El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró este lunes que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y su presidente, Carlos Dívar, han salido "fortalecidos" del normal funcionamiento del Estado de Derecho, materializado en la investigación de los hechos denunciados por uno de los vocales, su tramitación y su "calificación".

Después de que la Fiscalía General del Estado decidiera archivar la denuncia formulada por el vocal José Manuel Gómez Benítez, el ministro quiso constatar en los pasillos del Congreso de los Diputados que en España funciona un Estado de Derecho en virtud del cual "cualquier hecho que se denuncia tiene para todos los españoles" una tramitación, una investigación, y en función de ello una calificación.

Eso es lo que ha sucedido también en este caso, aseguró, y la Fiscalía "desde su autonomía" ha certificado que ninguna de las conductas de Dívar es "susceptible de ningún tipo de reproche penal".

El ministro subrayó que siempre, "pero muy especialmente en estos momentos de crisis", la fortaleza de las instituciones es "un activo absolutamente fundamental" y los ciudadanos deben saber que la denuncia fue tramitada e investigada, y tras el archivo queda claro que tanto la institución del CGPJ como su presidente salen "fortalecidos", y con ellos el Estado de Derecho como garantía y seguridad para las partes interesadas y para todos los españoles.

Dívar estaba siendo investigado por haber pagado con fondos públicos el importe de una habitación en un hotel de lujo de Marbella y varias cenas en esa misma localidad durante seis fines de semana. Según Gómez Benítez estos viajes no tenían relación con actividades vinculadas a su cargo como presidente del Tribunal Supremo y supusieron también el desplazamiento a Marbella de siete escoltas con unos gastos estimados en 27.000 euros.