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Violencia Machista Los juzgados y comisarías carecen de espacios dignos e íntimos para atender a las mujeres maltratadas

Las letradas Natalia González Peláez y Raquel Segovia Sañudo denuncian la falta de zonas apropiadas para atender a las víctimas de violencia machista y cómo dicha carencia propicia la victimización secundaria en ellas.

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Concentración ante las puertas del Palacio de Justicia de Navarra contra la sentencia a La Manada / EFE.

Día sí y día también son muchas las situaciones surrealistas con las que se encuentran tanto las mujeres que deciden denunciar a sus maltratadores como sus abogados por la falta de lugares adecuados para ellas. Como muestra valga la experiencia de la abogada Raquel Segovia Sañudo. “Me he encontrado desde hacer tiempo en el pasillo entre el despacho de su señoría y la oficina judicial o incluso tener que estar en un piso diferente con mis defendidas. También recuerdo otro caso en una comisaría en el que tuvimos que estar cambiando de pasillo en pasillo y esperando en bancos medio rotos que habían sido requisados de parques. Fue agotador. Esa es la realidad que por más kafkiana que sea llegamos a vivir y a normalizar”, comenta.

Y es que, aunque cada vez son más los recursos económicos que se destinan para acabar con estos ambientes nada solidarios con las afectadas, lo cierto es que el camino aún es largo. “Una situación que hace quince años, era posible como que el policía de una comisaría en la que estaba detenido el agresor llamara a la mujer para que le llevara un bocadillo al detenido, es decir al agresor, para que cenara, hoy sería impensable, pero que una mujer espere, a veces sola, en una sala, en la zona de las fotocopiadoras o en otra planta, horas y horas, mientras que llega el agresor o mientras que lo hace su letrado o letrada, o es vista por el o la forense, se le toma declaración o se llevan a cabo otros trámites procesales, en muchas ocasiones, incluso con poca información por parte de su asistencia letrada o sin que, ni tan siquiera, hable con ella el o la representante del Ministerio Fiscal, sigue siendo demasiado habitual”, reconoce Natalia González Peláez, licenciada en Derecho y experta en igualdad de oportunidades y violencia de género.

Más que metros cuadrados

La importancia de contar con lugares a la altura de las víctimas resulta de vital importancia porque influyen en ellas de forma transversal. “Los espacios para la atención de las personas siempre tienen que ser adecuados, mucho más, en el caso de las mujeres que han sufrido o sufren violencia de género, tienen que ser espacios dignos e íntimos, garantizando que no se produzca ningún encuentro con el maltratador, ni con las personas que lo puedan acompañar. Un espacio, donde pueda estar acompañada y pueda hablar con su letrado o letrada con tranquilidad. Los espacios así concebidos, ayudan a gestionar las emociones, por supuesto, a procesar la información y, en su caso, a tomar decisiones”, añade González. “Resulta sorprendente que, pudiendo existir una sala aunque sea pequeña, no lo hagan en la mayoría de los espacios, porque si, el espacio es importante para tranquilizar el ánimo y las relaciones interpersonales; con comodidad y tranquilidad, donde poder explicar lo que es ese procedimiento y sus consecuencias”, agrega Segovia.

Además sendas profesionales coinciden en señalar que la consecuencia más grave de esta desatención en las mujeres es la de sentirse ignoradas y desatendidas. Según opina la abogada asturiana Natalia González, “la afectada cree que lo que hace no va a servir para nada y prefiere no denunciar o retirar la denuncia. En todos los casos lo que se le crea es sensación de indefensión, aumentando su estrés, sobre todo, cuando no entiende nada de lo que está sucediendo. Esto afecta, casi siempre, al éxito de la defensa de sus intereses, en muchas ocasiones, porque, al no sentirse escuchada, no es capaz de trasladar información crucial para el procedimiento, en el momento adecuado”, dice. Al nerviosismo Raquel Segovia añade el efecto dominó. “Cada vez que pasa algo así se provoca que no se crea en el sistema y por tanto no se vuelva a denunciar si ocurre algo, porque es desesperante lo que tarda todo, además del efecto espejo en otras, que se enteran y dicen, yo no voy a denunciar porque esto es desesperante”, recalca.

