Público
Público
DICTADURA CHILENA

Tortura con violencia sexual: la Justicia de Chile dicta el primer fallo con perspectiva de género por crímenes de la dictadura

Condenan a tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional a 15 años de cárcel por secuestro y aplicación de tortura sexual a seis prisioneras políticas de la Venda Sexy

Tortura en Chile
Mujeres vestidas de luto durante una marcha por los lugares que albergaron centros de tortura de la dictadura chilena. EFE

Han tenido que pasar 46 años para que la Justicia se haya hecho acto de presencia en la vida de seis mujeres denunciantes de torturas sexuales cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Después de casi medio siglo, y por primera vez en un caso de crímenes perpetrados bajo la dictadura chilena, un juez ha aplicado la perspectiva de género y ha reconocido en un fallo "la aplicación de tormentos con violencia sexual".

El magistrado ha diferenciado la tipificación de los delitos y ha condenado a tres ex agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) a 15 años de cárcel por secuestro y "aplicación de tormentos" a cuatro presos políticos, por un lado; y por secuestro y "tormentos con violencia sexual" cometidos a seis prisioneras políticas, por el otro. Los diez estuvieron recluidos en el centro de detención clandestino conocido como "La Venda Sexy" entre 1974 y 1975.

El ex cuartel la Venda Sexy, ubicado en la esquina de la calle Irán número 3037 del barrio residencial de Macul, cerca del centro de Santiago, fue conocido por ser un centro donde "se practicó con especial énfasis la tortura sexual", así lo describe el informe elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech –por el obispo que la presidió. "Eran frecuentes las vejaciones y violaciones sexuales de hombres y mujeres, para lo que se valían de un perro adiestrado", sostiene el documento.

Beatriz Bataszew llegó a la Venda Sexy una noche de diciembre de 1974. Era militante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), una organización de la izquierda radical. Estuvo seis días en esa casa antes de ser trasladada a otro centro de detención. En el subterráneo fue violada y torturada durante toda la noche. Como ella, muchas otras cuyas experiencias quedaron recogidas en el Informe Valech: "Me subieron a una camioneta de la DINA, me pusieron una venda sobre los ojos, me golpearon [...] Luego me hicieron subir una escalera, llegamos a una pieza donde me pidieron que me desnudara. Había una persona que escribía a máquina mi identificación. Luego me instalaron electrodos en la cabeza y en las manos y me enviaron electricidad repetidas veces [...] violación, masturbación sobre mi cuerpo, me fotografiaron desnuda, todo esto interrumpido con descargas eléctricas", relató una mujer detenida en noviembre de 1974 y recluida en este centro.

"Una forma específica de violencia contra la mujer"

En 2004 Betaszew recurrió por primera vez a la Justicia para denunciar las brutalidades cometidas en aquellos. Se querelló por secuestro, tortura y asociación ilícita para delinquir. Después de casi diez años de tramitación, su causa fue sobreseída. No hubo sentencia ni condenados. En 2016 insistió y presentó una nueva querella. Esta vez, pero, puso énfasis en las torturas sexuales a las que fue sometida y el juez Mario Carroza tomó en cuenta su fundamentación. Por primera vez un magistrado ha determinado un tipo penal especial en un fallo por crímenes de lesa humanidad perpetrados en dictadura. "La gravedad y la naturaleza de los delitos llevan a resolver los casos ocurridos en el cuartel secreto de la DINA, Venda Sexy, con una perspectiva de género ya que ellos constituyen una forma de violencia contra la mujer y un cumplimiento a los estándares internacionales en temas de género", se lee en el texto.

Carroza, reconocido por su desempeño en casos de alto impacto vinculados de derechos humanos como la muerte de Salvador Allende o de Pablo Neruda, detalla que ha construido un tipo penal separado al de secuestro agravado "por constituir conductas que en una mirada a los estándares internacionales han de ser visibilizadas y exaltadas por su gravedad y deshumanización, toda vez que ellas instituyen una forma específica de violencia contra la mujer". Según él, en Chile "existen excesivas deficiencias en los tipos penales que sancionan estas conductas asociadas a la violencia de género" y, por eso, llama a los legisladores a "no cejar en las correcciones de nuestra normativa". Por mientras, pero, dice que "ha de ser la jurisprudencia la que haga su contribución en la consecución de estos fines".

"El juez define que existió una expresión de terrorismo de Estado distinta para los hombres y para las mujeres y eso ha sido una lucha que hemos dado para visibilizar este tema", destaca Beatriz Betaszew. Para ella, eso no se habría logrado sin la movilización de las mujeres "no solo de las sobrevivientes, sino también del movimiento feminista, que ha denunciado todas las violencias estructurales de las cuales somos objeto en Chile y el mundo de manera sistemática y cotidiana".

Un fallo "valioso"

Hasta la fecha, solo se han presentado siete querellas por violencia sexual como forma de tortura durante la dictadura. Una ínfima parte considerando la cantidad de mujeres que los represores convirtieron en su botín. La mayoría, pero, no quiere revivir la brutalidad de aquellas experiencias décadas después o no logra culminar el proceso. "Al inicio fuimos muchas mujeres las que nos decidimos a llevar esto adelante, pero el camino es muy duro y muchas quedaron a la mitad", señala Beatriz Bataszew. Para ella, cuando hay que esperar "medio siglo" para obtener un fallo en primera instancia, "la sensación que queda es que no hay justicia".

El fallo del juez Carroza también ordena al Estado chileno a pagar una indemnización de 80 millones de pesos (88.000 euros aprox.) por concepto de daño moral a cada una de las víctimas. "Eso no es fundamental para nosotras; nuestras vidas no tienen precio", espeta Bataszew. Reclama que, si el Estado quiere reparar el daño, el fallo debería incluir la entrega de la Venda Sexy "a las mujeres y al movimiento feminista". Y critica: "Nuestra lucha contra este sistema capitalista y patriarcal hoy sigue invisibilizada en los espacios de memoria de nuestro país".

Bataszew, que integra los colectivos Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes y Memorias de Rebeldía Feminista, recibió el fallo por sorpresa, el día de su 66º cumpleaños. No se lo esperaba y leerlo la afectó: "Fue muy doloroso y violento". Aunque sospecha que la defensa podría apelar, rescata la importancia del veredicto de Carroza, sobre todo para otros casos pendientes del pasado, pero también para las más de 300 querellas y hechos de violencia sexual que, según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, se han registrado en el contexto del estallido social de octubre de 2019: "La violencia sexual sigue siendo hoy un instrumento represivo hacia las mujeres y disidencias", insiste la sobreviviente. Para ella, este es un fallo "valioso" y no duda que "es el mejor posible dentro de un sistema judicial heteronormativo".

Más noticias de Política y Sociedad