La Universidad Rey Juan Carlos ha puesto en marcha este lunes un curso sobre coordinadores parentales, una figura que, según afirma su información, "marcará un antes y un después, en los procesos de la alta conflictividad familiar Judicial en el ámbito de la protección del menor".

Entre sus profesores se encuentra el juez Francisco Serrano, que en 2011 fue condenado a dos años de inhabilitación profesional por prevaricación por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, precisamente por mala práctica en un caso de custodia de un menor. Esta sentencia fue ampliada posteriormente a diez años de inhabilitación por la sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Hace un año, en una decisión que muchas expertas consideran contradictoria, el Tribunal Constitucional rehabilitó al juez, hecho para el que no existen prácticamente antecedentes. 

Serrano es, además, un conocido opositor a la ley de violencia de género y a las medidas igualdad que se pusieron en marcha con el Gobierno de Zapatero. En la actualidad es el candidato oficial de Vox en las próximas elecciones a la Junta de Andalucía y fue durante muchos años el presidente de la Plataforma Ciudadana por la Igualdad, contraria a la llamada ideología de género.

Este curso, que lleva por título "especialista en coordinación parental" y que acaba de iniciar su segunda edición, está organizado por la URJC y la Fundación Filia. Esta organización que aboga por la defensa de los intereses de los menores en casos de conflicto tras el divorcio y la sentencia, aporta la mayoría de los restantes profesores del curso. 

Junto a Serrano, imparten clases la presidenta de Filia, Lucía del Prado del Castillo, quién fue duramente criticada este martes tras una intervención en la comisión de infancia y adolescencia del Congreso por su negación de la violencia de género, su insistencia en la existencia de multitud de denuncias falsas y la defensa del síndrome de alienación parental (SAP), una figura no reconocida en el la práctica jurídica en nuestro país y que no tiene reconocida base científica.

Entre el resto del profesores hay expertos como Asunción Tejedor Huerta, Natialia Ferré Giró (miembros de la Fudación Filia) o José Manel Aguilar Cuenca, cuya característica común es defender en libros, entrevistas y artículos la necesidad de reconocer el controvertido SAP.

Expertas y políticas consultadas por Público resaltan la incoherencia de que un curso organizado por una universidad pública tenga una ideología tan fuertemente determinada en una materia tan sensible.

"No es de recibo que las universidades públicas avalen teorías acientíficas que para lo único que sirven es para atornillar todos los contenidos neomachistas que terminan siendo elementos que contrarrestan la legislación a favor de las mujeres víctimas de violencia de género", afirma Ángeles Álvarez, portavoz de igualdad del grupo parlamentario socialista. 

Por su parte, Ana María Pérez del Campo, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Divorciadas y Separadas, ha expresado su rechazo hacia este curso y a la participación de Serrano. "Es ni mas ni menos un disparate similar al que ha hecho la universidad con el caso de los máster. Es impensable que una persona que está claramente posicionada a favor de los maltratadores sea quien imparta el curso sobre la figura de coordinador parental. ¿Esta universidad a qué juega?  ¿A que sigue jugando?", se pregunta Pérez del Campo.

El módulo que imparte Serrano se titula: Derecho de familia desde el punto de vista de la protección del menor. Desde la Universidad Rey Juan Carlos explican que este curso se imparte desde el año pasado, "dada la relevancia que empezó a tomar esta figura a nivel social. Una relevancia más allá de la del mero mediador". Añaden que en la elección de la Fundación Filia se "consideró la calidad del programa que presentó la fundación por el anterior Vicerrector de títulos propios, a quién compete esa responsabilidad" y que el curso cuenta con "profesores propios y de la Fundación Filia, que es experta en la materia". Sin embargo, no pudieron explicar más sobre la decisión de impartir el curso o la elección de los profesores por no encontrarse el responsable del curso disponible.

Críticas a la figura del Coordinador Parental

No sólo el curso y la elección de los profesores es un tema controvertido, sino que la propia figura del coordinador parental levanta también ampollas entre las expertas. Para la jurista Altamira Gonzálo, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, esta figura se plantea como una solución a problemas de relación entre padres, madres e hijos en caso de ruptura familiar, pero una vez que la ruptura o divorcio ya se ha producido y sirve para casos complicados en los que los hijos no quieren ver a sus progenitores.

Para esta experta, se trata de una forma impositiva de solucionar un problema a través de una práctica que hasta ahora es privada, cara y que no ha demostrado dar buenos resultados. "Lo que se busca ahora, es ofrecer estos servicios a la administración. Es decir, crear un servicio público de gestión privada", denuncia.

Para esto, afirma Gonzalo, ya existen instrumentos públicos como los servicios de mediación, que son gratuitos, o los gabinetes psicosociales de los juzgados que podrían realizar este trabajo y que son profesionales preparados, que conocen ya a la familia y son, además imparciales".

"Se trata de un nicho de negocio que se quiere imponer y de un instrumento para seguir controlando a las mujeres y a los hijos y a las hijas. Forma parte, además, de esta política de entender que se tiene derecho a la mitad rabiosa de todo cuando uno se separa o se divorcia, y de considerar que las mujeres son arpías y te quitan los hijos, el piso y la pensión. Es otra manifestación de medidas como la custodia compartida impuesta, el mito de las denuncias falsas o el síndrome de alienación parental", añade Gonzalo.

Esta misma idea es compartida por Sofía Castañón, secretaria de Feminismos Interseccional y LGTBI en Unidos Podemos, que además de criticar duramente el curso de la URJC y su unión con una fundación como Filia, afirma no saber "porque no estamos ahondando en la formación de los equipos psicosociales que sí tienen que existir y que no están funcionando bien".

"¿Que pretende en el fondo esta figura que están promoviendo?", se pregunta Ángeles Álvarez. "Tomar decisiones, descargar los juzgados de familia y poner en manos de gente que tiene una ideología neomachista el cómo se van a establecer ahora las relaciones entre gente que ha roto ya el vínculo de convivencia. Eso es una barbaridad", se responde.

Supone, además "una revictimización de las mujeres que ya han pasado por una separación, bajo unos parámetros de convivencia que estipulan ellos, que son la extrema derecha", añade Álvarez.

Otras expertas, como Ana María Pérez del Campo, no ve el problema tanto en la figura del coordinador parental, como en la manera de implantarlo. "El coordinador parental es un apoyo a pacificar a resolver. Puede ser una asistencia la familia para enseñarles a relacionarse y no guarda la confidencialidad con el juez y puede ser eficaz si se hace bien. El problema que tenemos en España es que se hacen de forma regular o mal, porque cuando metes de por medio el orden ideológico y político, te cargas la figura", concluye Pérez del Campo.