Desde el martes, los inmigrantes en situación administrativa irregular, así como las personas nacionalizadas en España, los extranjeros residentes, los pensionistas que residen en otros países y los trabajadores transfronterizos tendrán derecho a recibir asistencia sanitaria. Todo ello gracias a la entrada en vigor de un anunciado Real Decreto que elimina una de las normas más criticadas dentro del Real Decreto 16/2012 puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy.

La medida fue aprobada el pasado viernes en el Consejo de Ministros, a propuesta de la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón.

En la rueda de prensa posterior al Consejo, la ministra puntualizaba al explicar la medida que, en aquellos casos en que las personas extranjeras no hayan superado el periodo de estancia temporal al que se refiere la Ley 4/2000 sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social (90 días), será preceptiva la emisión de un informe previo favorable de los servicios sociales competentes de las comunidades.

Ahora bien, la ministra advertía de que para evitar casos de "abuso" y, por ende, el turismo sanitario, se va a financiar esta asistencia cuando se cumplan los siguientes criterios: no tener la obligación de acreditar la cobertura de la prestación sanitaria por otra vía, en virtud de lo dispuesto en el derecho de la Unión Europea, los convenios bilaterales y demás normas aplicables; no poder exportar el derecho de cobertura sanitaria desde su país de origen o procedencia; y no existir un tercero obligado al pago.

En todo caso, tal y como ha asegurado el Ministerio de Sanidad, la asistencia sanitaria a estos colectivos no genera un derecho a la cobertura sanitaria fuera del territorio español financiada con cargo a los fondos públicos. Además, las comunidades autónomas, en el ámbito de sus competencias, fijarán el procedimiento para la solicitud y expedición del documento certificativo que acredite a las personas extranjeras para poder recibir la prestación asistencial.

"Una sociedad justa no deja a nadie atrás. Hoy se recupera la universalidad en el derecho a la salud gracias a una norma que armoniza y da cohesión al SNS y que, además, genera igualdad", aseguraba la ministra.

Disposiciones

La nueva norma argumenta que "la exclusión del colectivo de personas adultas no registradas ni autorizadas a residir en España del derecho de protección a la salud y a la atención sanitaria no ha sido acorde, por tanto, con los antecedentes normativos existentes en nuestro país ni con los diversos compromisos internacionales adquiridos".

Por otra parte, se establece la aportación farmacéutica para las personas extranjeras no registradas ni autorizadas como residentes en España, por el necesario acceso a la prestación farmacéutica en igualdad de condiciones.

Asimismo, tiene una disposición adicional que hace referencia a la incorporación de los nuevos asegurados en las listas de espera de trasplantes. Así, se señala que, previo informe favorable del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se establecerán los requisitos y período mínimo para que puedan acceder a esta prestación sanitaria.

Mejora de la saludo individual y colectiva

La elaboración de la norma se han tenido en cuenta los informes y consideraciones realizadas por los organismos internacionales como, por ejemplo, la Comisión Europea, el Consejo de Europa o la Organización Mundial de la Salud. También se ha incorporado información aportada por las comunidades autónomas, el Defensor del Pueblo, sociedades científicas o la sociedad civil en los distintos encuentros mantenidos las últimas semanas para el desarrollo del real decreto.

"Lo esencial de esta norma, y lo que justifica la urgencia de abordar la universalidad de la atención sanitaria, es por la mejora de la salud individual de las personas excluidas y de la salud colectiva de toda la población. Una sociedad justa no deja a nadie atrás", señalaba Montón, para insistir en que el Real Decreto aporta "coordinación, armonización y seguridad jurídica" ante la normativa "dispersa" de las autonomías.

Del mismo modo, la ministra de Sanidad afirmaba de que la nueva normativa acabará con la "inseguridad jurídica" que afecta tanto a las personas que precisan atención sanitaria como a los profesionales que prestan ese servicio público, así como a las administraciones que en su día las aprobaron.

Finalmente, recordaba que la aplicación de la norma no implica un mayor coste para las arcas públicas, y que la atención normalizada en Atención Primaria permite un "mejor control" de las enfermedades y de la salud pública, al tiempo que evita "descompensaciones" en enfermedades que provocan atenciones urgentes y hospitalizaciones.