Este jueves el Poder Judicial decidía no avalar el nombramiento de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Una decisión –inaudita en democracia– que evidencia hasta qué punto el Consejo General del Poder Judicial, cuya mayoría conservadora lleva cinco años en funciones, se ha propuesto boicotear las instituciones.

Una decisión controvertida que representa otra vuelta de tuerca en esa deriva antisistema de la derecha y sus tentáculos en la judicatura. El pronunciamiento del CGPJ ha suscitado numerosos análisis y comentarios más o menos sesudos.

Sin embargo, el diagnóstico más certero ha corrido a cargo de Joaquín Urías, letrado del Tribunal Constitucional entre 2004 y 2010. En apenas unas líneas, este jurista ha despachado lo que está ocurriendo y lo ha hecho con la rotundidad y clarividencia de un pincho de tortilla en ayunas. Lean:

Se podría decir más alto pero no más claro. A veces lo más sencillo es lo que mejor funciona. Para ello conviene coger el bisturí y diseccionar la realidad como si la viéramos por primera vez. No es fácil, pero Urías lo ha conseguido.