En la mañana del sábado 21 de septiembre de 2019 A. C. M., una niña de 15 años, llamó por teléfono a los Mossos d'Escuadra desde la tienda de ultramarinos de la localidad de Rubí (Barcelona) en donde estaba sustituyendo a su madre. Denunció que era víctima de malos tratos por parte de sus progenitores, que los sufría desde los cinco años y que su madre la obligaba a trabajar 12 horas seguidas en la tienda durante los fines de semana. Una dotación de Mossos se presentó poco después en la tienda y se llevó a la menor a comisaría para que volviera a relatar los hechos.

Ramatoulaye Mballo sólo supo que los Mossos se llevaban a su hija mayor cuando otro de sus hijos, de 12 años, le advirtió de que había Policía en la tienda y que se estaban llevando a su hermana. Corrió a la comisaría junto a su hijo preocupada por si le había pasado algo a la niña. Al llegar la separaron del menor, le pidieron que volviera con sus otros dos hijos menores (de ocho y tres años), que llevara las medicinas que tomaba la hija menor, operada de un trasplante de médula, y con su DNI. Al regresar la separaron de los niños, la esposaron, al igual que habían hecho con su marido y los tuvieron detenidos toda la noche. "Esa fue la última vez que vi a mis hijos. Desde hace casi año y medio no soy su madre, no puedo verlos ni hablar con ellos ni tener noticias sobre cómo están", explica Mballo. 

Una hora después de que su hija mayor prestase declaración en comisaría, los servicios sociales de la DGAIA ya se habían hecho cargo de los cuatro niños.

Al día siguiente, el domingo 22 de septiembre, Mballo y su marido fueron trasladados al juzgado de primera instancia número 5 de Rubí para asistir a un juicio rápido. En ese momento se les comunicó que los Servicios Sociales asumían provisionalmente la tutela de los cuatro menores y se adoptaron medidas cautelares que suponían la retirada de la potestad parental, como una orden de alejamiento que impide a los padres acercarse a menos de 500 metros de sus hijos ni tener ningún tipo de comunicación con ellos. Ni visitas supervisadas, ni llamadas de teléfono. El juzgado asumía la tesis de la Fiscalía, que vio en la declaración de la menor de 15 años hechos que podrían constituir un "delito de maltrato habitual en el ámbito de la violencia doméstica", según afirma el auto del juzgado. La abogada de oficio asignada a los padres les aconsejó acogerse a su derecho a no declarar, una mala praxis según Gorka Nart Figueras, actual abogado de la madre, que les perjudicó sensiblemente y que según el letrado viene a sumarse a un largo cúmulo de incongruencias. 

Según denuncian la madre y su abogado, la retirada de custodia y el alejamiento de los padres se produjo sin que se realizase ninguna investigación sobre las declaraciones de la adolescente y sin que existieran ningún indicio de malos tratos. Ni la pediatra que atendía a los los cuatro hijos desde que nacieron, ni sus profesores del colegio concertado al que asistían los hermanos, ni ningún servicio médico o social había detectado ni elaborado informe alguno sobre la existencia de malos tratos. Casi año y medio después, no se ha producido ningún juicio. Ni el civil para determinar si los padres son capaces de hacerse cargo de los hijos, ni el penal, que es el que podría modificar la medida de alejamiento y permitir algún tipo de contacto entre los progenitores y sus hijos.

 "Lo que más me revuelve es la dejadez del juzgado, de la DGAIA y del Ministerio Fiscal. Cada vez que presentamos un escrito al fiscal tarda tres meses sin responder, saltándose todo los plazos judiciales, para luego despacharse con que no está conforme con lo que pido sin ningún tipo de motivación", afirma Nart Figueras. Este abogado lleva más de un año solicitando no solo el sobreseimiento del caso, sino un levantamiento de la orden de alejamiento que permita a los progenitores ver a sus hijos, aunque sea dentro del centro de acogida y de forma vigilada. 

El abogado afirma haber presentado pruebas que desmontan la existencia de malos tratos y de la falta de indicios que confirmen estos comportamientos. También un escrito que pone e duda la versión de los hechos dados por la hija mayor ante los Mossos, resaltando muchas contradicciones que tiene el relato. Nada hasta la fecha ha llevado a revisar las medidas adoptadas. 

Lo más grave, relata el letrado, es que el juicio penal que debía haberse celebrado en diciembre pasado se ha suspendido sin fecha, porque el Ministerio Fiscal se dio cuenta de que no se ha realizado el informe sobre la credibilidad del relato de los memores, un documento que se solicitó en el momento de la detención y casi año y medio después no se ha realizado. 

