Publicado: 04.12.2015 13:22 |Actualizado: 04.12.2015 15:39

Homenaje en el Meliá Castilla: Franquismo e impunidad

Al poder celebrar legalmente un banquete homenaje al dictador, la Fundación Francisco Franco nos demuestra que la impunidad es la base misma sobre la que descansa el régimen de 1978

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Miembros de la Federación Estatal de Foros por la Memoria se manifiestan a las puertas del hotel Meliá Castilla. D. Narváez.

Miembros de la Federación Estatal de Foros por la Memoria se manifiestan a las puertas del hotel Meliá Castilla. D. Narváez.

* Federación Estatal de Foros por la Memoria

Un acto privado en un establecimiento privado, en recuerdo y homenaje de una figura histórica, organizado por una organización legal. A estas dimensiones desean algunos limitar el homenaje que la Fundación Francisco Franco organizó en los salones del hotel Meliá Castilla el día 3 de diciembre de 2015. Cuestiones como la moral o la ética quedarían al margen de cualquier polémica, pretendiendo así los defensores del acto y la dirección de la cadena hotelera, eludir cualquier crítica y rechazar las peticiones de suspensión que la ciudadanía y el más elemental sentido de la decencia demandaron. Estamos en España, no lo olvidemos, y estas cosas sí pueden ocurrir impunemente.



O eso, o es la extrema sensibilidad de la cadena Meliá con los valores ciudadanos en los países en los que está establecida: en Alemania, el Melía Dusseldorf canceló un acto en sus locales cuando se hizo patente que se trataba de un encuentro de la extrema derecha. El portavoz del hotel declaró en la prensa (Westdeutsche Zeitung 22/07/2014) "Este evento no se llevará a cabo con nosotros. El contenido no es compatible con las directrices de nuestra casa". Al celebrarse en un hotel de la cadena en Madrid el acto franquista, lo que podemos concluir es que en España, las directrices de la «casa» son diferentes. Que el contexto es diferente no lo dudamos.

El hotel Melía Dusseldorf canceló un acto en sus locales cuando se hizo patente que era un encuentro de la extrema derecha

El acto en Meliá Castilla de la Fundación Francisco Franco es legal, como legal se sigue considerando en sus efectos aquel régimen basado en un golpe de estado, en una guerra atroz con intervención extranjera contra la España democrática, en una represión brutal y sistemática y en una dictadura que se prolongó durante décadas, modelando, por lo que vemos, el futuro tras de sí. Son considerados legales a día de hoy aquellos tribunales y sentencias y como criminales a sus víctimas.

Agentes de la Policía Nacional vigilan la entrada al hotel Meliá Castilla. / Foro por la Memoria Comunidad de Madrid.

En realidad, al poder celebrar legalmente ese banquete homenaje—o el hecho mismo de su existencia y recibir ayudas públicas—, la Fundación Francisco Franco lo que nos demuestra es que la impunidad es la base misma en la que descansa el régimen de 1978. Impunes aquellos jueces de la dictadura que hoy siguen en las más altas magistraturas, impunes dirigentes y jerarcas que pudieron perpetuarse hoy en otros nombres y partidos, impunes los que usaron sus armas, el terror y la fuerza para defender la dictadura y son hoy ejemplo para los actuales policías y militares como lo atestiguan las medallas y honores que se les reconocen.

La Fundación Francisco Franco se creó para defender, perpetuar y legitimar las acciones de Franco y su régimen, y en la actualidad tanto esa actividad como ese mismo legado siguen siendo legales. ¿Debe extrañarnos que la cadena Meliá acoja en sus salones con naturalidad tales homenajes? Un establecimiento público tiene reserva del derecho de admisión, pueden rechazar o suspender actos o entrada de personas si consideran que por su sentido o por su conducta resultan indeseables a la seguridad del local, su imagen o la decencia pública. Al mantener el acto se retratan públicamente, para ellos no hay problema ninguno en hacer de anfitriones a los que justifican la dictadura y sus crímenes. ¿No son acaso legales?

Cuestionar la legalidad franquista implicaría cuestionar la legitimidad democrática de la Monarquía y la Constitución vigente

En las elecciones del día 20, la práctica totalidad de los partidos que concurren—emergentes o no— consideran que la impunidad franquista no es algo a considerar: propugnan el olvido —superar el pasado, lo llaman— y no mirar atrás. Como mucho aceptarían consentir que los que siguen siendo criminales y yacen en cunetas sin nombre, pudieran ser enterrados dignamente, aunque eso sí, en actos privados de alcance familiar: un gran logro de la flamante democracia española asombro del mundo. ¿Los motivos? Claros y meridianos: cuestionar la legalidad franquista implicaría cuestionar la legitimidad democrática de la monarquía y la constitución vigente.

En los salones del Meliá Castilla, la Fundación Francisco Franco podrá tal vez sentir una cierta frialdad de los medios oficiales y un distanciamiento aparente de algunos de sus deudos políticos bien situados, pero lo van a hacer con el desdén autosuficiente de quien desprecia la vergüenza que le muestran los que mantienen privilegios hoy, gracias a la guerra y la dictadura franquista. No nos cabe duda. La Fundación Francisco Franco se siente segura. Nadie se atreve con ellos en el mundo de la política española y la llamada Segunda Transición que se anuncia rematará —nunca mejor dicho— la esperanza de poner fin a la impunidad.

Tenemos la obligación moral de exigir que por decencia e higiene democrática este tipo de actos sean suspendidos y se les aplique la reserva del derecho de admisión por indeseables

Pero si la España oficial de hoy, y vista la posición de los partidos y fuerzas políticas mayoritarios o aspirantes a serlo, mantiene la impunidad franquista intacta y la desea preservar hacia el futuro, somos muchos los que defendemos valores democráticos —y como tales, antifascistas— y no vamos a callarnos. No es que tengamos derecho, es que tenemos la obligación moral de exigir, en primer lugar, que por decencia e higiene democrática este tipo de actos sean suspendidos y se les aplique la reserva del derecho de admisión por indeseables y en segundo lugar, nos manifestaremos públicamente contra la impunidad del franquismo, por la suspensión del acto y por la ilegalización de la Fundación Francisco Franco.

Eso hemos hecho. No vamos a esperar que dirigentes y cargos públicos hagan en la calle lo que no han querido hacer en las Cortes, vamos a decir bien alto y bien claro que la impunidad debe acabar. Decenas de miles de personas ya lo han dicho en estos días, cuando pidieron que la cadena Meliá cancelase el acto: han sido insensibles a la las protestas y a la dirección del hotel su conciencia no les ha dicho nada. Ha sido un desprecio brutal a los cientos de miles de víctimas de la dictadura. Uno más. En la mano de la dirección de la cadena ha estado escoger qué imagen pública dar. La Fundación Francisco Franco, todavía legal, ya saben que que pueden contar con ellos para celebrar el golpe, la guerra y la dictadura.

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