España está decidida a frenar a tiempo la gestación y desarrollo de más agencias de vientres de alquiler que operan en el país "cuando aún están en fase embrionaria". Así lo afirma la Fiscalía, que ahora investigará las actividades de una empresa ucraniana con sede en España al presentar esta posibles indicios de delito. Este movimiento de la institución llega después de una petición del Ministerio de Justicia a hacer lo propio y de las palabras de la ministra de Sanidad en funciones, María Luisa Carcedo, que equiparaba esta práctica con el tráfico de órganos. 

Ucrania se ha convertido en uno de los principales destinos fetiche para el desarrollo de esta práctica. El propio país del Este de Europa ya inició una investigación sobre este tipo de actividades en el país, en la que se detectaron más de mil posibles casos en toda Europa, en los que se verían envueltos delitos como tráfico de personas, falsedad documental, transferencia ilegal de personas a través de frontera estatal o evasión de impuestos. De esta manera, la Fiscalía pasará ahora, tras haber recibido detalles de la investigación ucraniana, a estudiar la deriva española de este fenómeno, según informa El País. 

Será la Fiscalía de la Audiencia Nacional quien se encargue de estas investigaciones, después de que ayer la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, trasladara a la Fiscalía General del Estado posibles indicios de delito en la actividad de determinadas agencias de gestación subrogada.

Delgado aseguró que no se está investigando ni a padres ni a menores, sino solamente a algunas agencias, "no a todas", aunque no precisó cuántas. No obstante, esta martes el Ministerio Público ha detallado que la denuncia de la ministra se refiere a esta agencia que ofrece servicios de gestación subrogada en Ucrania, la cual tiene una sede en España que oferta sus servicios a través de una web.

Sin embargo, hasta el momento, y según el Ministerio Público, que no ha dado detalles sobre la agencia en cuestión, "los hechos ocurridos en España no están siendo investigados en Ucrania y, por tanto, los indicios existentes están aún en fase embrionaria".

Reacciones dispares

Antonio Vila-Coro, de la asociación Son Nuestros Hijos, y uno de los primeros españoles que logró registrar a su hija nacida en Estados Unidos de una madre gestante, sostiene que los padres han sido los primeros en denunciar "situaciones de malas prácticas".

No obstante, en esta asociación instan al Gobierno a dejar de utilizar "un lenguaje despectivo, que lo único que hace es criminalizar a estas familias y estigmatizar a sus hijos". Este lenguaje, según los padres, "sitúa al PSOE a la misma altura que Vox", y por eso piden que se pare este "discurso del odio hacia las familias" y se regule la técnica en España, como lo han hecho Holanda, Grecia, Portugal, Estados Unidos o Canadá.

Sin embargo, desde la Red Estatal contra el Alquiler de Vientres, una de sus portavoces, Maribel Sánchez, ha celebrado la decisión del Ejecutivo, pero ha incidido en que se investigue a todas las agencias, ya que "facilitan la intermediación de la explotación de las mujeres".

"Entendemos que se deberían abolir todas las agencias y todos los despachos que intermedian en esta práctica ilegal", ha abundado Sánchez, que ha recordado que la Red ya pidió antes de las elecciones generales que se prohibiera también la publicidad que hacen estas empresas, sobre todo en internet y redes sociales.

En este sentido, ha insistido en que las agencias "fomentan y alientan la compraventa" de niños en todo el mundo y ha subrayado que para la Red los padres que recurren a los vientres de alquiler "son compradores de bebés". "Los padres recurren a esa actividad delictiva para cumplir un deseo, no una necesidad, un deseo donde se mercantiliza a las mujeres", ha opinado.

Una investigación tras el 'cierre' de la embajada de Kiev

El anuncio de esta investigación tiene lugar meses después de que la ministra Delgado subrayara que el Gobierno perseguiría a "las mafias" que trafican con los vientes de las mujeres "aquí y donde sea", en plena polémica por los problemas para registrar en la embajada española en Kiev a 39 bebés nacidos por gestación subrogada en ese país.

Las autoridades ucranianas investigan a una de las principales agencias del país, Biotex, por presuntos delitos de falsificación de documentos, fraude fiscal y tráfico de personas, pero ni el ministerio ni la Fiscalía han querido hacer público el nombre de la agencia denunciada en España.