Dedicada al cuidado de su hija menor

Cuando se produjo separación hacía pocos meses que la hija menor de la pareja había sido sometida a un trasplante de médula ósea por una enfermedad congénita y la madre se había encargado casi en exclusiva del cuidado de la menor que tenía entonces dos años. El prolongado internamiento y la necesidad de cuidados de la niña la obligaron a reducir su jornada laboral e incluso fue despedida de forma improcedente de un empleo mientras su hija estuvo en la UCI varios días y ella se tuvo que quedar a cuidarla.

Fue entonces cuando la madre decidió abrir la tienda de alimentación enfrente de su casa, como única forma de poder compatibilizar la atención a la menor y tener algún tipo de ingreso económico, pero redujo su apertura a los fines de semana. 

"Estoy convencida de que no ha habido malos tratos. Ni yo, que he sido la pediatra de los niños desde pequeños, ni las distintas pediatras que han tratado con la pequeña S. hemos detectado nada anormal. De hecho, la madre era todo un ejemplo de dedicación hacia la niña menor, con un apego correcto, seguro y con informes favorables", explica a Público María Dolores Aguilar Redorta, pediatra del CAP Antón de Borja de Rubí, del servicio público de salud. 

En mayo de 2020 esta profesional envió un escrito a la Fiscalía. En él manifestaba su preocupación por los menores, aportando informes de salud de los cuatro hermanos y haciendo especial hincapié en la preocupante situación de la hija menor que entonces tenia ya tres años y que requiere cuidados constantes y específicos, una tarea en la que la madre ha sido clave. En el escrito la pediatra resalta que el estado físico y emocional de la niña "siempre ha sido de alta fragilidad, dada su corta edad y su grave enfermedad", siendo muy dependiente de sus padres, especialmente la madre como figuras de apego y seguridad. Advierte de que su estado de inmunosupresión la hace muy susceptible de padecer procesos infecciosos, por lo que no es aconsejable que permanezca internada en un centro de acogida lejos de su progenitora, mucho menos en una situación de pandemia como la actual. 

No ha sido la única voz que ha criticado las medidas adoptadas en este caso. El 29 de octubre de 2019, es decir sólo un mes después de dictadas la retirada de custodia y la medidas de alejamiento, el equipo del servicio de oncohematología pediátrica del Hospital Vall d’Hebrón que operó a la menor en enero de 2019 afirmaba en un informe que la separación de la niña de su madre "impide que pueda satisfacer sus necesidades afectivas y le impiden un desarrollo psicoemocional saludable" y que por la salud de la menor "es necesario el contacto con sus padres".

El informe del Hospital refleja un retroceso generalizado en la menor, afirmando que ha pasado de ser una niña alegre a tener "una actitud pasiva, de aplanamiento afectivo, poca receptividad a los estímulos del entorno y mirada triste, así como una actitud distante hacia el equipo médico". El informe también relata que según el equipo de acogida que acompañó a la menor a la revisión, la hermana mayor está preocupada por la actitud pasiva y la escasa comunicación de la niña y afirma que su hermana menor siempre había estado bien cuidada por sus padres "y que ella no había querido involucrar a la niña en su demanda personal".

Tampoco el colegio de los menores afirmó haber tenido sospechas de malos tratos hacia los hijos de la pareja en otro escrito y el abogado presentó ante el juzgado hasta cinco testificales de vecinos del mismo edificio y del barrio que afirman que nunca han oído o presenciado golpes, insultos o amenazas por parte de los padres a los niños. Incluso afirman que cuando la hija mayor estaba en la tienda, solía estar acompañada de su madre, excepto cuando esta debía ausentarse para llevar a su hija menor a revisión médica, pero que estos períodos no solían ser más de dos horas.

El segundo de sus hijos, que ahora tiene 14 años, fue operado de un problema en la cabeza. Antes de la retirada de tutela le estaban haciendo estudios por las migrañas que sufría. En agosto pasado se decidió realizarle una intervención quirúrgica. "No supimos nada de esto hasta bastante después. No nos consultaron ni nos lo contaron. Sé que por algún problema tuvieron que volver a operarlo. Lo supimos en diciembre, aunque la segunda operación se debe haber hecho en algún momento entre octubre y noviembre... pero no sé nada más de él", se lamenta Mballo. "¿Cómo es posible que le pase algo así a tu hijo y que no puedas decidir nada, ni siquiera saberlo?", se pregunta la madre.

