La prioridad de la educación

Repetimos una y otra vez que "invertir en educación es caro y que no hacerlo es carísimo", que "si hacerlo les parece caro, prueben ustedes con la ignorancia". El hecho de que reiteradamente tantos lo digamos responde a una convicción compartida de que para el desarrollo y el porvenir personal y para el futuro del país es imprescindible un compromiso firme y estable por la educación. Y ello exige financiación.

Desde luego con eficiencia, transparencia, equidad y rendición de cuentas. Con evaluación, por tanto, de los resultados. A pesar del enorme esfuerzo realizado, aún hoy sigue siendo necesario no desistir. Los tiempos son complejos y nada fáciles, lo que agudiza la necesidad, siempre conveniente, de ser austeros. Los planes, los programas, las actuaciones, han de estar marcados por esta política. La comunidad educativa y toda la sociedad es consciente de que el esfuerzo ha de ser compartido. Pero puestos a efectuar necesarios ajustes, y en su caso recortes, ello no puede ser una coartada para actuar sin dimensión social. Cuáles, cómo y dónde es determinante. Y es preciso preservar prioridades. Y la educación ha de serlo.

La educación es la mejor política económica y la mejor política social

Para quienes compartimos con la Comisaria de Educación de la UE, Androulla Vassi-liou, que "la lucha contra el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios es incompatible con los recortes del gasto educativo", para quienes defendemos un modelo de educación inclusiva de calidad es imprescindible una inversión que garantice los recursos materiales y humanos necesarios. Y ello requiere el esfuerzo conjunto de toda la sociedad. De lo contrario, no será coherente recabar buenos resultados. La disminución de plantillas o la desconsideración para con las actividades integrales y diferenciadas del profesorado, como si estas se redujeran a la intervención en los periodos lectivos anuales, o a la impartición de clases, supone ignorar el horario lectivo complementario y las horas de permanencia y las múltiples tareas que desarrollan. Ya que tanto hablamos del reconocimiento y del apoyo que merece el profesorado, no es cuestión de poner en duda su dedicación y su profesionalidad.

El Consejo Escolar del Estado, en su sesión del pasado abril, mostró su preocupación porque se realicen recortes, entre otros, en los presupuestos destinados al funcionamiento ordinario de los centros, a la extensión de la Educación Infantil y de las enseñanzas de FP, a la atención a la diversidad del alumnado, a las subvenciones a las asociaciones de padres y madres y del alumnado y federaciones y confederaciones de las mismas, y a otros aspectos relacionados con el profesorado y su formación.

Durante esta legislatura hemos insistido en la necesidad de situar la "educación" en el corazón de la economía. El modelo económico que queremos más sostenible deberá tener la educación y el conocimiento como pilares para ser efectivo y justo. La educación es la mejor política económica y la mejor política social. Cuanta más formación, más posibilidades personales y de empleabilidad.

No es cuestión de poner en duda la profesionalidad de los docentes

El fracaso escolar o la falta de formación tienen un coste social y económico que España no puede asumir. En un país que ha hecho de la lucha contra el fracaso y el abandono escolar una prioridad, no se deben tomar decisiones que debiliten directamente los programas de refuerzo y que afecten sobre todo a los alumnos y familias con más u otras necesidades educativas.

La mejor coordinación siempre es un acuerdo y un plan de acción compartido. Venimos trabajando en este sentido y para que los planes de austeridad no supongan merma de los programas educativos y ofreciendo al resto de las administraciones posibilidades para que cumplan sus objetivos de déficit, incluso sin cofinanciarlos, como inicialmente estaba previsto.

La educación es un bien público, lo que no significa del Gobierno, sino de toda la sociedad. La unión de las administraciones, de las fuerzas políticas y sociales con la comunidad educativa, que implica, por tanto, también a las familias, es el único camino para afrontar con responsabilidad que la educación es una prioridad de toda la sociedad y una política de Estado.