La Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera (Almería), en funciones de guardia, ha acordado este sábado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para la madre de Lucas, el niño de cuatro años hallado muerto en Garrucha (Almería), y para su actual pareja sentimental.

Ambos están siendo investigados inicialmente por la presunta comisión de un delito de asesinato y otro de maltrato habitual, calificación que se concretará conforme avance la instrucción de la causa, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). 

Durante su comparecencia en sede judicial, los dos han mantenido estrategias diferentes. El hombre, que no es el padre biológico del menor pero convivía con él y con la madre, pese a tener una orden de alejamiento vigente sobre ella, sí ha prestado declaración ante el juez. La madre del menor se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar.

La decisión judicial se produce tres días después del hallazgo del cadáver del pequeño en una zona de rocas próxima al antiguo cargadero de mineral, en el límite costero entre Garrucha y Mojácar (Almería).

Críticas a la gestión de las administraciones públicas

La jornada ha estado marcada por las duras críticas de la acusación particular hacia la gestión del caso por parte de las administraciones públicas. El abogado José Luis Martín, que representa al abuelo materno del menor —quien interpuso la denuncia por desaparición y ejerce la acusación—, ha denunciado el "fracaso absoluto" de los protocolos de protección.

Según el letrado, existían señales evidentes de que el niño sufría violencia física y desatención que fueron ignoradas tanto por el centro escolar como por las fuerzas de seguridad antes del crimen.

La representación legal de la familia asegura que el menor acudía al colegio con hematomas visibles y, en una ocasión, con un brazo fracturado o "encabestrado", sin que el centro educativo activase los protocolos de maltrato infantil o absentismo.

Se ha revelado que la tía abuela del niño intentó alertar previamente a la Guardia Civil mostrando una fotografía de lesiones en la sien del menor, pero no se pudo actuar al no existir una denuncia formal de la madre ni un parte médico de lesiones.

Según ha trascendido de fuentes de la investigación, los detenidos evitaban llevar al niño al médico para que no se documentaran las agresiones físicas. La autopsia y las diligencias policiales, que permanecen bajo secreto de sumario, serán claves para determinar la autoría material de los hechos y el grado de participación de cada uno de los investigados en la muerte del pequeño.

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EFE

La familia materna, devastada por lo ocurrido, ha solicitado a través de su abogado que "caiga todo el peso de la ley" sobre los responsables, independientemente de su vínculo familiar. El abuelo ha anunciado su intención de solicitar la custodia del bebé que espera la detenida, embarazada actualmente de cinco meses, para evitar que quede bajo su tutela tras el nacimiento.