La alianza contra la infamia

Las imágenes de miles de refugiados cruzando las fronteras hacia la Unión Europea demuestran la compleja problemática a la que se enfrenta la comunidad internacional. Cercados por la necesidad, muchos de ellos terminan en organizaciones ilícitas para superar las trabas físicas o burocráticas que desde los Estados de destino se imponen para impedir su acceso. Mientras en Europa debatimos por cupos y alambradas, la Alianza Global contra la Trata de Mujeres (GAATW, en sus siglas en inglés) ya señalaba a finales de los noventa en dos informes publicados en 1997 y 1999 una idea tan evidente como reveladora: “La violación de los derechos humanos es al mismo tiempo causa y consecuencia de la trata”.

En poco más de dos décadas esta organización fundada en 1994 y con sede central en la capital de Tailandia, Bangkok, ha ido creando una red formada por ONG y personas de casi todas las regiones del mundo que comparten una profunda inquietud por las mujeres, niños y hombres cuyo derechos humanos han sido violados mediante prácticas criminales por la trata de personas. Su idiosincrasia nos la resume una española, Chus Álvarez, que acaba de incorporarse a GAATW en el mes de julio como responsable de América Latina y el Caribe: “La alianza aglutina y comparte el conocimiento y la experiencia de todas las entidades que son parte de la red. Por ejemplo, permite a una entidad en Bogotá (Colombia) que ha identificado la falta de uniformidad en el proceso de atención a una persona objeto de trata, saber cómo se ha enfrentado a ese problema otra organización de Katmandú (Nepal). Ser una red nos permite conocer tanto las dificultades específicas como las globales y compartir las buenas prácticas que se lleven a cabo”. No es la única ventaja que nos señala esta activista con respecto a su estructura, ya que “marca una agenda conjunta de estrategia para luchar contra la trata a partir de las aportaciones de la junta directiva y las entidades que forman parte de la red. Esto refuerza el trabajo contra la trata marcando objetivos globales sin perder la visión particular de cada país”. Su compañera Alfie Gordo, responsable de comunicación y elaboración de materiales en GAATW, destaca “la posibilidad de entrar en contacto a diferentes niveles y desde distintas perspectivas: asociaciones de trabajadoras sexuales, asociaciones abolicionistas, de investigación, atención directa…”

Alianza, red de ayuda, junta directiva, objetivos globales y particulares. ¿No resulta familiar esta forma de organización? ¿No es la filosofía propia de esta UE? Aunque su manera de actuación está siendo totalmente opuesta. De acuerdo a las estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el año 2012 hubo 20,9 millones de víctimas del tráfico de personas en el mundo y solo un 0,4 por ciento, es decir, unas 83.600 fueron identificadas y recibieron algún tipo de ayuda o apoyo. El mismo organismo advertía ya en 2007 que alrededor del 55 por ciento de las víctimas de trabajo forzoso eran mujeres y niñas. “La relación entre movimientos migratorios y trata comienza cuando los estados dificultan la entrada de personas a un país. El movimiento migratorio no va a cesar, va a adaptarse y va a buscar nuevas fórmulas, pero no va a cesar (para ello tendrían que solucionarse los motivos que llevan a miles de personas a migrar, tales como pobreza, precariedad, vulnerabilidad, violencia…) Cuanto más difícil es la entrada de una persona a un país en el que no ha nacido, más necesaria se hace la presencia de facilitadores que bien pueden contribuir simplemente a que esta persona cruce la frontera o saltar de lleno en el negocio de la trata de personas”, explica con detenimiento Chus Álvarez.

Este modelo de evitar la raíz del problema no es exclusivo de la Unión Europa, tal y como subraya Alfie Gordo poniendo el ejemplo del “proteccionismo estadounidense, más interesado en proteger las fronteras que los derechos de las personas migrantes y por tanto invirtiendo más dinero en fronteras, vallas y policía que evite la entrada que en medidas de acogida y de respeto a los derechos humanos de las personas que migran”. También se replica en numerosos países como la propia Tailandia, sede de la GAATW. Un artículo del pasado 17 de agosto en la revista Foreign Policy advertía de cómo el Gobierno tailandés había gastado en 2013 casi cinco millones y medio de euros en actividades contra la trata de personas y apenas un dos por ciento de ese dinero, menos de 130.00 euros, fue invertido en las víctimas.

