Publicado: 01.01.2015 12:12 |Actualizado: 01.01.2015 12:12

El año 2014 se cerró con más de 2.000 imputados por corrupción

Ha sido el año en que un juez de Palma de Mallorca decidió juzgar a la Infanta Cristina por delito fiscal y entraron en prisión una tonadillera, un exministro, dos expresidentes de clubes de fútbol y un histórico de la política.

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La infanta Cristina.

La infanta Cristina.

MADRID.- El balance de la lucha contra la corrupción en el año 2014 arroja un total de más de 2.000 imputados, 150 casos abiertos, personalidades políticas y sociales en prisión o acercándose al banquillo y varias macrocausas a punto de llegar a juicio, entre ellas el caso Nóos, parte de la trama 'Gürtel', el caso Campeón o el caso Pretoria.

Ha sido el año en que un juez de Palma de Mallorca decidió juzgar a la Infanta Cristina por delito fiscal y el año que entraron en prisión una tonadillera -Isabel Pantoja-, un exministro -Jaume Matas-, dos expresidentes de clubes de fútbol -José María del Nido y Josep Lluís Núñez- y un histórico de la política condenado por fraude fiscal tras un proceso de 10 años -el expresidente de la Diputación de Castellón y del PP provincial Carlos Fabra-.



Además, el expresidente de la Generalitat Jordi Pujol confesó que su familia ha tenido dinero en el extranjero durante tres décadas y tanto él como su esposa y seis de sus siete hijos están ahora imputados; un juez ha imputado al exvicepresidente 'popular' Rodrigo Rato y otro está a punto de sentar en el banquillo al socialista Narcís Serra y a una treintena de exdirectivos de Caixa Catalunya por sus sueldos desproporcionados.

Y ha sido el año en que el Supremo ha recibido parte de la causa de los ERE irregulares andaluces e investigará a los expresidentes socialistas de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, junto a los exconsejeros y hoy parlamentarios nacionales Gaspar Zarrías, José Antonio Viera y Mar Moreno.

El año se ha cerrado con la dimisión de la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo

En 2014 la Fiscalía Anticorrupción decidió investigar al histórico sindicalista asturiano José Ángel Fernández Villa por ocultar en el extranjero 1,4 millones de euros, pero de momento no hay imputación contra él.

El año se ha cerrado con la dimisión de la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, tras meses de presión de su partido, y de la ministra Ana Mato, que no está imputada pero sí identificada por el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz como "partícipe a título lucrativo" de los regalos de la trama Gürtel a su exmarido, el exalcalde de Pozuelo (Madrid) Jesús Sepúlveda.

Juicio a Gürtel 

Precisamente Gürtel es uno de los casos que se acerca al banquillo, tras casi seis años de investigación, pero sólo en lo relativo a su primera fase, la que investiga los amaños de contratos para la trama entre 1999 y 2005.

El juez ha dado por terminada esa instrucción y juzgará a 43 personas, entre ellos los supuestos cabecillas Francisco Correa y Álvaro Pérez, excargos del PP como Pablo Crespo, los extesoreros Luis Bárcenas, Álvaro Lapuerta y Ángel Sanchís y exalcaldes como Guillermo Ortega y Sepúlveda, así como el exconsejero madrileño Alberto López Viejo. Muchos tendrán que volver cuando se juzgue la segunda etapa, y aún quedará la pieza separada de los llamados 'papeles de Bárcenas', en la que se investiga una supuesta caja B del PP.

El cierre de esta primera parte de la instrucción de 'Gürtel' se produce pocos meses antes de que Ruz deba dejar el juzgado --en marzo de 2015, si no pide quedarse como refuerzo-- y en vísperas de un año electoral.

En Valencia está cerrada la instrucción de cinco de las seis piezas en las que se divide la rama valenciana de Gürtel --queda pendiente la relativa a la Radiotelevisión valenciana y la visita del Papa en 2006--. La primera en ser juzgada será la que investiga los contratos de la trama para la participación de la Comunidad en Fitur. Por Fitur se sentarán en el banquillo 13 personas, entre ellos algunos imputados también por Ruz. En total, Gürtel suma unos 150 imputados.

