La violación de los derechos humanos de las mujeres no evita que la Supercopa se mantenga en Arabia Saudí

"La Supercopa de la igualdad" y una "oportunidad para cambiar las cosas". Así presentó en 2019 Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), la primera edición de la Supercopa de fútbol española que se realizaba fuera de territorio español. El lugar elegido era Arabia Saudí, país que ostenta uno de los más altos índices de violación de los derechos humanos, en especial el de las mujeres y la población LGTBI. Tras el revuelo ciudadano y mediático, Rubiales afirmó entonces que llevar el torneo de fútbol allí serviría para que el país emprendiera cambios y que estos habían entrado en las negociaciones. 

Sin embargo, dos años después y tras un breve lavado de cara, ningún avance real se ha producido en materia de derechos humanos y de los derechos de las mujeres en los últimos dos años, sino todo lo contrario. Tal como denuncia Amnistía Internacional en un comunicado este lunes, sólo pareció dar un "breve respiro de la represión que se vivió en Arabia Saudí durante su presidencia del G-20 se desvaneció al acabar la cumbre, lo que demuestra que dichos avances respondían más a una campaña de relaciones públicas que a la voluntad de sus autoridades".

A partir de este miércoles, cuatro equipos españoles (Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, Fútbol Club Barcelona y Real Madrid) vuelven a disputarse el trofeo en Riad, sin tener en cuenta la constante violación de los derechos humanos que tanto la RFEF como los equipos afirman respetar.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando la violación de derechos en países como Arabia Saudí que intentan blanquear su atroz historial en derechos humanos con la organización de grandes eventos deportivos. "El hecho de que la RFEF haya decidido colaborar en este lavado de imagen de las autoridades saudíes y que esté dispuesta a que la Supercopa de España se juegue en este país hasta 2029 supone un desprestigio para este torneo y para todo el fútbol español", afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

Por eso, y para intentar que al menos los equipos hagan un gesto simbólico con la vulneración de los derechos de las mujeres del país alahuita, Amnistía invitó a los equipos a que sus jugadores llevaran una cinta morada en el brazo durante los partidos que disputen. "Se la enviamos la semana pasada por correo urgente, pero hasta el momento ninguno de los equipos ha respondido", afirman a Público desde la organización humanitaria. Tampoco la Real Federación Española de Fútbol ha tenido a bien responder o hablar con la ONG, a pesar de que desde hace dos años ha solicitado una reunión con Rubiales para hablar sobre este tema. 

"¿Por qué vamos a jugar una liga española en Arabia Saudí? Por dinero", se pregunta y responde Mar Mas, presidenta de la Asociación de Mujeres en el Deporte Profesional. Para la afición sigue siendo un despropósito porque no puede ir a animar ni a disfrutar del juego de sus equipos. Arabia Saudí está haciendo progresos de cara a la galería, afirma esta experta. "Tiene una liga femenina de fútbol, pero eso no garantiza la igualdad de derechos. Lo que hace la RFEF llevándose la Supercopa a Riad es seguir blanqueando los derechos humanos por dinero. Arabia Saudí está usando el deporte como forma de blanquease y no debemos entrar en el juego", dice.

Los derechos humanos, papel mojado

Tal como recuerdan desde Amnistía Internacional, tanto la RFEF como los cuatro equipos que participarán en la Supercopa han expresado de una u otra forma su compromiso con los derechos humanos. La RFEF, por ejemplo, ha declarado que "la mujer, junto a la buena gobernanza, la modernización y la transparencia constituyen un pilar fundamental en su trabajo, así como su compromiso de liderar desde la Federación la lucha contra la discriminación y de defender y proteger a la mujer y a los menores en el fútbol".

Por su parte, el Athletic Club, recoge en su Código Ético que "todos y cada uno de los miembros que integran el Athletic Club están obligados a guardar un respeto escrupuloso a los Derechos Fundamentales y Libertades Públicas recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948".

También el F.C. Barcelona en su Código Ético muestra su compromiso del club con "los derechos humanos […] así como a llevar a cabo procesos de diligencia debida en sus propias actividades y en las que guarden relación directa con sus operaciones, productos y servicios prestados".

El Real Madrid lo hace en su documento de Responsabilidad Corporativa 2019/2020: "Contribuir a actividades comunitarias que reflejen el compromiso del Real Madrid con los Derechos Humanos y la lucha contra la discriminación, la violencia y la desigualdad". 

Por último, el Atlético de Madrid anunció que ha puesto en marcha un plan de Responsabilidad Social Corporativa de tres años, en el que se incluye un apartado sobre el respeto de los derechos humanos.

Mujeres en el punto de mira

La lista de violaciones de derechos en Arabia Saudí es extensa. La tutela a la que se somete a las mujeres en el país árabe es prácticamente total. Tras intensas protestas protagonizadas por las mujeres, se les permitió sacarse el carnet y conducir vehículos, pero se les sigue prohibiendo trabajar por un salario, estudiar o salir del país si no es con la autorización de un hombre de la familia, entre otras cosas. Casi todas las esferas de su vida deben ser aprobadas o acompañadas por un varón. 

Este sistema de tutela masculina sigue limitando la vida de las mujeres en aspectos como "el matrimonio, el divorcio, la custodia de los hijos o la herencia. Además, continúan sin recibir la ayuda suficiente sin son víctimas de violencia sexual u otras agresiones", afirma Amnistía. La organización recuerda que si bien algunas activistas como Loujain al Hathloul, Nassima al Sada o Samar Badaw que estaban encarceladas en 2019 fueron puestas en libertad,  aún "continúan bajo medidas restrictivas, como la prohibición de salir del país durante cinco años, hablar con medios extranjeros, así como la posibilidad de ser detenidas en cualquier momento, ya que sus condenas solo se han suspendido, no anulado".

La población LGTBI también sufre duras represalias en un país que ha calificado la homosexualidad como una "idea extremista" que tiene pena de prisión. Amnistía también denuncia que la pena de muerte, que se había reducido en el año 2020, volvió incrementarse en 2021, en el que al menos 40 personas han sido ejecutadas. 

Amnistía califica la libertad de expresión, de reunión y de movimiento en el país árabe como "una quimera" y recuerda que los ataque indiscriminados  en los que participa Arabia Saudí sobre Yemen desde hace más de siete años, han tenido un efecto terrible sobre la población de aquel país: más de cuatro millones de desplazados y la muerte de más de 377.000 personas.