"Si me denunció, probablemente en algo me equivoqué"

"No sé qué ha podido pasar por la cabeza de mi hija o qué he hecho mal. Si mi hija mayor me denunció, probablemente en algo me equivoqué", explica la madre. "Puede que me volcase demasiado en el cuidado de la pequeña y eso me hiciese descuidar a mis otros hijos. Que le exigiera a mi hija mayor más de lo que debía, como que se ocupara de sus hermanos pequeños o que me ayudara con la tienda. Pero estoy sola aquí. No tengo familia que me ayude y mi hija menor necesitaba de cuidados permanentes". Afirma que nunca tuvo ayuda de los Servicios Sociales de Rubí. Que cuando solicitó algún tipo de ayuda le dijeron que por sus ingresos no les correspondía y que sólo habían obtenido la ayuda del comedor del colegio por la enfermedad de su hija menor. También explica que cuando le quitaron la custodia de los niños acudió a los servicios sociales de su localidad, pero le dijeron que no podrían hacer nada, que no habían sido ellos quienes habían tomado la medida. 

"Me gustaría poder hablar con mi hija y escuchar para saber qué he hecho mal. Como he fallado con mi madre. Pero también le pediría a las autoridades que antes de quitarle los niños de las familias, que hagan bien su trabajo, que hagan una investigación. Si soy responsable, que me castiguen con lo que dice la ley. Pero si no soy culpable, no merezco esto. Llevo viviendo en este barrio desde hace 15 años y aquí nadie nos conoce como personas problemáticas", relata la madre. 

Mballo y su marido son de origen senegalés. Él y los cuatro hijos que nacieron en nuestro país tienen nacionalidad española. Personas relacionada con el caso afirman que no es el primer caso que conocen en que los servicios de Infancia de la Generalitat retiran la custodia sin un motivo claro, y que esto ocurre con más frecuencia a familias migrantes. 

El matrimonio acabó divorciándose. Desde que les quitaron la custodia de sus hijos los desencuentros en la pareja han llegado a un punto de no retorno, explica Mballo. "Creo que antes ya teníamos problemas como pareja, pero desde que nos quitaron a los niños todo fue de mal en peor. Él me reprocha que haya abierto la tienda y que me apoyara en mi hija". 

La tienda está cerrada. Con todos los problemas y la bajada de ventas afirma que no la puede mantener. La madre vive en la casa de unos amigos que la acogieron. No tiene ingresos y acaba de solicitar ayuda a los Servicios Sociales de Rubí. 

Fuentes del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat consultados por Público afirman que no pueden dar datos de casos concretos por un tema de confidencialidad, pero que cuando la decisión de separación de los padres vienen dictada desde un juzgado, como en este caso, la DGAIA no tiene potestad para revertir dicha decisión, sino que se atienen a lo que dicte la Justicia y que las medidas preventivas se prolongan hasta que haya juicio.

Afirman que sí pueden y realizan escritos e informes porque son parte personada en el proceso y que la recomendaciones suelen ir encaminadas a permitir las visitas de los progenitores, aunque estas sean vigiladas.
"Pero la decisión siempre recae sobre el juez. Hacemos un estudio completo de los menores, que necesariamente debe incluir la relación entre padres e hijos. Sin conocer esto no podemos aconsejar. Podemos establecer visitas en lugares seguros, pero esto tiene que ser decretado por el juez. Los jueces siempre, siempre pueden intervenir. Si mantienen las medidas de cautelares es porque consideran que hay indicios de criminalidad". Afirman que es importante oír a los menores.

El mes pasado los servicios sociales de la Generalitat han hecho un escrito afirmando que los padres habían cumplido con las exigencias de acudir la terapia. El equipo de Atención a la Infancia y la Adolescencia (EAIA) del Consejo Comarcal del Vallès Occidental, del que dependen ahora los menores, recomienda que "es necesario reanudar los contactos en un espacio tutelado y supervisado" con los tres hijos menores. Estos contactos deberán realizarse por separado, advierten desde el EAIA, "debido al hecho de que los padres están separados y la poca relación que existe entre ellos". 

El informe pide, además, que se tenga en cuenta la voluntad de la hija mayor de no tener ningún contacto con su progenitores.

Casi año y medio después de la declaración de la hija mayor ante los Mossos, no se ha celebrado ningún juicio y las medidas siguen en vigor.