El Tribunal Supremo ha notificado ya otras dos sentencias de lo Contencioso-Administrativo que fallan a favor de que sean las entidades bancarias y no los clientes ─como señalaba hasta ahora la jurisprudencia─ los que asuman el pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados, conocido comúnmente como impuesto sobre hipotecas.

Se trata, según explicó el alto tribunal mediante una nota de prensa el pasado martes, de dos sentencias que se deliberaron, votaron y fallaron de forma simultánea a la conocida hace una semana. El fallo supuso un giro radical a esta doctrina y causó gran polémica, sobre todo después de que el presidente de lo Contencioso del Supremo, Luis María Díez Picazo, anunciara que había elevado al Pleno de esta Sala el próximo recurso pendiente sobre este asunto advirtiendo que la nueva jurisprudencia podría ser revocada.

Estas dos resoluciones, de este lunes y martes, comparten con la citada resolución las mismas partes en litigio ─la Comunidad de Madrid y la Empresa Municipal de la Vivienda de Rivas Vaciamadrid─ "con similar objeto" y únicamente estaba pendiente su notificación. Estas dos sentencias, al igual que la ya conocida, tampoco son susceptibles de revisión alguna. Es decir, los recurrentes del Ayuntamiento de Rivas no verán modificada la sentencia que les exime del pago del impuesto de hipotecas, si bien el resto de casos pendientes aún están en el aire.

Los 31 magistrados que integran la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo que deberán fijar doctrina sobre quien paga el impuesto se reunirán el próximo 5 de noviembre para estudiar si revocan o mantienen la doctrina aplicada en estas tres sentencias ya notificadas.

Ante el desconcierto generado, el presidente del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, apuntaba en su comunicado del pasado martes que la sentencia sobre impuesto relativa a la determinación del sujeto pasivo que debe hacer frente al impuesto "es firme y no susceptible de revisión" por el Pleno del próximo día 5, "produciendo plenos efectos" en relación con las partes en litigio.

Preguntada este miércoles al respecto por la diputada de Unidos Podemos Lucía Martín en el Pleno del Congreso, la ministra de Economía y Empresa, Nadia Calviño, ha respondido que lo prudente es esperar a la decisión del Supremo antes de que el Gobierno tome alguna decisión. 

"Si el 5 de noviembre el Pleno decide definitivamente no respetar la sentencia original, sería evidente que la Justicia en España acaba donde empieza el poder de la banca", ha señalado Martín, quien ha calificado de "escándalo histórico" la "rectificación" del Supremo.

Sin embargo, Calviño ha recordado que se ha producido "un cambio persistente en la interpretación del Tribunal Supremo durante décadas" y ha señalado que el Gobierno está analizando las implicaciones que la sentencia puede tener para los ciudadanos, el sector financiero y las arcas públicas. "El Gobierno considera que lo prudente es esperar a que el Tribunal Supremo se pronuncie antes de valorar si es necesario tomar alguna decisión", ha apostillado.

En su opinión, se trata de un ámbito "extremadamente sensible" para los ciudadanos que requiere ser "extremadamente prudente", dada la importancia de la cuestión y la sensibilidad del asunto. En cualquier caso, Calviño ha asegurado que el Gobierno tendrá "absoluto respeto" por la decisión que adopte el Tribunal Supremo. "En este momento, lo que haremos es analizar la decisión que tome el Tribunal Supremo y actuar en consecuencia, que nos parece que es lo responsable y lo que corresponde ante una cuestión tan compleja", ha recalcado la ministra.