseando a la organización.