Cerrar la incineradora. Ese es el objetivo último de los vecinos del sureste de Madrid cansados de soportar durante años los malos olores del gran vertedero de Valdemingómez y temerosos ante los riesgos que, aseguran, está teniendo para la salud de miles de habitantes cercanos a la planta.

La instalación encargada de reducir a cenizas más de 300.000 toneladas al año de residuos urbanos provenientes de la capital, Rivas Vaciamadrid y Arganda nació rodeada de polémica. Las protestas se remontan hasta el día mismo de su apertura, en 1993, pero quienes pelean esta batalla han decidido pasar a la acción. El Frente Cívico de Rivas y la asociación ecologista Rivas Aire Limpio han presentado esta mañana una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra la Comunidad de Madrid por permitir que el complejo funcione "incumpliendo diversas directivas europeas y legislación estatal en materia de medio ambiente". Junto a la denuncia, las agrupaciones presentarán las 5.000 firmas recogidas en algo más de un mes apoyando la medida.

"Lo que aquí está en juego es la salud pública. Todo es una chapuza y no hay control sobre las emisiones. Pero para ellos es un negocio y les da igual lo demás", sostiene José Antonio Bellón, miembro del Frente Cívico de Rivas.

Los denunciantes se apoyan en un informe del Instituto de Salud Carlos III que concluye que existe un incremento significativo del riesgo de muerte por cáncer en las localidades próximas a incineradoras e instalaciones para la recuperación o eliminación de residuos peligrosos. Además denuncian, entre otras cosas, que la Autorización Ambiental Integrada concedida por la Consejería de la Medio Ambiente de la Comunidad a la titular de la incineradora, Tirmadrid, no incluye una Evaluación de Impacto Ambiental como exige la legislación y que no existe control sobre muchas de las sustancias contaminantes más peligrosas que se emiten a la atmósfera.

El Ayuntamiento asegura que las emisiones están "muy por debajo" de los límites

Consultada por este periódico, la consejería de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que no puede dar respuesta sobre los aspectos más técnicos del vertedero de un día para otro. La información pública sobre el Parque Tecnológico de Valdemingómez accesible en la página web del consistorio informa, sin dar cifras concretas, de que las emisiones de la incineradora, entre ellas de dióxido de azufre, dioxinas y furanos "se mantienen muy por debajo de los límites señalados en la normativa medioambiental vigente".

"Si se supieran las sustancias que se emiten, la gente vendería sus casas"

El Ayuntamiento asegura que se trata de una instalación "inocua" para la población y el medio ambiente. "Sólo un 5% de las dioxinas emitidas en el municipio de Madrid procede del tratamiento de residuos, frente al 7% del transporte y el 21% de las calefacciones domésticas. Un fumador pasivo inhala al año 900 veces más dioxinas que un vecino de una moderna incineradora" puede leerse en uno de los dosieres informativos sobre la planta de tratamiento.

Las asociaciones que piden su cierre no opinan lo mismo: "Si hubiese una verdadera transparencia sobre las sustancias que se emiten supondría una verdadera alarma social. La gente empezaría a vender sus casas", afirma Bellón, que denuncia que entre esos elementos figuran las partículas "altamente cancerígenas" de los miles de CD y DVD decomisados por la policía y que terminan siendo pasto de las llamas.

El vertedero de Valdemingómez procesa 1,4 millones de toneladas de basura al año

Ubicado en el PAU de Vallecas, entre la M-50 y los límites municipales de Rivas y Getafe, el Parque Tecnológico de Valdemingómez comenzó a funcionar en 1978 sólo como vertedero y en la actualidad está dividido en cuatro centros de tratamiento, entre ellos la incineradora. Según datos del Ayuntamiento, recibe más de 1,4 millones de toneladas de basura al año. Un 78% de los residuos urbanos son sometidos a algún tipo de tratamiento, mientras que un 22% va directamente al vertedero. Aproximadamente el 21% de los residuos son incinerados.

Pese a que la lucha de los vecinos, algunos de ellos con viviendas a apenas dos kilómetros de la planta, dura ya décadas y que el informe de 2011 de la Defensora del Pueblo señalaba al Ayuntamiento como responsable de los malos olores, el cierre de la incineradora no parece un deseo realizable. De hecho, ante la acumulación de residuos y la posibilidad de que agote su capacidad para 2018, el consistorio tiene planes de aumentar el vertedero y duplicar la capacidad de la incineradora.  

Los vecinos no se rinden. Bellón asegura que seguirán con la recogida de firmas y que se plantean seguir presentando denuncias por la vía contencioso-administrativa.