Ni las cifras (en 2011 se esperan 300.000 embargos hipotecarios) ni el intenso debate en la judicatura española, con autos y sentencias a favor y en contra en Navarra, sobre la entrega de la vivienda para saldar la hipoteca (lo que se conoce como dación en pago), justificada por la crisis económica, parecen sensibilizar al Congreso de los Diputados. Tanto PSOE como PP, grupo que el pasado mes de junio condicionaba su apoyo a la fórmula piso por hipoteca en función del impacto económico de la medida, rechazaron ayer esta posibilidad en el Congreso.

Los dos grupos mayoritarios votaron ayer contra una proposición de ley presentada por IU e ICV que solicitaba un cambio de la Ley Hipotecaria para obligar a las entidades financieras a aceptar que la entrega de la vivienda cancelara el préstamo hipotecario. Su rechazo se produjo el mismo día en el que un juez de Sabadell ha planteado la inconstitucionalidad de las ejecuciones hipotecarias. Según un auto, que cita Europa Press, el titular del Juzgado de Primera Instancia número dos de Sabadell, Guillem Soler, pide al Tribunal Constitucional que estudie si es necesaria una modificación de la Ley Hipotecaria para facilitar la entrega de la vivienda con el fin de saldar la deuda hipotecaria. El juez considera que la legislación debe adaptarse a las condiciones sociales y económicas actuales para evitar que los numerosos desahucios 'generen exclusión social'.

Una idea que suscriben IU e ICV en su texto que también reclamaba el reconocimiento del derecho subjetivo y 'judicialmente exigible' de todos los ciudadanos a una vivienda digna. Precisamente, a este último punto se agarraron CiU y PNV para votar en contra de una propuesta que defendían hasta el pasado diciembre. 'El argumento vulneraba las competencias de las comunidades autónomas', sostienen desde filas catalanas.

La iniciativa, que sólo ha recabado el apoyo del BNG, contemplaba también la 'prohibición de cláusulas abusivas' en los contratos, como la imposición de intereses moratorios superiores a los remuneratorios, los avales por importes que excedan el precio de la propia vivienda y la imposición de comisiones por el estudio o concesión de un préstamo.

A la negativa del Congreso se opuso el socialista Pedro Castro. El alcalde de Getafe y presidente de la Federación Española de Municipios y provincias (FEMP) logró ayer que la Comisión Ejecutiva solicitase al Gobierno el impulso de la dación.

Además, IU e ICV piden en una propuesta de ley sobre defensa de las cajas y su función pública que el Estado, a través del Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB), compre viviendas de las cajas para devolverlas al mercado a 'precios sociales' y aligerar el stock, una de las medidas básicas para garantizar su saneamiento.