Los bosques de pinos que arropan al Tajo en los primeros kilómetros de su curso, los de los llamados Montes Universales del Sistema Ibérico situados en la parte más cercana a su nacimiento en Frías de Albarracín (Teruel), a más de 1.500 metros de altitud, sufren desde hace unas semanas un trasiego de talas y acarreos que está reduciendo de manera notable su espesura. Al tiempo, está dejando una intensa huella en los suelos de las turberas sobre los que se extienden, en los que, por la humedad y por su cercanía al río, las máquinas abren con sus ruedas barranqueras que en ocasiones se acercan al metro de profundidad.

Las talas han vuelto por segundo año consecutivo a la Vega del Tajo, un área de montaña del sur de Aragón, limítrofe con las de Cuenca y Guadalajara por las que se extiende el parque natural del Alto Tajo, en proceso de convertirse en nacional, pero sobre la que, a pesar de esa cercanía y de acoger varias especies vegetales en vías de extinción, no hay vigente ninguna figura de protección ambiental autonómica.

Una parte del monte, propiedad del municipio de Albarracín y de la comunidad de origen medieval que forman otros 23 pueblos de la zona, sí está incluida en la reserva natural fluvial del Alto Tajo, que abarca desde su nacimiento hasta Peralejos de las Truchas, ya en Guadalajara, y cuyo objetivo es, como en el resto de áreas de este tipo, preservar sin alteraciones espacios en los que la intervención del hombre ha sido entre escasa y nula.

"Su estado ecológico es muy bueno, además se enmarca en un espectacular paisaje fluvial de farallones calizos", indica la ficha de la reserva del Miteco (Ministerio para la Transición Ecológica), que considera que "la alteración de sus procesos naturales es escasa", aunque con un matiz: "Las posibles afecciones de origen antrópico [humano] se concentran en su primer tramo", mientras que "aguas abajo el relieve del valle se acentúa, careciendo prácticamente de presiones antrópicas significativas".

Madera para pellets a 1.500 metros de altitud

Entre esas presiones antrópicas del tramo de cabecera del río se encuentra la explotación del bosque, que este otoño está afectando a una superficie de más de 500 hectáreas en las que se están produciendo talas masivas que afectan a miles de pinos, una actividad cuya autorización, al tratarse de montes de uso público, depende del Gobierno de Aragón.

La Consejería de Agricultura del Ejecutivo autonómico, que ya autorizó el corte de árboles del año pasado, en la Vega Alta del Tajo, por cuyas pistas son visibles estos días pilas de cientos de troncos talados mientras un trasiego de camiones va sacando de la zona otros tantos, sostiene que se trata de "un aprovechamiento forestal planificado" cuyo objetivo es "la regeneración de la masa" para "tener montes más resilientes a incendios o condiciones climáticas adversas".

El departamento que dirige Joaquín Olona destaca que "los tres aprovechamientos forestales que se están ejecutando a día de hoy se encuentran fuera de la Reserva Natural Fluvial del Alto Tajo" y que la intervención "se encuentra incluida en el Plan Anual de Aprovechamientos del Gobierno de Aragón".

El destino de la mayor parte de la madera, según apuntan vecinos de la zona, es la fabricación de pellets de biomasa para alimentar estufas, un producto cuya demanda, y con ella su cotización, se ha disparado ante los elevados precios de otras fuentes de energía.

"Lo que están haciendo es talar bosques enteros, están eliminando la diversidad que había e igualándolos con árboles de la misma edad para poder meter esa maquinaria y utilizar la madera para fabricar pellets", explica Pedro Prieto, de la plataforma SOS Montes Universales, que el año pasado entregó en el Departamento de Agricultura aragonés una petición para parar las talas apoyada por 100.451 firmas para la que siguen esperando una respuesta del consejero del ramo, Joaquín Olona.

"Se trata de una actuación industrial a 1.500 metros de altitud y en una zona que podría ser parque nacional", añade Prieto, que plantea lo paradójico de una situación en la que "a un lado del río, en Castilla-La Mancha, hay una riqueza natural suficiente para plantearse la declaración de un parque nacional, que es la máxima figura de protección, y al otro lado pasa esto".

Dudas sobre a qué provincia y comunidad pertenece el monte

"Se está produciendo una deforestación tremenda, hay cortes incluso dentro del cauce del río, que es el espacio que ocupa en las crecidas ordinarias", señalan fuentes de la plataforma, que estiman que las talas se están llevando por delante entre 40.000 y 50.000 árboles.

Al conflicto de las talas, que tiene partidarios y opositores entre los vecinos de la zona, una de las de menor densidad de población de España, se le une otro que enfrenta desde hace décadas a las provincias de Teruel y Cuenca, y con ellas a los gobiernos de Aragón y de Castilla-La Mancha, sobre quién ostenta la jurisdicción sobre el monte conocido como La Vega del Tajo.

El monte, de cerca de 3.000 hectáreas de extensión, es propiedad de Albarracín y de la comunidad de 23 pueblos vecinos, según consta en el Registro de la Propiedad, pero el Instituto Geográfico Nacional sitúa la frontera entre Teruel y Cuenca en la margen izquierda del Tajo, lo que enrevesa la situación al encontrarse las tierras pasado ese límite: se trata de tierra de propiedad local municipal aragonesa que los mapas oficiales sitúan en Castilla-La Mancha, algo que, al reclamar el Ayuntamiento de Cuenca la titularidad del terreno, lleva provocando colisiones institucionales desde hace siglo y medio.

El conflicto sobre las tierras, una franja de terreno de algo más de doce kilómetros de longitud y menos de dos de anchura en su tramo más amplio que la Junta de Castilla-La Mancha ya intentó incluir en el Plan de Ordenación de Recursos del Parque Natural del Alto Tajo a finales del siglo pasado, parece abocado a un deslinde formal, algo que únicamente puede resolver el Consejo de Ministros y que solo puede cuestionar el Tribunal Supremo.

De confirmarse las tesis castellanomanchegas, la Vega del Tajo pasaría a convertirse en el decimoséptimo enclave territorial de una provincia en otra que se registra en España, una situación que afecta a 26 municipios. Quien sí tiene una competencia indiscutible sobre la parcela fluvial es la Confederación Hidrográfica del Tajo, que el año pasado llegó a abrir un expediente sancionador por la colocación, sin ningún tipo de autorización, de una plataforma de hormigón en pleno cauce cuya finalidad era permitir que máquinas y camiones pudieran vadearlo durante las talas: suponía interrumpir el curso natural del río, y con el la movilidad de la fauna piscícola, en plena reserva natural.