Tal y como sucede en numerosas ocasiones tenemos las herramientas legales para frenarlo, pero no la voluntad política. El artículo 3 del protocolo de Palermo de 2000, que complementa la convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transaccional, propone los parámetros precisos para definir “la trata de personas” basado en tres conceptos fundamentales: captación, amenaza y explotación. Diferenciando de este modo entre tráfico de personas y trata. El primero se limita a ofrecer una vía para entrar en un país de forma ilegal, pudiendo obtener un beneficio económico, como ocurre con las pateras en España. La segunda, en cambio, incluye cualquier tipo de abuso de poder o violencia y el fin último es la explotación. Desde la GAATW se incide además en otra diferencia relevante que establece el protocolo: “Si son mayores de edad, debe de existir engaño, coacción o fuerza como medio utilizado para reclutar a la persona. En el caso de las niñas o los niños, no es necesario. Siempre que se reclute, transporte, transfiera, acoja o reciba a un menor para ser explotado es trata, independientemente de si se ha utilizado o no la fuerza para convencerlos”. June Saetang, encargada de captación y formación con entidades miembro de la GAATW, recalca por su parte que “es necesario indagar en las especificidades de cada caso o población para que puedan recibir los servicios o ayudas que correspondan. Por ejemplo, una niña es sujeto susceptible de ser protegida pero en la mujer adulta no se pueden obviar sus deseos, decisiones y su capacidad de actuar. Es importantísimo que dejemos de tratar a las mujeres como víctimas indefensas sin voz ni voto en sus procesos personales”.

Este giro sobre cómo abordar el problema es una de las reivindicaciones fundamentales de la GAATW, ya que para esta organización muchas de las campañas y proyectos que se hacen en contra de la trata señalan a su vez a las mujeres como seres ingenuos, susceptibles de ser engañadas y explotadas y sin fuerza para negarse o tomar sus propias decisiones. De ahí que la escucha activa a las víctimas represente el inicio de toda la estructura de la red. Una labor que no debemos olvidar ahora mismo en Europa. “Los testimonios de las personas afectadas son en cierto modo los que marcan nuestras acciones” – destaca Chus Álvarez –: “Para no perder el contacto con la realidad nos esforzamos por conocerla de primera mano. Cada persona es atendida por una organización, la cual recoge su experiencia y participa con ello en el diseño del plan estratégico de la GAATW. A partir de este, se llevan a cabo proyectos regionales e internacionales con las organizaciones que las atienden directamente o que hacen incidencia política de tal manera que se realiza una devolución de los testimonios recogidos”.

Estas voces a las que se le otorga una identidad concreta en el anonimato de las cifras conforman uno de los objetivos básicos de la Alianza Global contra la Trata de Mujeres: su acceso a la justicia. ¿No debería ser también una de nuestras prioridades? En la mayoría de países existe una ley anti-trata, pero no se aplica de forma correcta. Tal y como señala Chus Álvarez en numerosas ocasiones no se cumple con el proceso penal: “Muchas de las personas traficadas han experimentado una gran falta de sensibilidad, les obligan a firmar declaraciones que no han podido leer, no les proveen del servicio de traducción ni asesoría legal, no les informan con claridad sobre el proceso. Además, sucede que a menudo los traficantes no cumplen las penas impuestas, estas son muy bajas o quienes son detenidos son solo el estamento más bajo de una red de trata”. June Saetang recalca otro grave inconveniente de este procedimiento: “Las personas que han sufrido trata deben denunciar para poder beneficiarse de cualquier servicio. Esta medida es muy criticada desde las entidades sociales por limitar los derechos que tienen al haber sido víctimas, incluido el derecho a decidir si quieren denunciar o no. Es una cuestión paralela a una de las grandes controversias que existe en España con la ley de violencia de género”.

Estos hechos son primordiales para entender la tesitura a la que se enfrentan los casi 21 millones de personas que según la OIT padecieron esta situación solo en 2012, haciendo especial hincapié en el 43% que fueron víctimas de algún tipo de explotación sexual (en torno a los nueve millones) de las que un 98% eran mujeres y niñas. Según el departamento de Estado de los Estados Unidos en un informe de 2011, alrededor de dos millones de menores de edad son prostituidos en todo el planeta. Sin embargo, los programas para combatir el tráfico de personas, a pesar de invertir más de 107 millones de euros al año, tal y como certifica la GAATW en un informe de 2014, están resultando ineficaces para desmantelar estas organizaciones criminales y, aún en menor medida, para ayudar a sus auténticos damnificados. Por eso, Alfie Gordo, desde la Alianza Global contra la Trata de Mujeres, insiste en que “reciban los servicios necesarios para reparar el daño y compensarles, aunque ninguna de estas palabras cuadra porque cualquier compensación es insuficiente. Hay que respetar sus derechos humanos y devolvérselos”. Una petición, por desgracia, lejos de convertirse en una verdadera exigencia en el mundo de hoy.