La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta ha aceptado la solicitud planteada por la Abogacía del Estado en nombre de la delegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, para suspender por motivos de salud la declaración programada para este miércoles citada como investigada por un presunto delito de prevaricación continuada en la devolución ilegal en agosto del año pasado de 55 niños marroquíes solos al país vecino siguiendo un procedimiento fuera de lo previsto en la Ley de Extranjería.

La que sí ha declarado, en idéntica condición de investigada y por el mismo supuesto delito, ha sido la consejera de Presidencia del Gobierno de la Ciudad, Mabel Deu (PP). En junio, la Fiscalía presentó una denuncia por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa contra Mateos y Deu.

La denuncia se produjo a raíz de la expulsión a Marruecos en agosto de 2021 de 55 menores migrantes que habían entrado en la ciudad durante la crisis fronteriza de hace un año, cuando más de 10.000 personas cruzaron a nado la frontera que el país vecino había dejado de controlar. Alrededor de 1.200 de ellas aseguraron ser menores sin referentes familiares ni tutores que les acompañaran y fueron filiadas como tal, por lo que era la Ciudad Autónoma la autoridad competente de garantizar su protección y tutela.

El Gobierno ordenó las expulsiones

Las expulsiones se realizaron a petición del Ministerio del Interior y levantaron las críticas de numerosas organizaciones defensoras de derechos humanos y de protección de la infancia. Se efectuaron, según alegaron tanto la Delegación del Gobierno como Interior, en virtud de un Acuerdo bilateral entre España y Marruecos que entró en vigor en 2013 pero que nunca se había aplicado hasta el momento. Tras las primeras 55 expulsiones, un juzgado ceutí las paralizó por esa misma razón, con el visto bueno de la Fiscalía de Ceuta.

El Ministerio Público también ha pedido que sean citados, pero como testigos, el jefe de Gabinete y el secretario general de la Delegación, Juan Hernández e Ismael Kasrou; la jefa de Menores de la Ciudad, Toñi Palomo; el director general de Asuntos Generales de la administración local, Francisco Pérez Hita; la presidenta de la Fundación Raíces, Lourdes Reyzábal; los abogados Patricia Fernández, Paloma García y Rafael Cid; la entonces coordinadora de SAMU en 'Santa Amelia' y el inspector jefe de la Policía Nacional en la frontera en agosto de 2021.

La actuación de Mateos y Deu ya ha sido condenada por la vía contencioso-administrativa tanto en primera como en segunda instancia, aunque la Delegación y la Ciudad han llevado el asunto hasta el Supremo.

Según el Tribunal Superior de Justicia Andalucía (TSJA), la actuación material de la administración, "exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles, conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución que no desvirtúan los apelantes".

Defensa del presidente Vivas

La Delegación y la Ciudad siempre han defendido su proceder en la existencia de una situación "de emergencia humanitaria" en la ciudad autónoma causada por la entrada irregular de unas 12.000 personas en 72 horas en territorio español y en la existencia de un Acuerdo bilateral entre Madrid y Rabat de 2007 para el "retorno asistido" de menores solos.

Tras conocer la imputación de Deu, el presidente del Ejecutivo local, Juan Vivas, ha exonerado en varias ocasiones a su vicepresidenta de cualquier responsabilidad: "Estoy a disposición de la Justicia: todo lo que hizo lo hizo a petición mía, con mi consentimiento y estando yo plenamente informado... La responsabilidad política es mía", advirtió el presidente, que no ha dejado de insistir en que sigue creyendo que las devoluciones se hicieron "bien".