Este juicio ha servido para que el Tribunal Supremo aclare que si los imputados que son aforados dimiten de sus cargos una vez dictado el auto de apertura de juicio oral, ya no cambiará el tribunal encargado de juzgarlos. Esa doctrina afectará también a la exsenadora socialista Elena Diego, que será juzgada por el Supremo por un delito de contratación irregular cuando era alcaldesa de Villamayor (Salamanca).

También tiene auto de apertura de juicio oral el 'caso Nóos', donde la Audiencia de Baleares procesará a 17 personas, entre ellas la Infanta Cristina, por delito fiscal, y su marido, Iñaki Urdangarin, por nueve delitos. Entre los imputados está el expresidente balear Jaume Matas, que tiene pendientes otras causas --otras piezas de Palma Arena, Over Marketing, Ópera-- y que entró en prisión el 28 de julio para cumplir una condena de nueve meses por tráfico de influencias.

El exministro recibió el tercer grado el 31 de octubre, pero la Audiencia de Palma lo anuló y tendrá que regresar. Interior defendió la decisión de Prisiones de concederle el tercer grado y el ministro ha afirmado públicamente que el actual clima social ha pesado en la decisión de los jueces de obligar a entrar en prisión a condenados con penas de menos de dos años.

Terceros grados en 'caso hacienda' y 'pallerols' 

Gürtel es uno de los casos que se acerca al banquillo, tras casi seis años de investigación

Entre ellos está el expresidente del Barça Josep Lluis Núñez, pero tanto él como su hijo disfrutan del tercer grado desde el día de Nochebuena, 38 días después de empezar a cumplir una condena de dos años y dos meses por sobornar a inspectores de Hacienda.
En diciembre logró el tercer grado el exdirector general de Empleo de la Generalitat de Cataluña Lluis Gavaldà, condenado por desvío de subvenciones, tras dos meses y medio de los 18 que debía cumplir. Su hermano Vicenç y el empresario Fidel Pallerols, todos ellos condenados por financiación ilegal de UDC, lograron el tercer grado en verano.

En 2014 el juez Ruz ha terminado la instrucción del 'caso Pretoria' y juzgará por corrupción urbanística a 11 personas, entre ellos el exsecretario general de Presidencia y colaborador de Pujol Lluís Prenafeta, el exconsejero de Economía Macià Alavedra y el exalcalde socialista de Santa Coloma de Gramenet Bartomeu Muñoz.

Este año se ha cerrado también en Galicia la instrucción del caso Campeón con 13 procesados. En Aragón está listo para juicio el 'caso Molinos', con un total de 41, y en Asturias el 'caso Marea', con 15. En Lanzarote, ha comenzado el juicio del 'caso Unión'.

El exalcalde de Santa Cruz de Tenerife Miguel Zerolo, que dejó en julio su escaño de senador por CC, ha visto como el Supremo daba por prescrito un presunto caso de cohecho en el 'caso Fórum', pero aún tiene pendiente ser juzgado por corrupción urbanística en 'Las Teresitas'.

El Supremo ha preguntado a la Fiscalía si debe actuar contra el portavoz 'popular' José Manuel Barreiro, porque la juez de Lugo le vincula con el caso Pokémon (más de 100 imputados). En Murcia han sido imputados el delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, y la alcaldesa de Cartegena, Pilar Barreiro, en el caso 'Novo Cartago'. En Almería el presidente de la Diputación, Gabriel Amat, está acusado de prevaricación en 'La Fabriquilla'.

Púnica, enredadera y tarjetas black

Además, en 2014 se han destapado nuevos casos, entre ellos la trama 'Púnica' de amaño de contratos, principalmente en Madrid, un asunto de 50 imputados por el que está en prisión preventiva el exsecretario general del PP madrileño Francisco Granados. En Sevilla, el caso Mercasevilla --una investigación que llevó a los ERE-- tuvo una nueva derivada en la operación Enredadera, con otros 30.

Entre los más mediáticos, el supuesto uso de tarjetas opacas de Caja Madrid y Bankia por más de 80 directivos, un caso por el que de momento están imputados los expresidentes de la caja madrileña Miguel Blesa y Rodrigo Rato y su exdirector general Ildefonso Sánchez-Barcoj.

También se sentará en el banquillo de la Audiencia Nacional el socialista Juan Pedro Hernández Moltó, por falseamiento de cuentas y administración desleal en Caja Castilla-La Mancha, intervenida en 2009. Los expresidentes de Caja España y Caja Duero también están imputados.