Pese a que estaba cantado que la asignatura de Educación para la Ciudadanía tenía los días contados con el PP en el Gobierno, su sustitución por Educación Cívica y Constitucional sorprendió por los argumentos tan reaccionarios que utilizó ayer el ministro de Educación, José Ignacio Wert, durante su comparecencia en el Congreso de los Diputados. "Proponemos una asignatura cuyo temario esté libre de cuestiones controvertidas y susceptibles de adoctrinamiento ideológico", explicó.

En opinión del ministro, Ciudadanía ha sido una asignatura "acompañada por la polémica", que ha generado "una seria división en la sociedad" y con un "planteamiento que iba más allá de lo que debería corresponder a una "verdadera formación cívica". Todos ellos, argumentos reiterados hasta la saciedad desde 2006 cuando fue aprobada la asignatura por los obispos y numerosas organizaciones católicas cuya máxima objeción es que en la explicación de tipos de familia se incluye el matrimonio gay.

El nuevo nombre de la asignatura será Educación Cívica y Constitucional

"El argumento del adoctrinamiento ideológico no se sostiene. Que a estas alturas de la democracia estemos con esto es de locos salvo que se piense que la educación sólo está para transmitir conocimientos y no para formar ciudadanos", criticó el exsecretario de Estado de Educación y ahora portavoz socialista en la comisión de Educación Mario Bedera. "¿Usted sabe cuántas objeciones a Ciudadanía ha habido? 55.000. Son muchas", le respondió Wert utilizando datos de la asociación ultraconservadora Profesionales por la Ética.

La nueva asignatura por la que será sustituida previsiblemente en el próximo curso Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos se llamará Educación Cívica y Constitucional y tendrá como objetivo enseñar los valores de la Constitución y la historia de las instituciones de la UE para formar "ciudadanos libres". Con estos contenidos, el Gobierno pretende no alejarse de la recomendación del Consejo de Europa de implantar una asignatura basada en los valores democráticos.

El PP no ha tenido en cuenta para eliminar Ciudadanía las sentencias judiciales. El Tribunal Supremo determinó en 2009 que la objeción a la asignatura, por la que los alumnos cuyas familias estaban en desacuerdo con los contenidos de la asignatura se ausentaban de clase, era ilegal. A raíz de este tipo de varapalos judiciales, el PP comenzó una estrategia de separación de los grupos que promovían la objeción a la materia hasta el punto de ser considerados traidores a la causa. Wert recuperó ayer la alineación junto con colectivos como Hazte Oír al cuestionar la idoneidad de algunos libros de texto de Ciudadanía. "Me voy a abstener de dar lectura de textos que están lejísimos de los objetivos que marcó el Consejo de Europa", detalló en el debate parlamentario.

El ministro propone "un temario libre de cuestiones controvertidas"

Al margen del cambio de la materia, el ministro enumeró sus objetivos para la legislatura. En total, desarrolló hasta seis reformas profundas en todas las etapas educativas. Una estrategia de calidad basada en una evaluación al finalizar Primaria. Una nueva selección de los profesores a través de un estatuto del profesorado que reconozca la autoridad pública del docente. La conocida ampliación del Bachillerato a tres años. Una nueva Formación Profesional impartida en las empresas. Un plan de enseñanza bilingüe que se inicie en 2013. Y una reforma universitaria que aborde incluso la gobernanza de los centros o la estructura de los grados con la ayuda de un grupo de expertos.

Para justificar su afán reformador, Wert hizo un diagnóstico apocalíptico del sistema educativo. En su opinión, la gestión socialista de los últimos ocho años ha provocado un "retroceso" en el sistema al fomentar una "mal entendida equidad" que ha perjudicado la "promoción social". El ministro se basó en un dato "trágico" incuestionable: "La mitad de los jóvenes está en paro y un 60% de los jóvenes en desempleo no ha superado la primera etapa de la educación secundaria".

El PP ha obviado que el Tribunal Supremo dictó en contra de la objeción

Lo que no explicó es el coste económico de las reformas que afectan a casi todas las etapas educativas. De hecho, argumentó que "el problema de la educación no son los recursos económicos". En su opinión, el empuje que necesita la educación en España pasa por acabar con la "cultura del acomodo y la mediocridad". Esta crítica a los gobiernos socialistas recibió la ovación de los diputados conservadores.

El ministro se esforzó en mostrar que los resultados académicos de los alumnos españoles no son acordes al esfuerzo inversor. "España gasta por alumno 9.833 dólares frente a los 8.146 dólares de media de la UE", leyó basado en datos de la OCDE. En su apuntalamiento de ese esquema llegó a defender que había "literatura científica" que defendía que "a partir de un nivel de inversión el efecto que se produce en el sistema educativo es el contrario al que se pretende".

Esta última intervención la hizo para contrarrestar la crítica que le espetó la diputada de IU Caridad García Álvarez, que le acusó de hablar de gasto "para justificar los recortes". La diputada madrileña le acusó de copiar el modelo de la Comunidad de Madrid que recorta inversiones a la vez que aumenta las partidas para la escuela privada. "Madrid, que parece ser el reflejo de su modelo educativo, invierte el 2,46% del PIB en Educación frente al 5,4% de media de la UE", explicó.

El ministro, que hizo suyos eslóganes de Esperanza Aguirre como la petición de la autoridad pública del profesor o la crítica al adoctrinamiento de los socialistas, dijo que su "alma no es ni madrileña ni valenciana sino española".