MADRID.- El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) se personará como parte perjudicada en la causa que instruye un juzgado de Murcia por el presunto fraude en la adjudicación de obras del tramo del tren de alta velocidad entre esa ciudad y la alicantina de Crevillente. La cantidad desfalcada asciende a unos 17 millones de euros.

Adif ha comunicado esta decisión tras conocer las actuaciones judiciales llevadas a cabo desde el pasado noviembre y cuyo secreto se levantó hace unas semanas.

En un comunicado, ha señalado que se presentará como acusación particular tras hacer un detenido estudio y concretar los daños y perjuicios que puede haber sufrido en la adjudicación de las obras de reposición de las redes hidráulicas que se vieron afectadas por ese tramo del AVE.

Adif ha indicado que en la actualidad no aparece como investigado en las diligencias ningún miembro de su plantilla, aunque en las actuaciones sí está imputado José Luis Martínez Pombo, que fue su jefe de Infraestructuras para la zona de Levante. 

Precisamente, uno de los indicios que apuntaron a la presunta implicación en los hechos de Martínez Pombo fue que este se acogió a la amnistía fiscal y en 2012 "afloró" dos millones de euros en metálico. Esa regularización fiscal fue uno de los primeros indicios tenidos en cuenta por los investigadores de la presunta percepción de este investigado de fondos procedentes de los sobrecostes de las obras de reposición de infraestructuras hidráulicas afectadas por el tramo del tren de alta velocidad comprendido entre Crevillente (Alicante) y Murcia.

Para el juzgado de instrucción de Murcia que investiga el presunto fraude, este exjefe de Adif podría ser "uno de los principales implicados en la trama" defraudatoria, que se habría repartido supuestamente los fondos procedentes de la emisión de facturas falsas por los sobrecostes aprobados, algo que él niega. Martínez Pombo prestó declaración el febrero pasado, aunque hasta ahora no se conocía el contenido de sus manifestaciones por el secreto que pesaba sobre la causa.

Al declarar como investigado ante la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, admitió esa regularización, así como que hacía frecuentes viajes a Suiza para llevar dinero hasta que "se cansó" y comenzó a guardarlo en cajas fuertes de bancos y en su domicilio. Según las diligencias de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria, en los registros llevados a cabo en inmuebles de su propiedad y en cajas fuertes bancarias fueron intervenidos 147.000 euros, 55.680 francos suizos, casi 45.000 dólares estadounidenses y 1.130 canadienses y 180 rublos, junto con 8 pesos argentinos.

También figuran como investigados los responsables de varias empresas que prestaron servicios para la construcción de ese tramo del AVE, uno de los cuales reconoció que otro imputado le indicó que debía engordar sus facturas.

La causa de la denominada operación César trata de esclarecer si se produjo el fraude con la facturación de servicios que no se habían prestado realmente o con el sobrecoste de los trabajos cobrados.