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Violencia machista Las portuguesas, sin ayuda para huir del agresor si superan el salario mínimo

La situación ha salido a la luz al publicarse la estadística de ayudas concedidas en 2018, año en el que el 80 % de las solicitudes de ayuda inmediata que fueron denegadas se archivaron precisamente porque la solicitante ganaba una cantidad superior al salario mínimo, que el año pasado se situaba en 580 euros.

Imagen de archivo de una manifestación contra de la violencia machista. EFE/Mario Ruiz

nthia de Benito | efe

Ganar más de 600 euros al mes, el salario mínimo, inhibe a las portuguesas maltratadas de contar con la ayuda económica más rápida del Estado, creada precisamente para que puedan salir de la casa que comparten con el agresor. Un bloqueo que, denuncian asociaciones de víctimas, impide huir a muchas víctimas.

La situación ha salido a la luz al publicarse la estadística de ayudas concedidas en 2018, año en el que el 80% de las solicitudes de ayuda inmediata que fueron denegadas se archivaron precisamente porque la solicitante ganaba una cantidad superior al salario mínimo, que el año pasado se situaba en 580 euros.

Son datos de la Comisión de Protección a las Víctimas de Crimen (CPVC), dependiente del Ministerio de Justicia, que recibe -y dirime- esas peticiones de ayuda inmediata de víctimas de "violencia doméstica", como se denomina este tipo de violencia en Portugal. El informe sobre 2018 indica que durante ese año se resolvieron 142 solicitudes de apoyo financiero inmediato, de las cuales 87 fueron aprobadas. Cada víctima recibió de media 2.014 euros, es decir, una "prestación mensual media de 336 euros".

Esta ayuda es fundamental para que las mujeres maltratadas puedan huir inmediatamente de su agresor,

Se considera que esta ayuda es fundamental para que las mujeres maltratadas puedan huir inmediatamente de su agresor, como reconoce la propia Comisión al argumentar en el informe que la cuantía debe llegar "en el momento de la ruptura familiar, porque es en ese momento cuando las víctimas se encuentran en una situación de enorme fragilidad, muchas veces sin ningún tipo de ingreso".

Con ese espíritu se entrega la prestación durante seis meses, prorrogables por otros seis, pero con una importante salvaguarda: quienes la reciban deben estar en una "situación de grave carencia económica". La Comisión entiende que esa situación se da solo cuando la solicitante recibe una cantidad mensual inferior al salario mínimo, una cuestión polémica porque, entre otras cuestiones, no se tienen en cuenta los gastos de la mujer, por ejemplo si tiene hijos a su cargo.

"El argumento es una falacia. No podemos determinar si una víctima está en una situación de carencia económica solamente teniendo en consideración sus ingresos y no sus gastos. Los gastos representan muchas veces un valor superior al que reciben", expone Inês Gonçalves.

Gonçalves, jurista de la Asociación Portuguesa de Apoyo a la Víctima (APAV), pone un ejemplo de una víctima a la que conoce, que gana 730 euros al mes y que tras pagar el alquiler, las facturas y los abonos de transporte para ella y sus dos hijos menores, dispone de 60 euros para la alimentación de todo el mes.

"Es imposible", zanja la jurista, que en casos como estos se pueda mantener una víctima a la espera de que se resuelvan procesos judiciales contra su agresor en los que se determine, por ejemplo, el pago de una ayuda de alimentación para los vástagos en común. "Muchas de las veces, cuando la Comisión rechaza estos pedidos, está imposibilitando que la mayoría de estas mujeres y sus hijos tengan una vida digna", dice la experta, que destaca el riesgo de que esta medida inhiba la huida de muchas.

"Mientras tengamos por base el salario mínimo habrá muchas víctimas pasando por situaciones bastante complicadas, y la verdad es que esto en cierta forma las puede retraer", sostiene. La cuestión sobre las ayudas inmediatas surge en un contexto de creciente concienciación en Portugal sobre la violencia machista.

El pasado 7 marzo, víspera del Día Internacional de la Mujer, el país realizó un día de "luto nacional" por las víctimas mortales de esta lacra, que en 2018 ascendieron a 28, según datos del Observatorio de Mujeres Asesinadas, de la organización feminista UMAR.

Es la base de datos más frecuentemente citada sobre este tipo de crímenes, cuya dimensión real es desconocida para el Estado portugués; de hecho, un grupo de peritos nombrado por el Gobierno para mejorar la lucha contra la violencia machista ha recomendado en las últimas horas que se cree una base de datos nacional.

Según estos peritos, los datos recogidos por varios servicios públicos sobre violencia machista presentan información "escasa y desactualizada". Las tablas de UMAR, que cuentan estos crímenes desde 2005, registran 500 mujeres asesinadas desde entonces, en un país de diez millones de habitantes.

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