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Murcia y ACS montaron en 24 días la trama empresarial para una desaladora innecesaria en Cartagena

En 2006 se crearon varias empresas destinadas a hacerse con la concesión de la construcción y explotación de la instalación en Escombreras, como parte de un plan del Gobierno regional para dar servicio a los desarrollos urbanísticos que serían construidos en 182 millones de metros cuadrados que recalificarían en 26 municipios murcianos bajo control del Partido Popular.

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La desaladora de Escombreras en Murcia. EFE

CARTAGENA.- En sólo 24 días, el Gobierno de Murcia y empresas del grupo ACS, que preside Florentino Pérez, organizaron la trama empresarial necesaria para construir y, supuestamente, poner a funcionar la desaladora de Escombreras (Cartagena) que habría de dar servicio a futuras grandes urbanizaciones turísticas –especialmente a la de Novo Carthago, investigada por intentar construir en terrenos protegidos junto al Mar Menor, en el mismo municipio que la desaladora–, según documentos registrales y mercantiles a los que ha tenido acceso este diario.

Entre el 25 de enero y el 17 de febrero de 2006 se crearon varias empresas privadas y alguna pública destinadas a hacerse con la concesión de la construcción y explotación de la desaladora de Escombreras, que formaba parte de un plan del Gobierno regional de construir ese tipo de instalaciones para dar servicio a los desarrollos urbanísticos que, tentativamente, serían construidos en 182 millones de metros cuadrados que recalificarían en 26 municipios murcianos bajo control del Partido Popular.

El “paraguas” legal lo suministró el Ente Público del Agua (EPA) creado mediante la Ley 4/2005 de 14 de abril, menos de un año antes de montarse la trama en torno a Escombreras, sin consultar previamente a los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma, según declaró el director de los mismos, Francisco Ferrer, en su comparecencia, el 18 de mayo pasado, ante la comisión de investigación sobre la desaladora que se desarrolla en la Asamblea Regional murciana.

En aquel momento, hace diez años, el ejecutivo 'popular' murciano presidido por Ramón Luis Valcárcel se había embarcado sorprendentemente en la construcción de desaladoras, después de años de denuestos y descalificaciones contra el llamado Plan Agua de la ministra de Medio Ambiente Cristina Narbona, que pretendía paliar el déficit hídrico del sureste precisamente mediante desalinizadoras y desaladoras, tras la derogación del pretendido trasvase Ebro-Segura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en 2004.

Merced a los documentos firmados en aquella época, los gestores públicos murcianos se comprometieron a pagar a las empresas del grupo ACS, de Florentino Pérez, casi 600 millones de euros por una instalación presupuestada en 122 millones y que, actualmente, funciona apenas al 20% de su capacidad debido a la falta de demanda causada por el pinchazo de la burbuja inmobiliaria a partir de 2007, como ya informó Público.

Según los documentos mercantiles y registrales a los que ha tenido acceso Público.es, el 25 de enero de 2006 se constituyó la empresa privada Desaladora de Escombreras S. A. por dos empresas del Grupo Cobra, que a su vez es parte del Grupo ACS. En concreto, la empresa Cobra Instalaciones y Servicios S. A. aportó el 80% del capital, y Moncobra S. A. puso el 20% restante, estableciéndose el capital social en 60.500 euros, de los que solo se aportaron 15.215, quedando nombrado como administrador único de la nueva sociedad Cobra Instalaciones y Servicios S. A.

Al día siguiente, el 26 de enero, se firmó un contrato privado con otra empresa de ACS, Hydromanagement, por el que ésta arrendaba financieramente a 25 años con opción a compra la futura desaladora. Ese mismo día, se estableció otro contrato con Técnicas de Desalación de Aguas S.A. (Tedagua), también de ACS al 99,5%, por el que esta segunda empresa se hizo cargo del funcionamiento y mantenimiento de la instalación a construir durante el tiempo establecido en el contrato anterior.

Esta fórmula de “arriendo financiero”, poco usada en España, estableció que la compra solo se haría efectiva al finalizar el último de los pagos. Es decir, 25 años después, que empezarían a contar desde el inicio del funcionamiento de la desaladora, que fue en 2009. Terminaría pues ese periodo en 2034 y los pagos previstos por contrato sumarían los casi 600 millones mencionados: casi cinco veces su coste de 122.

Veinte días después, el 17 de febrero de 2006, Desaladora de Escombreras S.A. se convirtió en empresa pública cuando la también pública Hidronostrum S.A. –fundada el mismo día por el Ente Público del Agua (EPA), organismo ad hoc del Gobierno regional murciano creado en abril de 2005– compra el 51% de las acciones. Casualmente, Hidronostrum fue creada por EPA… ¡el mismo día que se convierte en mayoritaria de Desaladora de Escombreras S.A.! El 49% accionarial restante permaneció en manos de las dos empresas originales (10% Moncobra S. A. y 39% Cobra Instalaciones y Servicios S.A.), vendedoras del 51% anterior.

Y también casualmente, Cobra Instalaciones siguió siendo a partir de ese fecha administrador único aunque fuera uno de los socios minoritarios, hasta junio de ese año, en que fue nombrado como tal Amalio Garrido Escudero, que ya era gerente de EPA, cargo que desempeñó entre octubre 2005 y mayo de 2008.

Otra curiosa coincidencia más: el mismo 17 de febrero de 2006 Hidronostrum S.A. firma varios contratos con Desaladora de Escombreras S. A. sobre el arriendo de 35.100m2 de terreno, un compromiso de compra de agua en la modalidad take or pay y otro compromiso de comprar el 100% de la desaladora en 2030. Este último acuerdo se ejecutó con 24 años de antelación, el 14 de julio de 2010, y la instalación pasó a ser totalmente pública.

Con esta modalidad de contrato take or pay el cliente, en este caso Hidronostrum S.A., se compromete con el suministrador, Desaladora de Escombreras, a pagar el precio del producto incluso si no se hace cargo del mismo. Es decir, la empresa pública aceptó pagar el agua producida por la desaladora, al margen de que fuera a usarla o no, y además se comprometía a comprar la instalación en 2030.

Se cerró así el círculo perfecto para asegurar el negocio a un grupo privado de empresas por la graciosa concesión de un gobierno regional dispuesto a lo que fuera con tal de asegurar el suministro hídrico imperativo para unos enormes desarrollos urbanísticos que nunca llegaron a realizarse.