El Govern ha aprobado este martes el decreto ley que permite limitar el precio de los alquileres en los barrios con falta de vivienda asequible, una regulación que han pactado JxCat y ERC una vez superadas las diferencias entre ambos socios de gobierno por el alcance de esa normativa.

La consellera de Justicia, Ester Capella, y el de Territori, Damià Calvet, han comparecido tras la reunión de Govern para dar cuenta del nuevo decreto ley, que, en base al Código Civil catalán, dará pie a fijar límites al precio de los alquileres en determinadas zonas consideradas "tensas", donde no podrán superar el 10 % del índice de referencia.

La nueva norma facultará al Ayuntamiento de Barcelona -la ciudad catalana más afectada por la burbuja de los alquileres- a declarar la zonas de la capital catalana afectadas por un mercado de viviendas tenso, condición indispensable para una posterior limitación de los precios.

El proyecto de regulación del precio de los alquileres por decreto ley -una medida urgente mientras que el Govern seguirá trabajando en un anteproyecto de ley de arrendamientos que incluirá esa medida y otras encaminadas a evitar contratos abusivos- despertó recelos en la Consellería de Territorio, que dirige Damià Calvet.

De hecho, la semana pasada la consellera de Justicia aseguró en rueda de prensa que el Govern aprobaría este martes la regulación de los alquileres por decreto ley, un anuncio del que se desmarcó el Departamento de Territori, sin ocultar su malestar por una iniciativa que consideraba electoralista.

Finalmente, ambos departamentos han pactado un decreto ley que establece que, en casos justificados, se excluya de la contención de precios a las viviendas con una superficie útil superior a los 150 metros cuadrados y permite que los pisos nuevos o completamente rehabilitados se puedan arrendar un 20 % por encima del índice de referencia durante los cinco primeros años.

En el caso de las viviendas que cuenten con elementos no previstos en el índice de referencia de precios del alquiler -como disponer de vistas excepcionales o zonas comunitarias con piscina o jardines-, la norma permite un incremento adicional del precio del alquiler del 5 %, que deberá quedar debidamente justificado en el contrato.

Según la nueva normativa, los pisos que ya están alquilados podrán continuar con el precio anterior a la entrada en vigor del decreto ley, tanto los contratos presentes como los futuros.

En el caso de que el propietario cobre un alquiler superior a la limitación establecida, el Govern tendrá el derecho de recuperar la diferencia del precio por vía judicial, aunque está previsto impulsar medidas de mediación para resolver las diferencias que puedan surgir entre ambas partes.