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La Audiencia Nacional mantiene en prisión a los líderes de ANC y Òmnium

La Sala de los Penal rechaza el recurso de 'los jordis' por cuatro votos a favor y uno en contra. Los abogados alegaron que la situación ha cambiado tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución

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El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart (i), y el de la ANC, Jordi Sanchez, a su llegada a la Audiencia Nacional, el pasado 16 de octubre. REUTERS/Javier Barbancho

La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha rechazado este viernes los recursos de apelación de los presidentes de la Assamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, contra el auto de prisión dictado por la juez Carmen Lamela el pasado 16 de octubre, por lo que continuarán en la cárcel de Soto del Real, han informado fuentes jurídicas.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, tras las vistas de los recursos contra la prisión celebradas este viernes, la sala ha debatido su contenido y adelantado su decisión en el sentido de rechazar dichos recursos por cuatro votos a favor y uno en contra.

Así, hoy solo se ha conocido el fallo del tribunal y en los próximos días la sala dictará los autos con los argumentos en los que se basa para confirmar la decisión de Lamela. La sala que ha decidido sobre la petición de libertad de los jordis es la misma que están juzgando el caso Gürtel y está compuesta por los magistrados Juan Pablo González, María José Rodríguez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada y Julio de Diego.

Los magistrados tienen aún que decidir sobre otro recurso de Sànchez y Cuixart que pone en duda la competencia de la Audiencia Nacional para investigar el proceso independentista, que la sala debatirá el próximo lunes.

En las vistas celebradas hoy para tratar sus recursos de prisión y también el de competencia, el fiscal ha pedido mantenerles en la cárcel y las defensas han alegado que el argumento de la juez de enviarles a prisión por miedo a que volvieran a delinquir ya no se sostiene después de que el Parlament aprobara la DUI y el Gobierno aplicara luego el artículo 155.

"Hemos alegado que las circunstancias en Catalunya han cambiado desde el momento en que su señoría acordó la prisión porque es conocido por todo el mundo que estando Jordi Sànchez en prisión se han sucedido una serie de hechos en los que él no ha tenido ninguna participación, como fue lo ocurrido en el Parlament y luego la aplicación del 155", ha dicho Jordi Pina, abogado de Sànchez.

A su juicio, "el escenario político es muy diferente, es un argumento que cae por su propio peso", y lo ocurrido en las últimas semanas dificulta mucho "seguir manteniendo la tesis de que puede realizar alguna actuación de reiteración delictiva".

Los abogados han afirmado también que no existe riesgo de fuga, puesto que sus defendidos se presentaron cuando fueron llamados a declarar, y han destacado que ambos se encontraban de hecho en la prisión de Soto del Real (Madrid) cuando el pasado 27 de octubre se declaró la independencia.

En cuanto a su participación en la concentración frente a la Conselleria de Economía el día 20 de septiembre cuando una comisión judicial procedió a su registro, los letrados han aportado grabaciones y material gráfico de esa noche. En esas imágenes, según las defensas, se muestra que Sànchez y Cuixart no impidieron la salida de la comitiva judicial, sino que, al contrario, la facilitaron.

La juez les envió a prisión al asignarles el papel de "promotores y directores" de las concentraciones del 20 de septiembre, ya que ambos se mantuvieron al frente "durante todo el día, llevando la iniciativa en una pretendida negociación con los guardias civiles, alentando y dirigiendo la acción de los congregados, incitándoles a permanecer en el lugar e impartiéndoles órdenes".

Lamela destacaba en su auto de prisión que también que el 1 de octubre, desde las mismas cuentas de whatsapp utilizadas para promover el asedio a los agentes de la Guardia Civil que acompañaban a la comitiva judicial en Economía, "realizaron llamadas a los participantes animándoles a permanecer en los colegios y presentar resistencia a las autoridades policiales".

Con todo ello, según la juez, pretendían "impulsar y asegurar la celebración del referéndum ilegal de independencia y con ello la proclamación de una República catalana, independiente de España, contraviniendo con ello la Constitución".