Fundación Madrina ha advertido de que el 43% de mujeres víctimas de violencia de género a las que atiende no abandonan a sus maltratadores por falta de recursos y un 32% tienen miedo a que los Servicios Sociales o su agresor les puedan quitar a los niños por no poder mantenerlos.

Así lo avisa la Fundación Madrina en un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, en el que sugiere ocho medidas de protección al menor para prevenir la violencia vicaria, es decir, la que se comete contra los hijos con el fin de hacer daño a la madre, y de la cual han sido víctimas más de 40 menores asesinados desde 2013.

Fundación Madrina avisa de que en todos los casos de menores en riesgo de violencia, "únicamente existe protección y orden de alejamiento para la víctima y no para los menores, por lo que se encuentran en riesgo severo de sufrir violencia por parte del agresor".

Otro gran problema al que se enfrentan las mujeres víctimas de maltrato, según alerta la Fundación Madrina, es "la gran escasez de plazas en los centros de las comunidades autónomas, pese a la gran demanda que se produce cada día".

Además, según precisa, "muchas mujeres madres que han seguido todo el protocolo y proceso de denuncia y sentencia por violencia de género, manifiestan su miedo y arrepentimiento de haberlo iniciado, ya que al finalizar los 3-6 meses de alojamiento tutelado que da la Administración, se encuentran totalmente abandonadas por la misma".

"Se sienten solas, algunas de ellas están embarazadas y en muchos casos en situación de calle con los niños y sin ingresos", denuncia la Fundación Madrina.

Ante esta "falta de apoyo real y permanente", la Fundación solicita que, en los juicios de violencia de género con sentencia firme, se valore el riesgo de los menores y se suspendan custodias y regímenes de visitas o bien se mantengan supervisión en un "punto de encuentro" tutelado.

También pide que se considere violencia el abandono de la pareja embarazada o con niños, dejar a la mujer embarazada o madre con menores a cargo en condiciones de máxima vulnerabilidad y de precariedad.

Igualmente, solicita un apoyo permanente a las mujeres víctimas de maltrato y a sus hijos, para que puedan dar el paso definitivo de la denuncia; y facilitarles vivienda social protegida y permanente, hasta normalizar su situación económica y de empleo.

Además, reclama la retirada de la custodia y de la patria potestad de los niños, si fuera necesario, a los maltratadores acusados por sentencia firme en casos de riesgo para los menores; y agravar las penas, incluida la prisión permanente revisable, para cualquier padre o madre que haya agredido gravemente a un menor.