Por eso resulta de vital importancia acabar con la falta de infraestructuras para este tipo de situaciones. “Todo esto pasa porque los edificios no están preparados, hablamos, en ocasiones, de edificios viejos, incluso de bajos alquilados y habilitados para instalar una sede judicial, con lo que, no existen espacios adecuados para garantizar que víctima y agresor no coincidan. Esta es una de las cuestiones que se ha abordado en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, adoptando medidas al respecto. Lo que, además, hay que garantizar es que, en los edificios que se están construyendo o rehabilitando, estas cuestiones se tengan en cuenta y se les busque una solución adecuada”, reseña González. Una solución que Segovia cree no se da porque no se piensa si quiera en ello. “No se planifica, así de fácil, porque hay espacios entre salas que no se explica que no pudieran habilitar”, dice.

Falta de empatía

Pero los edificios no son lo único que se han de adaptar. La empatía es una de las piedras básicas que han de colocarse en la atención hacía estas mujeres. “Hay que mejorar la coordinación entre los órganos judiciales y policiales y los servicios especializados en la atención a víctimas. Muchas veces la solución no es que los dos esperen en el mismo edificio, sino que la mujer pueda estar tranquilamente en el recurso especializado y se desplace, en el momento en que sea precisa su presencia. Se tiene poca empatía con las víctimas, velando más por asegurar que estén en el Juzgado en el momento oportuno que por su bienestar”, reconoce la abogada asturiana.

Además, la inercia del trabajo es otra de las razones que explican que no se preste la asistencia requerida. “En mi experiencia en Madrid se pone muchísima distancia emocional en todo. En pueblos es más cercano, pero en la capital las guardias de asistencia a víctimas suelen ser muy agobiantes. La abogada o abogado que tienen la especialización debida, ya comienza normalmente, con la dificultad de no poder aparcar si lleva su propio coche al centro de detención, los procedimientos luego en el juzgado, desgraciadamente, son tediosos y largos, en estos momentos se acaba de cambiar la sede, hay enormes pasillos, pero personalmente no he identificado sala de victimas como tal. La sala de vistas en la que he actuado es más pequeña que la de la anterior sede, resulta sorprendente cuando se pedían salas para víctimas y yo me encontré con mi clienta en un banco al otro extremo de su expareja”, reconoce Segovia.

Por si esta falta de adecuación de los espacios fuera poca hay que señalar cómo la atención que reciben las mujeres afectadas varía mucho de unos sitios a otros, dependiendo de la especialización tanto de juzgados como de órganos policiales. “No es lo mismo, ser atendida y presentar una denuncia en la UFAM que hacerlo en la oficina de denuncias, o hacerlo en el EMUME o en un cuartel de la guardia civil, normalmente las unidades especializadas, prestan una buena atención, con una escucha activa y empática, tomándose su tiempo, acompañando a la víctima. Cuando las unidades no están especializadas, la atención puede no ser tan buena, aunque, en general, tanto en la Policía Nacional, como en la Guardia Civil, se ha avanzado mucho, suele haber personal con formación que es el que prioritariamente se le encomienda la atención de estas víctimas. No hemos de olvidarnos, además, de que existen protocolos de actuación que se deben cumplir. A veces, las dificultades en la atención, influye la falta de espacios adecuados y la carga de trabajo. Especialmente en muchas zonas rurales, en las que en horario nocturno y fines de semana, hay muchos cuarteles de la Guardia Civil, cerrados”, reconoce González.

Mientras que nada de esto se dé, las únicas que pierden son las mujeres maltratadas. “Es lo que se denomina victimización secundaria. Además, creo que no debemos olvidarnos de que la mujer tiene el derecho a una asistencia integral, tal y como recoge la Ley Integral contra la Violencia de Género, que desde las instituciones se debe garantizar y que nos encontramos ante delitos de carácter público, ante los que la justicia debe actuar, de oficio, siempre que tenga conocimiento de su perpetración, aun sin denuncia de la víctima”, comenta González. “Es indigno, con lo que conlleva este calificativo. No se debería consentir, pero como vamos de todas las maneras trabajamos en situación como de "provisionalidad" y lo malo es que funciona, terminamos cosificando todo y sucede lo que no es de recibo, pasamos a ser expedientes y números”, finaliza Segovia.

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